Aunque en teoría todos los actores políticos nacionales y foráneos están alineados con la necesidad de realizar elecciones presidenciales en Venezuela para 2024, en verdad se trata de una carrera de obstáculos, tal como lo han puntualizado un conjunto de organismos internacionales de derechos humanos en respuesta a la inhabilitación de líderes opositores.
Junto a las inhabilitaciones, que provienen de un organismo cooptado por el chavismo como es la Contraloría General, la Asamblea Nacional, que también funciona como apéndice del Gobierno de Nicolás Maduro, dinamitó otro puente, al "renunciar" en pleno a la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), de la cual formaban parte dos figuras independientes de oposición. Los rectores electorales supieron de su salida del órgano al escuchar al presidente del legislativo, Jorge Rodríguez, en días pasados.
Un grupo de varios organismos internacionales hicieron público, este 6 de julio, su rechazo a estas decisiones que alejan a Venezuela del escenario de unas elecciones libres y justas, como demandan al unísono Estados Unidos y la Unión Europea (UE) como requisito indispensable para levantar las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro, quien busca permanecer en el poder por otros seis años tras una primera reelección, en 2018, que no fue reconocida por la comunidad internacional.
"Las elecciones presidenciales de 2024 y las elecciones regionales, locales y legislativas de 2025, presentan una oportunidad crucial para la reinstitucionalización de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, así como para la normalización de sus relaciones con la comunidad internacional", sostuvo un comunicado firmado por media docena de entidades entre las cuales figuran la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), la Comisión Internacional de Juristas (ICJ) y Human Rights Watch (HRW).
Tal como reseñó DIARIO DE CUBA, el mes de junio cerró con la ratificación de inhabilitación sobre la exparlamentaria María Corina Machado, quien encabeza de forma amplia los distintos sondeos previos a la selección de un candidato unitario de la oposición. Las primarias opositoras se celebrarán el 22 de octubre sin asistencia técnica del CNE, con lo cual aumentó el margen de incertidumbre sobre la posibilidad de que sufran algún tipo de percance, incluso de saboteo abierto por parte del chavismo y sus seguidores.
La inhabilitación de Machado, quien no manejó fondos públicos en su trayectoria política, constituye una clara extralimitación del rol de la Contraloría, que debería centrarse en aspectos administrativos de gestión, como base para la inhabilitación; esto, según la Constitución. A la favorita para enfrentar a Maduro en 2024 la acusan de haberse puesto al servicio de un gobierno extranjero, al usar la silla de Panamá en una sesión de la Organización de Estados Americanos, e invocar una operación internacional para desalojar a Maduro del poder.
El segundo líder político en apoyo para las primarias, Henrique Capriles, también está inhabilitado, así como Freddy Superlano, del partido Voluntad Popular. Capriles fue dos veces gobernador del estado Miranda, al centro del país.
En unas elecciones regionales en Barinas, a inicios de 2022, precisamente usando la excusa de la inhabilitación, se impidió la participación de Superlano, quien era favorito para la gobernación. Hubo consenso entre los opositores que postularon a un casi desconocido Sergio Garrido, y la población respondió votando masivamente, con lo cual se logró un simbólico triunfo electoral. La oposición gobierna en el estado (provincia) natal de Hugo Chávez.
"La comunidad internacional debe exigir a Venezuela que asegure la implementación de estándares electorales mínimos que permitan garantizar el derecho a la participación política y elecciones libres y justas", sostiene el comunicado de las entidades internacionales que enfatizaron el rol que pueden tener EEUU y la UE en presionar al Gobierno de Maduro en aras de lograr condiciones que permitan una participación libre de los opositores en los venideros comicios.
Precisamente este 6 de julio, después de varios meses sin pronunciarse sobre Venezuela, el secretario de Estado de EEUU, Anthony Blinken, dijo que el chavismo envía un mensaje opuesto a elecciones libres al inhabilitar opositores.
"Hay una serie de pasos que el régimen en Caracas puede tomar para demostrar que busca el camino hacia elecciones libres y justas" y la inhabilitación de precandidatos como María Corina Machado "ciertamente envía el mensaje opuesto", expresó el secretario de Estado.
La falta de independencia del poder electoral es un asunto que está sobre la mesa, especialmente desde que se formalizó la participación de la esposa de Maduro, Cilia Flores, en el estratégico comité legislativo que designará la nueva directiva del CNE, que tendrá a su cargo la organización de las elecciones en 2024 y 2025.
"Es fundamental que haya garantías para la participación política. Las inhabilitaciones son contrarias a los estándares de derechos humanos y socavan la democracia", sostuvo la presidenta de WOLA, Carolina Jiménez, al ser consultada por DIARIO DE CUBA.
A juicio de Jiménez, una hoja de ruta sobre las condiciones mínimas que deberían tener las venideras elecciones en Venezuela está en el informe y recomendaciones de la Misión Electoral de la UE, que envió observadores a las elecciones regionales de 2021.
Entretanto, este 5 de julio, desde Ginebra, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, al presentar una actualización sobre la situación en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, también llamó la atención sobre el tema de las inhabilitaciones.
En su discurso, Türk hizo referencia a las inhabilitaciones políticas impuestas a candidatos opositores y llamó a que los procesos electorales en Venezuela sean transparentes, inclusivos y participativos. Expresó su preocupación por los obstáculos a la libre participación en cuestiones políticas, incluyendo las descalificaciones administrativas de miembros de la oposición a los que se les prohíbe asumir cargos, y urgió a abordar esta situación que vulnera los derechos políticos de los sancionados.
"La inhabilitación de María Corina Machado y de Henrique Capriles constituye una provocación que persigue sacar a los principales sectores opositores de la ruta electoral. El Gobierno de Maduro busca crear frustración y escepticismo con respecto a las posibilidades de lograr cambios democráticos por la vía del sufragio", apuntó por su parte el sociólogo Trino Márquez.
Finalmente, para un veterano diplomático sudamericano acreditado en Caracas, las inhabilitaciones de dirigentes de oposición constituyen una estrategia del chavismo para aumentar el costo ante cualquier negociación con EEUU.
