Se acentúa el clima de crispación en Guatemala tras la destitución del fiscal anticorrupción

Guatemala vive una nueva ola de crispación política, con cuestionamientos sociales a las autoridades, tras la abrupta destitución del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, quien incluso debió exiliarse en El Salvador por temor a represalias tras dejar el cargo.

La decisión de la fiscal general María Consuelo Porras, que se conoció el viernes 23 de julio, colocó a Guatemala en un estado de agitación interna, a lo que se suman enérgicas reacciones de países cooperantes como EEUU, que decidió congelar la ayuda al Ministerio Público del país centroamericano.

"La indignación, no cabe otra palabra, ha sido la respuesta de la ciudadanía a esta decisión de sacar al fiscal Sandoval", comenta a DIARIO DE CUBA, desde la capital guatemalteca, la periodista Evelyn Blanck, coordinadora del Centro Civitas, dedicado a la defensa y promoción de la libertad de expresión.

Este jueves 29 se realizarán protestas en diferentes puntos del país, inicialmente convocada por la iniciativa "Los 48 Cantones de Totonicapán", a la que se han sumado organizaciones indígenas, activistas de la sociedad civil y estudiantes universitarios. A lo largo de esta semana, según Blanck, se han sumado entidades sociales y políticas a este llamado a manifestarse en contra de la corrupción.

Representantes de la etnia xinca, según reseña el diario Prensa Libre, exigen la renuncia tanto del presidente Alejandro Giammattei, como de la fiscal general Porras, por haber urdido la "toma" de las instituciones y anular la independencia de poderes.

El ahora exfiscal resultaba una pieza clave en la lucha contra la corrupción en Guatemala. Tras su abrupta destitución denunció que esa destitución fue ordenada por la fiscal general. Según Sandoval, Porras paralizó varias investigaciones que se llevaban a cabo contra el Gobierno de Alejandro Giammattei y su entorno, por presuntos casos de sobornos y corrupción.

El Gobierno de EEUU reaccionó de forma tajante y decidió congelar "temporalmente" la cooperación con el Ministerio Público de Guatemala después de que se conociera el cese Sandoval, quien ejercía como jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI).

Justamente, al asumir la presidencia Giammattei dijo que le daría un espaldarazo a la FECI. En aquel momento estaba fresco el estupor social por lo que fue el cese de la cooperación de la ONU en materia de lucha contra la corrupción y la impunidad. Si bien la decisión la tomó el predecesor de Giammattei, el excéntrico humorista Jimmy Morales, quien gobernó entre 2016 y 2020, hubo expectativa que el cambio presidencial fortaleciera la lucha anticorrupción.

Giammattei incluso aseveró, en su momento, que la lucha contra la corrupción debían darla entidades nacionales, de forma prioritaria, lo cual fue un tácito espaldarazo al cese de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que había sido creada en 2006, producto de un acuerdo firmado entre la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Estado de Guatemala.

Además de EEUU, la ONU expresó su preocupación por la destitución del fiscal. "La capacidad de los fiscales para llevar a cabo sus funciones sin intimidación o interferencias inapropiadas es un requisito esencial para dar respuesta y prevenir la corrupción y la impunidad", aseveró el portavoz de la ONU, Farhan Haq.

Con tres años al frente de la Fiscalía Anticorrupción, Sandoval se convirtió en una figura problemática para el Gobierno de Giammattei, dado que, al contrario del presidente, Sandoval gozaba de carisma mediático, según el medio digital Plaza Pública.

En su reciente visita a Guatemala, hace dos meses, la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, había mencionado de forma explícita la importancia del trabajo que realizaba la FECI. Además, Sandoval recibió en enero de este año la distinción como "campeón anticorrupción" por parte de las autoridades estadounidenses.

Sin ofrecer muchos detalles, Sandoval aseveró al llegar a El Salvador que la pandemia de Covid-19, que ha coincidió prácticamente con el año y medio de gestión de Giammattei, es foco de manejos posiblemente corruptos por parte del Gobierno y que la fiscal general Porras lo bloqueó para impedir que avanzaran las investigaciones.