El sistema democrático de Ecuador entró este 17 de mayo en territorio desconocido, en medio de la incertidumbre que reina entre la ciudadanía. Si bien el presidente Guillermo Lasso echó mano de un artículo de la Constitución vigente (conocido popularmente como muerte cruzada) para llamar a elecciones generales adelantadas, es la primera vez que esto se invoca en el país andino.
Este martes 16 tuvo lugar el inicio del juicio político que podría desembocar en la destitución del presidente conservador, electo en 2018. Lasso acudió a la sesión y desde la Asamblea Nacional le habló al país. Sin embargo, el periodista y analista César Ricaurte sostuvo que no había claridad sobre el número de votos que podrían reunirse en contra de Lasso por parte del correísmo, el movimiento político dirigido desde Bélgica por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), y del sector más radical del movimiento indígena, e incluso del conservador Partido Social Cristiano.
Lasso no esperó que se conformara, de nuevo, la sesión en el seno de la Asamblea Nacional este 17 de mayo, por no tener seguridad sobre la correlación de votos. Se necesitaban al menos 92 votos para aprobar la destitución del presidente, sobre un total de 137 legisladores en una cámara donde el correísmo ha tejido alianzas para controlar tanto a la directiva como a la estratégica Comisión de Fiscalización, que revisa los casos de corrupción.
Lasso había dejado entrever que podría usar el mecanismo constitucional, el cual prevé que ante crisis institucionales de envergadura el jefe de Estado puede disolver el Parlamento y poner fin también a su presidencia, dando paso a unas elecciones generales para escoger de nuevo a los Poderes Ejecutivo y Legislativo.
Aunque el presidente dio por hecho la disolución del Legislativo y dijo que el país debía prepararse para unas nuevas elecciones generales a fines de este año, se espera un pronunciamiento de la Corte Constitucional de Ecuador.
El otrora aliado de Lasso, el Partido Social Cristiano anunció que pedirá una declaración de inconstitucionalidad, ante la Corte, del decreto de Lasso sobre la llamada muerte cruzada. Desde Bélgica, donde reside como prófugo de la Justicia ecuatoriana, Rafael Correa dijo que si bien podría ser ilegal el anuncio del presidente, "Ecuador tiene la oportunidad de mandar a Lasso para su casa con unas nuevas elecciones".
Por su parte, el exvicepresidente ecuatoriano Alberto Dahik defendió la decisión: "La muerte cruzada es una facultad constitucional con mucha discrecionalidad para el presidente de la República y la ha aplicado. La ingobernabilidad de los últimos dos años, más la insostenible conflictividad, hacían imposible avanzar en el Ecuador".
A juicio del exvicepresidente, unas elecciones generales podrían ser una salida democrática ante la actual crisis.
Por su parte, Lasso sostuvo que se trata de "la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis" y devolverle al pueblo ecuatoriano el poder de decidir en las urnas sobre su futuro.
"No existen elementos para establecer responsabilidad política alguna por el delito de peculado", fue una de las conclusiones en la sesión de la Comisión de Fiscalización el pasado 6 de mayo, que concluyó sin acuerdo. Partiendo de esto, el periodista Ricaurte dijo a DIARIO DE CUBA que el proceso contra Lasso no tenía mucho asidero.
Tras descartarse otras acusaciones, la bancada parlamentaria afín al expresidente Rafael Correa puso sobre el tapete el contrato millonario entre la empresa estatal de transporte de petróleo, FLOPEC, y la empresa offshore Amazonas Tanker Pool.
"Se trata de transporte de petróleo que incluso data de la época de Correa (2007-2017), luego con el Gobierno de Lenín Moreno fue renovado, y básicamente Lasso lo que hizo fue mantener ese contrato", explica el periodista para patentizar la falta de una causa de peso que justifique la destitución del presidente.
El presidente aseguró que los parlamentarios insistieron en seguir con el proceso en su contra, a pesar de que han sido "incapaces de encontrar pruebas en mi contra porque no hay nada que encontrar".
Para Lasso ha ocurrido un ataque "sin límites" contra su gestión. A juicio de César Ricaurte, director de Fundamedios, el correísmo y los sectores extremistas del movimiento indígena han estado minando al Gobierno del presidente conservador, prácticamente desde que asumió la Presidencia hace dos años.
Además, desde que se iniciara su mandato, en mayo de 2021, para un periodo de cuatro años, Lasso ha enfrentado una férrea oposición legislativa que frecuentemente ha rechazado sus principales proyectos de gobierno, lo que en la práctica ha bloqueado su gestión de gobierno.
Tras el anuncio presidencial de invocar la muerte cruzada, de forma muy rápida el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Nelson Proaño, emitió una declaración en la que señaló que tanto la institución castrense como la Policía respaldan la medida y exhortó a todo el país a respetarla.
