Las dos noticias se han conocido casi que de forma simultánea. Por un lado, el Gobierno de EEUU anunció sanciones contra 500 colaboradores del régimen de Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, y restringió al sector minero aurífero, pero al mismo tiempo Nicaragua pasó a estar a la cabeza en materia de remesas, enviadas por exiliados y migrantes.
En teoría son noticias separadas, pero en el fondo están conectadas. La presión internacional busca asfixiar y cercar al régimen autoritario, pero paradójicamente la migración masiva que este ha generado desde 2018 está rindiendo ingresos para una menoscabada economía nicaragüense vía remesas familiares.
Ortega ha hecho saber, sin decirlo él expresamente, que las sanciones no van a generar cambios en lo que viene siendo su política. Decenas de líderes sociales y políticos están en prisión, se ha atacado a figuras de la Iglesia Católica y han sido cerradas centenares de organizaciones no gubernamentales. Nada de eso está en revisión en Managua tras recibir el anuncio de Washington de un conjunto amplio de sanciones, anunciadas el 24 de octubre.
Este lunes dos dependencias de EEUU reactivaron la política del Gobierno de Joe Biden de presionar a Ortega y Murillo para restituir la democracia en el país centroamericano.
En primer término, el propio secretario de Estado, Antony Blinken, anunció que EEUU prohibía el ingreso a su territorio de 500 personas vinculadas al régimen sandinista, en la decisión más numerosa de este tipo. Se les acusa de "socavar las instituciones democráticas" del país centroamericano.
Entre los sancionados figuran integrantes de las fuerzas de seguridad, funcionarios de prisiones, jueces, fiscales, personal educativo y otras personas que han participado en la "represión y corrupción del régimen". La medida se extiende a familiares de estos funcionarios y colabores del régimen autoritario.
En simultáneo, el Departamento del Tesoro también impuso sanciones económicas al sector del oro en Nicaragua, en concreto a la Dirección General de Minas de Nicaragua, a la que considera una "pieza importante" en el financiamiento que percibe el Gobierno de Ortega y Murillo para mantenerse en el poder.
Asimismo, el presidente Biden firmó una nueva orden ejecutiva que permite imponer restricciones a determinadas inversiones y relaciones comerciales con Nicaragua, que podrían afectar tanto a importaciones como a exportaciones.
El mensaje de Washington a varios sectores en Nicaragua es que se les hará la vida difícil a los gobernantes, sus colaboradores y familiares, mientras persistan en su política contraria al respeto de la democracia y los derechos humanos.
Como en otras ocasiones en las que la comunidad internacional impuso sanciones al sandinismo, estas medidas no parecen tener un efecto inmediato en la cúpula gobernante.
"Los continuos ataques del régimen de Ortega-Murillo contra actores democráticos y miembros de la sociedad civil y la detención injusta de presos políticos demuestran que el régimen no se considera sometido al Estado de derecho", aseveró el subsecretario del Tesoro para terrorismo e inteligencia financiera, Brian Nelson.
Diez días antes de las decisiones tomadas en Washington, el Consejo de la Unión Europea (UE) prorrogó por un año más las sanciones a 21 funcionarios y a tres instituciones del Gobierno de Daniel Ortega, incluida la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo.
En un comunicado, la UE indicó que las sanciones que estarán vigentes hasta el 15 de octubre de 2023 incluyen "la congelación de activos" y la prohibición a los ciudadanos y empresas de la UE a poner fondos a su disposición. Las personas físicas están además sujetas a una prohibición de viajar "que les impide entrar o transitar por los territorios de la UE".
Además de Rosario Murillo, también están sancionados por la UE sus hijos Camila, Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo; el presidente del Parlamento, Gustavo Porras; la titular del Poder Judicial, Alba Luz Ramos; la fiscal general Ana Julia Guido; el asesor presidencial Bayardo Arce y los jefes policiales Fidel Domínguez y Juan Valle, entre otros.
El recrudecimiento de este aislamiento diplomático y financiero que llevan adelante EEUU y la UE en contra del Gobierno nicaragüense ha coincidido con la tendencia que viene registrando el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre un aumento en el envío de remesas por parte de ciudadanos de ese país centroamericano, en el exterior, a sus familiares.
Ha sido la política represiva llevada adelante, en particular desde 2018, lo que ha acrecentado un éxodo de nicaragüenses. Paradójicamente estos ciudadanos que huyeron o fueron expulsados simbolizan hoy una suerte de alivio para los nicaragüenses dentro de su país, agobiados por una crisis económica que va en paralelo a la crisis democrática e institucional.
Centroamérica, según el BID, encabeza una subida en el volumen de las remesas en este 2022, y Nicaragua con 38,7% tiene el mayor peso en la subregión. Durante el primer semestre de este año los países centroamericanos recibieron casi 19.000 millones de dólares en remesas, estando Nicaragua a la cabeza en el listado de naciones receptoras.
En los periodos de 2020 y 2021, de acuerdo con el propio BID, los países centroamericanos que reunían el mayor volumen de ingresos por esta vía fueron El Salvador y Guatemala, respectivamente, con lo cual el incremento que ha vivido Nicaragua en este 2022 ha sido reseñado como uno de los cambios importantes en la subregión.
Ah, la pareja atorrante y absolutamente asquerosa dándose un "baño de masas." Sobrecogedor.