Tras diez días de paro nacional y manifestaciones protagonizadas sobre todo por indígenas y campesinos de Ecuador, y a los que se han sumado otros sectores, el miércoles el país estaba a la expectativa del inicio de una posible mesa de diálogo entre el Gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE).
La reunión podría poner fin al paro nacional y a las protestas, que se ha vuelto cada vez más violentas en Quito y ciudades como Puyo.
La capital de Ecuador ha estado virtualmente paralizada en medio de crecientes señales de escasez de alimentos y combustible y reportes de enfrentamientos entre manifestantes y la Policía. El Gobierno aseguró que las protestas son un "serio riesgo" para la democracia del país.
En un video subido en Twitter el miércoles, el ministro de Gobierno de Ecuador, Francisco Jiménez, recordó que las autoridades transmitieron a Leonidas Iza, líder de CONAIE, que cuentan "con un mecanismo de negociación confiable, imparcial, que permita acercar" las posiciones y añadió que el Gobierno ha aceptado "el llamado de la ONU, de la Unión Europea y de más de 300 organizaciones de la sociedad civil para que, mediante el diálogo" se discutan abiertamente las posturas y se llegue a un acuerdo, citó EFE.
"La violencia se les fue de las manos. Ellos mismos han dicho que tienen infiltrados, que hay personas que están causando caos y destrucción", aseguró Jiménez a medios locales.
En declaraciones al medio Teleamazonas, el ministro de Gobierno explicó que se "ha implementado una estrategia de contención, no de represión. Deben entender que no podemos dejar en indefensión a la ciudadanía, esto se trata de sentarse a dialogar".
Por su parte, la CONAIE indicó en sus redes sociales que el presidente Guillermo Lasso no ha escuchado el clamor popular y solo responde con "represión y violencia", y ha denunciado el abuso contra las manifestaciones por parte de la Policía y los militares.
Además, exige que cese el estado de excepción decretado por el Gobierno y la represión como condiciones para generar un diálogo sobre los diez puntos que integra el pliego de peticiones que presentó la organización.
El Gobierno declaró desde el pasado viernes el estado de excepción en las provincias andinas de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, así como en la amazónica de Pastaza, tratando de contener la movilización indígena que se ha instalado con fuerza en Quito y que ha dejado al menos dos víctimas mortales.
En una declaración nacional, el ministro de Defensa, Luis Lara, dijo el 21 de junio que los militares estaban viendo los acontecimientos con preocupación en medio de la "manipulación de las protestas sociales y el crecimiento de la violencia por parte de aquellos que han rechazado el diálogo".
Lara añadió que "estas acciones van más allá de una protesta ciudadana y que esto equivale a un esfuerzo deliberado para usar la violencia para amenazar la democracia y poner en peligro las instituciones".
Según la Alianza de Organizaciones para los Derechos Humanos, hay hasta el momento "44 reportes de hechos que suponen violaciones de derechos humanos. Incluyen dos personas fallecidas en contexto de represión, 74 personas heridas, tres de ellas en estado crítico, cinco con lesiones oculares, una con amputación parcial de extremidad superior y 87 detenidas".
La violencia en la escalada de las protestas en Ecuador comenzó cuando la CONAIE llamó a una huelga indefinida con el objetivo de presionar al presidente Lasso para que reduzca los precios del combustible, establezca controles de precios sobre los productos agrícolas y de primera necesidad, aumente el presupuesto de educación y salga del poder, entre otros puntos.
La huelga ha afectado, en gran medida, a seis provincias del norte de Ecuador, pero los manifestantes también han bloqueado intermitentemente las carreteras, lo que ha provocado escasez de combustible y alimentos en numerosas regiones del país, incluida la capital.
El Ministerio de Energía invocó cláusulas contractuales que impediría que los operadores de hidrocarburos presenten demandas por contratos incumplidos a medida que las protestas también afectan la producción. Los manifestantes han entrado en los campos petroleros y obligando a las empresas a cerrar casi 609 pozos en la Amazonía, lo que lleva a una pérdida de alrededor de 30.000 barriles por día.
