La cadena de reacciones internacionales, que incluyeron hasta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dejó en evidencia que la acción de la Fiscalía de Guatemala contra el actual ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, ha sido en realidad un bumerán que se ha devuelto contra los poderes públicos del país centroamericano, en un caso sin precedentes.
Velásquez, quien fue nombrado como ministro de Defensa por el presidente Gustavo Petro cuando comenzó su gestión, en agosto pasado, estuvo al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo que era apoyado por la ONU, y cuya finalidad era investigar de manera independiente la corrupción en el país centroamericano, dada la penetración en las más altas esferas del poder.
Este lunes 16 de enero, el fiscal de Guatemala, Rafael Curruchiche, dictó una orden de captura contra Velásquez, al que se le acusó no solo de ser cómplice de casos de corrupción mientras estaba al frente de la CICIG, sino también de obstruir la justicia. De trasfondo, está la trama de corrupción de la firma brasileña Odebrecht, que salpicó a diversos países de América Latina.
Petro no solo ha defendido a Velásquez, sino que se enzarzó en una polémica pública, usando Twitter, con el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. Los países están al borde de la ruptura de relaciones diplomáticas. El caso escaló hasta los más altos niveles, llevando a que Guterres también emitiera un pronunciamiento defendiendo el papel que tuvo la CICIG.
La CICIG fue creada el 12 de diciembre de 2006, producto de un acuerdo firmado entre la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Estado de Guatemala. En su momento este convenio, firmado por el Poder Ejecutivo, fue avalado por la Corte Constitucional y luego por el Congreso de ese país centroamericano.
En septiembre de 2018, en un acto en el que apareció rodeado de militares, el entonces presidente Jimmy Morales puso punto final al acuerdo para el funcionamiento de la CICIG. Según el jefe de Estado saliente (ya que meses después asumió Giammattei la Presidencia), la CICIG terminó actuando "en contra del bien común del pueblo de Guatemala".
Apenas asumió la Presidencia, Giammattei aseveró que la lucha contra la corrupción era tarea de entidades nacionales de forma prioritaria, lo cual fue un tácito espaldarazo al cese de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Giammattei apoyó la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI), pero a menos de un año de su presidencia el fiscal Juan Francisco Sandoval, al frente de esta unidad anticorrupción, debió exiliarse y denunció una persecución en su contra que presuntamente provenía de la Presidencia y de la fiscal general, María Consuelo Porras.
En el caso de Velásquez, Giammattei no parecía involucrado, pero tras la polémica con Petro terminó respaldando a la Fiscalía de Guatemala.
"El establishment guatemalteco siente una gran molestia hacia Iván Velásquez, por su rol como comisionado de la CICIG, dado que desde allí se reveló y se puso en evidencia para muchos guatemaltecos y para la comunidad internacional el nivel de corrupción que existe en el país", explica a DIARIO DE CUBA el periodista Juan Luis Font, desde Ciudad de Guatemala.
Para este veterano periodista de la fuente política, este caso es una suerte de "pase de factura", que en la práctica no implicará ni la detención ni el procesamiento de Velásquez, pero "servirá para descargar, blanquear, a quienes sí estuvieron involucrados en estos hechos de corrupción en perjuicio del erario público guatemalteco".
La Fiscalía mostró como "pruebas" una serie de correos que —según medios de prensa locales—no demuestran ninguna actitud delictiva. Estos correos dejan en evidencia que Velásquez estaba siendo informado, y este daba su visto bueno para que se llevaran a cabo acuerdos de cooperación de la Justicia con exdirectivos de la constructora Odebrecht.
Acuerdos de este tenor han sido legales y usuales. Se llega a acuerdos con implicados a cambio de estos brinden mayor y más detallada información sobre los hechos delictivos. Estos acuerdos no solo están contemplados en las leyes de Guatemala, sino que además en su momento fueron avalados por la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, Juan Pappier, subdirector en funciones de la división para las Américas de Human Rights Watch, manifestó su preocupación, pero no por Velásquez, a quien difícilmente se le podrá perseguir fuera de las fronteras del país centroamericano, cosa que es distinta para ciudadanos guatemaltecos que colaboraron con la CICIG.
Según este experto en Derechos Humanos, "este anuncio de la Fiscalía es preocupante para los guatemaltecos que están sujetos a persecución por un sistema judicial cooptado por intereses corruptos".
Por ejemplo, el fiscal Curruchiche también anunció una orden de captura, ya aprobada por una juez, contra Thelma Aldana, ex fiscal general; Mayra Véliz, exsecretaria del Ministerio Público; David Gaitán, exfuncionario de la CICIG; y Juan Pablo Carraso, presidente de Cámara de Comercio Americana en Guatemala. Aldana, quien es una de las juristas más reconocidas contra la corrupción, está exiliada desde 2019, poco después de que la CICIG cesara.
