La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala recibió una Acción de Amparo en contra del presidente de la República Alejandro Giammattei y el canciller Pedro Brolo para que no renueven el convenio de salud que ese país tiene con La Habana para la contratación de cientos de médicos cubanos.
La acción legal fue presentada por el comerciante César Fernando Molina Palma, y advierte que, de mantenerse la "misión médica" de la Isla, que está en ese país de Centroamérica desde 1998, el Estado estaría violando su Constitución y los tratados internacionales de Derechos Humanos.
"La amenaza inminente y determinada de que el ministro de Relaciones Exteriores, a sabiendas de la falta de condiciones adecuadas para los médicos cubanos en Guatemala y de la posible violación de sus derechos fundamentales, especialmente lo que para el efecto establece el Convenio para la Represión de la Trata de Personas", mantenga el convenio, así como la inexistencia de una "disponibilidad presupuestaria para atender a los médicos que soliciten su asilo o refugio", exige la cancelación de la "misión", dice la demanda.
El documento advierte que los médicos y demás personal que viaja con la brigada "labora sin libertad para decidir sobre lo que les paga el Gobierno" y que están bajo "control de la dictadura".
La demanda adjunta, como elemento que fundamenta la situación de violación de sus derechos fundamentales a que están expuestos los cubanos que viajan al extranjero "exportados" por el Gobierno, la carta que dirigieran a las autoridades de la Isla las relatoras especiales sobre las formas contemporáneas de esclavitud y sobre trata de personas en noviembre de 2019, en la que piden brindar "atención urgente" a los "presuntos abusos de derechos humanos" que sufren los participantes en las "misiones".
En las últimas semanas, el diputado guatemalteco Felipe Alejos cuestionó al canciller y al Gobierno de su país por la inminente renovación del convenio con La Habana.
El Gobierno de Guatemala, no obstante, descartó la expulsión de los médicos cubanos y aclaró que están en revisión de presupuestos para la renovación del contrato, que debe caducar a finales del presente mes de septiembre.
La ministra de Salud, Amelia Flores, dijo que, en una respuesta que ofreció a la prensa hace unos días, no quiso decir que su cartera no cuente con "los recursos para los especialistas cubanos, ya que presupuestariamente, de forma anual, las unidades ejecutoras han incluido ese aspecto".
"La posición del Gobierno no es expulsar a la brigada cubana. En ningún momento se mencionó esa aberración. Yo mencioné que estamos en el Ministerio revisando presupuesto, eso no equivale a la sanción de los médicos cubanos", dijo.
La ministra añadió que no hay manera de sustituir a los especialistas cubanos que laboran en el país en municipios como La Tinta y Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, en donde el acceso es complicado.
Alejos denunció en su perfil en la red social Twitter que el Estado "paga viajes de ida y vuelta y vacaciones, son unos cinco millones de quetzales. Muchas veces han sido vuelos privados. Tampoco que la Contraloría General de Cuentas (CGC) reportó hallazgos, varios títulos tienen firmas ilegibles y no cuentan con aval de alguna facultad".
"Tampoco dicen que hay cocineros, pilotos, entre otros, son más de 400 cubanos ganando 7.000 quetzales, exentos de impuestos, cuando una enfermera guatemalteca gana la mitad o menos que eso. Se pagan viviendas, y otros beneficios que no se otorgan a los guatemaltecos", agregó.
"También sería muy bueno que señalen quién es el Gobierno de Cuba y con qué régimen asesino está pactando Guatemala. Un régimen que viola derechos humanos, antidemocrático y que infiltra desestabilizadores. Guatemala no debe seguir con el convenio a favor de un Gobierno comunista", apuntó.
La Habana, que ha visto con la pandemia del coronavirus una oportunidad para explotar su negocio de exportación de servicios médicos, obtuvo ganancias de más de 10.000 millones anuales en la última década por la exportación de su personal médico, según la ONG Archivo Cuba.
Varias organizaciones internacionales han considerado esta práctica como violatoria de los derechos humanos y laborales de los galenos y la han catalogado como una forma de esclavitud moderna.
Pobres trumpistas que quieren que en guatemala haya la sanidad privadada como en gringolandia jajajaja
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