La estrategia gubernamental para controlar a las organizaciones no gubernamentales en Guatemala se vio frenada este lunes, 2 de marzo. La Corte de Constitucionalidad, el máximo tribunal del país centroamericano, suspendió de manera provisional una polémica reforma de ley avalada por el presidente, Alejandro Giammattei.
En caso de entrar en vigencia esta ley, permitiría la fiscalización de todas las organizaciones no gubernamentales asentadas en el país, además de la anulación de cualquier entidad por decisión gubernamental.
Todo esto, además, ha estado acompañado de mensajes de los poderes legislativo y ejecutivo, que cuestionan el manejo de los recursos de la cooperación internacional por parte de las ONG.
El pasado 27 de febrero, en el acto para sancionar la reforma de ley, Giammattei dijo que varias ONG han sido cuestionadas por un mal uso de recursos, evidenciado en publicaciones de prensa.
"No nos ampara más que lo que ustedes mismos a través de los medios de comunicación nos han indicado. Las irregularidades con las que han sido manejados los fondos públicos e internacionales que llegan al país", sostuvo el jefe de Estado.
Tras esta decisión de Giammattei de respaldar la iniciativa legislativa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "lamenta y reitera su preocupación por la sanción, el día de ayer, del Decreto 04-2020, conocida como Ley de ONG" en Guatemala. Según la CIDH, la polémica ley resulta contraria a los estándares internacionales, de los cuales Guatemala es signataria, que garantizan los derechos a la libertad de expresión y libertad de asociación.
Por su parte, la Fundación para el Debido Proceso, con sede igualmente en Washington, cuestionó directamente al jefe de Estado. "La decisión del presidente Giammattei de no vetar esta ley, pese a su inconformidad con libertades fundamentales y rechazo unánime de la comunidad internacional, es muestra preocupante de su actitud frente al valor del espacio cívico y la protección de los derechos humanos en el país", sostuvo esta fundación.
En un comunicado, la Corte de la Constitucionalidad aseguró que esta reforma de ley, en caso de entrar en vigencia, conlleva amenaza de violación a los derechos humanos. Estaba previsto que entrara en vigencia el 7 de marzo. La corte actuó tras solicitud de varias ONG de Guatemala. Diversos diputados consultados por el diario guatemalteco Prensa Libre manifestaron su descontento con la decisión del máximo tribunal, pero al mismo tiempo sostuvieron que acatarían el fallo, incluso los legisladores que habían impulsado la reforma de ley. El gobierno de Giammattei, por su parte, guardó silencio ante la decisión de la Corte de la Constitucionalidad.