La campaña electoral ha comenzado oficialmente en Guatemala. El país centroamericano tendrá en menos de tres meses la elección de un nuevo presidente y el proceso transcurre con instituciones cooptadas por el Gobierno de Alejandro Giammattei, y autoridades electorales que están desacreditadas, con lo cual no se prevé que esta votación fortalezca la democracia.
Para el 25 de junio están pautadas las elecciones, pero según sondeos reina la apatía, especialmente entre los jóvenes. Tras varias acciones y procedimientos, especialmente judiciales, finalmente se inscribieron una veintena de candidatos y candidatas a la Presidencia, pero quedaron excluidas algunas figuras emblemáticas, debido a procedimientos que generaron suspicacia.
La actuación de diversas dependencias públicas, según interpretaron varios analistas, ha apuntado a sacar de la carrera presidencial a aspirantes incómodos para el Gobierno de Giammattei. Aunque no es posible, según la Constitución y las leyes, que el actual jefe de Estado busque una relección inmediata, este sí trata de garantizar que su sucesor no sea un duro adversario que pueda impulsar una investigación en su contra, una vez que deje el poder.
El mismo Giammattei parece haber hecho lo propio con su antecesor, el comediante Jimmy Morales (2016-2020), quien es recordado por su decisión de sacar del país en 2019 a la muy respetada Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo independiente que presentó ante la Justicia más de 100 casos de corrupción.
Con la venia del presidente guatemalteco, comenzando este 2023 el cuestionado fiscal Rafael Curruchiche dictó una orden de captura contra Iván Velásquez, actual ministro de Defensa de Colombia, al que se le acusó no solo de ser cómplice de casos de corrupción mientras estaba al frente de la CICIG, sino también de obstruir la Justicia.
El subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, confirmó en enero que Curruchiche está sancionado por Washington "por haber obstruido investigaciones de casos de corrupción".
El año pasado, Giammattei ratificó en su cargo a María Consuelo Porras como fiscal general. Ella ha sido objeto de numerosas críticas tanto dentro de Guatemala como en la comunidad internacional: se le ha señalado de proteger a políticos corruptos, bloquear investigaciones judiciales y coludir con el mandatario y su círculo más cercano.
Esta fiscal justamente intervino en varios casos para impedir o anular la inscripción de candidaturas.
"La campaña tiene lugar en medio de una regresión autoritaria y con un sistema estatal cooptado en sus componentes primarios, incluyendo órganos que debieran ser autónomos como el Tribunal Supremo Electoral (TSE)", aseveró la periodista Evelyn Blanck, al ser consultada por DIARIO DE CUBA.
Blanck, quien es coordinadora del Centro Civitas, dedicado a la defensa y promoción de la libertad de expresión, destacó asimismo que la campaña ha comenzado este 27 de marzo teniendo como trasfondo "una negativa de acceso a la información, acoso, intimidación y criminalización contra periodistas".
Este clima negativo para el ejercicio de la libertad de expresión e información, que resulta central en medio de un proceso electoral democrático, ha arrojado como resultado la salida de más de 12 periodistas de Guatemala, precisó Blanck.
Otro factor que empaña el proceso electoral guatemalteco en este 2023 es que el órgano principal electoral, el TSE, esté encabezado por Ranulfo Rafael Rojas, sobre quien pesan varias acusaciones de la Fiscalía Especial contra la Impunidad.
Rojas ha logrado evitar ser presentado ante la Justicia amparándose en su fuero de magistrado y gracias a decisiones de la Corte de Constitucionalidad. En materia de opinión pública, sin embargo, tiene una muy baja credibilidad y este factor afectará el proceso electoral, según el pronóstico que hizo Evelyn Blanck para DIARIO DE CUBA.
El TSE ha rechazado la inscripción de las candidaturas de las fórmulas de los partidos Podemos, que integran Roberto Arzú García-Granados y David Pineda, así como de Thelma Cabrera y Jordán Rodas, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).
La Fundación contra el Terrorismo, que ha denunciado a exjueces, exfiscales y periodistas, ha pedido que Rodas no sea inscrito. Precisamente una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), en diciembre pasado, alertó que Guatemala vive un deterioro de la libertad de prensa y la democracia, asociado a la debilidad institucional que se expresa en la falta de independencia de los poderes públicos, y en particular manifestó su preocupación por la actuación de esta Fundación contra el Terrorismo.
Una acción reciente del Ministerio Público busca anular la candidatura de Edmond Mulet, quien en el pasado llegó a ocupar el cargo de subsecretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
A Mulet se le investiga porque se pronunció en contra de la detención del presidente de El Periódico, José Rubén Zamora, quien ha cumplido ochos meses detenido, acusado de lavado de dinero.
Diversos organismos internacionales consideran que el proceso contra Zamora, quien ha dirigido medios de comunicación por más de tres décadas, es una retaliación tras la publicación de decenas de casos de corrupción durante el gobierno de Giammattei. Zamora recibió en 2021 el premio Rey de España de Periodismo.
