El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció que reducirá en diez centavos de dólar los precios de los combustibles que ya se encuentran congelados, una medida que pretende atender una de las principales demandas de las protestas contra su Gobierno por la carestía de la vida.
Esta reducción es inferior a la demanda del movimiento indígena, principal promotor de las protestas que comenzaron hace dos semanas, quienes exigen que el precio del galón de la gasolina se fijase en 2,10 dólares y el del diésel en 1,50 dólares.
Por su lado, el gobernante no hizo mención al precio de la gasolina Súper de 92 octanos, la única que tiene el precio liberalizado, y que actualmente cuesta alrededor de 4,50 dólares por galón.
El precio de los combustibles de mayor uso popular es el primero de los diez puntos del pliego de demandas exigidas por las Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y de otras organizaciones campesinas que convocaron la movilización.
"Todos consideran que el precio de los combustibles se ha convertido en la piedra angular que mantiene el conflicto y, aunque como Gobierno tenemos muy claro que este factor no es el que origina el problema de los ecuatorianos, debemos pensar en el bien común y la paz ciudadana", manifestó Lasso en su mensaje.
La semana anterior, Lasso también atendió otros puntos del pliego de demandas, como la condonación a familias campesinas de deudas vencidas de hasta 3.000 dólares y la reducción de las tasas de interés para los créditos aún vigentes, así como el aumento de 50 a 55 dólares de un bono para familias vulnerables.
No obstante, hay otros puntos de la agenda indígena aún pendientes, como el control de precios de productos de primera necesidad, el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, la no privatización de empresas públicas y la no proliferación de la actividad minera y petrolera en la Amazonía.
Por eso, el paro nacional se mantiene, según anunciaron los manifestantes en redes sociales. Las protestas, que comenzaron el 13 de junio, hasta el momento dejan un saldo de cinco muertos y unos 400 heridos, de ellos la mitad manifestantes y la otra mitad policías y militares.
La reducción del precio de los combustibles es un nuevo gesto de Lasso para dar una solución al conflicto después de que el sábado hubiese una primera toma de contacto entre el Gobierno y los líderes del movimiento indígena, entre ellos Leonidas Iza, presidente de la CONAIE.
También se da después de que el viernes tomasen "medidas que hicieron que, quienes se sintieron engañados por sus dirigentes, regresen a sus respectivas comunidades", mencionó Lasso.
El sábado Lasso derogó el estado de excepción "por grave conmoción interna", que había decretado en seis provincias el 18 de junio y que era otra de las demandas de los manifestantes.
No obstante, el mandatario lamentó que se hayan seguido produciendo "más actos de violencia y terrorismo" con posterioridad al anuncio. "Para los que siguen con la violencia, y causando terror, nuestra Policía y Fuerzas Armadas seguirán actuando mediante el uso progresivo de la fuerza para establecer el orden y devolver a la ciudadanía la tranquilidad que requiere para vivir en paz, trabajar y prosperar", sostuvo Lasso.
Sigue adelante el proceso para destituir a Lasso
Ambos anuncios tuvieron lugar mientras el pleno de la Asamblea Nacional desarrollaba sesiones virtual para tratar, como único punto, una petición de destitución de Lasso, promovida por los legisladores que siguen al exmandatario Rafael Correa.
Más de 40 congresistas recogieron los votos necesarios el viernes para iniciar el proceso contra Lasso. Los diputados correístas consideraron que uno de los argumentos para la destitución del mandatario era la "grave conmoción interna debido a la ola de protestas".
Sin embargo, el Secretario Jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, quien participó en la sesión en representación del presidente el sábado, aseguró que sin el decreto del estado de excepción los congresistas ya no contaban con argumentos para considerar que hay "grave conmoción interna", una de las causales para activar el proceso de destitución.
Tras el debate en la Asamblea, los congresistas tienen 72 horas para votar la continuidad del mandatario. Sin embargo, para sacarlo del cargo se requiere del voto de al menos 92 de los 137 legisladores, una cantidad que medios locales estiman que es difícil alcanzar, dado que el correísmo solo cuenta con 50 curules.
