La primera oficina que abra la Corte Penal Internacional (CPI) en suelo americano estará en Caracas. Se trata de un hecho inédito en el hemisferio en la historia de dos décadas del Tribunal de La Haya. Aunque en Venezuela las ONG de derechos humanos aplaudieron esta decisión, han recordado que el chavismo ha evitado castigar las llamadas cadenas de mando, en materia de represión, un asunto que consideran ineludible.
En una nueva visita a Caracas, que no fue anunciada previamente por La Haya, el fiscal de la Corte Penal InternacionaI Karim Khan se reunió en la capital venezolana con el gobernante Nicolás Maduro. La Corte Penal Internacional y el chavismo se han avenido a un marco de cooperación, en la cual figura la instalación de una oficina y acceso a visas para que el personal de la Corte Penal InternacionaI pueda viajar a Venezuela sin restricciones.
Esta es la segunda visita a Venezuela del fiscal. Se han tratado de visitas muy discretas, sin reuniones con activistas venezolanos o víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Khan se ha empleado a fondo, según conocedores de la materia, en lograr la colaboración del chavismo, un asunto que no parecía posible hasta la primera visita del fiscal en noviembre pasado.
En general las organizaciones venezolanas de derechos humanos saludaron que la Corte Penal InternacionaI vaya a contar con una oficina en Caracas. Este ha sido un asunto en el cual también se empleó Michelle Bachelet en sus intercambios con Maduro hasta lograr que se autorizara una oficina del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
El trabajo sobre el terreno, opinan diplomáticos, servirá para documentar de forma directa los hechos, recopilar los testimonios de las víctimas y darle seguimiento al memorando de entendimiento que el chavismo alcanzó con la Corte Penal InternacionaI.
La abogada Sara Fernández de la ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz) pone en duda de que hayan ocurrido avances, por ejemplo, con decisiones legislativas que ha tomado la Asamblea Nacional, alienada con el régimen de Nicolás Maduro.
Por otro lado, ella observa un problema de fondo con sanciones que se han dictado recientemente contra los responsables materiales de violaciones a los derechos humanos, y esto se relaciona con la ausencia de castigo para quienes dictaron las órdenes.
"Las investigaciones sobre los casos en los que se cometieron crímenes de lesa humanidad no se extienden a la cadena de mando, que es tan responsable como los autores materiales de los hechos", sostiene Fernández.
Lo otro que deberá corregirse, en el marco de esta cooperación con la Corte Penal InternacionaI, es que hasta ahora "estos casos son sancionados como delitos menos graves y no como crímenes de lesa humanidad".
El abogado Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, por su parte trazó lo que son las expectativas de las organizaciones venezolanas al ser consultado por DIARIO DE CUBA: en la actual fase de investigación "la misión del fiscal es profundizar en los casos particulares, esperamos que esto ocurra y se reúna con las organizaciones y víctimas vinculadas con estos casos". Por otro lado, según Daniels es necesario que "que se informe con detalle qué es lo que está haciendo el fiscal".
"Abogamos porque la instalación de una oficina de la Fiscalía de Penal InternacionaI en Venezuela favorezca el inicio de investigaciones genuinas contra los máximos responsables de crímenes en nuestro país, en favor de la verdad y la justicia para las víctimas", se manifestó por su parte la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.
En noviembre pasado, tal como reseñó DIARIO DE CUBA, en su primera visita a Caracas y en medio de un acto oficial con el alto Gobierno venezolano, Khan anunció públicamente la investigación de la Corte Penal InternacionaI para determinar responsabilidades en crímenes de lesa humanidad.
Crímenes de lesa humanidad en el lenguaje de la Corte Penal Internacional, cometidos desde 2017 según la documentación recabada por la Fiscalía. Es la primera decisión de este nivel que toma la Corte Penal InternacionaI con un país de América Latina y según los activistas de derechos humanos la ha dado una esperanza de justicia a los cientos de víctimas de la represión ejecutada por el régimen de Maduro en los últimos años.
"Hay crímenes de lesa humanidad. Eso lo demostró el informe de Bensouda y está documentado en los informes de la Misión de Verificación de los Hechos de la ONU. La decisión de Khan establece el inicio de una investigación formal para determinar responsabilidades, que, al ser una corte penal, son responsabilidades personales, no se enjuicia a las instituciones", explica a DIARIO DE CUBA el abogado venezolano Marino Alvarado, un experto de larga data en la defensa y promoción de los derechos humanos en Venezuela.
En un comunicado difundido por Khan este 31 de marzo explica que "he completado mi segunda visita oficial a Venezuela, durante la cual se han dado pasos significativos para profundizar la cooperación y acelerar nuestro trabajo independiente tras mi decisión de abrir una investigación en noviembre de 2021".
"En noviembre, señalé que la apertura de una investigación no es una vía de sentido único, sino que debe ser la base para profundizar en el compromiso y fortalecer las asociaciones (...) creo que hemos llegado a un acuerdo significativo con el gobierno de Venezuela", sostiene Khan que ha destacado como un logro la decisión de abrir una oficina en Caracas.
El memorando difundido en noviembre explicaba que había concluido el examen preliminar sobre el proceso abierto en 2018 y advertía de que en esta fase no se ha identificado a "ningún sospechoso ni ningún objetivo". Explica, además, que la investigación tiene por objeto "determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona".
Pese a las demandas de las ONG venezolanas, hasta ahora la Corte Penal InternacionaI ha guardado silencio en torno a los casos específicos que ha documentado sobre Venezuela.
Al despedir de su cargo, la anterior fiscal de la Corte Penal InternacionaI, la gambiana Fatou Bensouda (2012-2021), concluyó en su informe final —sin ambages— que existía evidencia suficiente para investigar a los gobernantes de Venezuela por crímenes de lesa humanidad.
"La fiscal ha concluido que la información disponible proporciona una base razonable para creer que, desde al menos abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad."
El documento de Bensouda responsabiliza de los delitos descritos a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS), y otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
