Tras asegurar en diciembre que se estaba ante un inminente acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), los primeros días de enero de este 2022 han revelado lo contrario. El Gobierno de Alberto Fernández no parece contar con los consensos externos, en el seno del multilateral, ni internos, en un Congreso que ya el peronismo no controla, para llegar a un pacto con el FMI.
Es la crónica de un endeudamiento crónico. En este caso se trata de un acuerdo por el empréstito de 44.000 millones de dólares, el más alto dado a un solo país, por parte del Fondo a lo que era un saliente Gobierno de Mauricio Macri, en 2018. Pero la historia de crisis del endeudamiento de Argentina es una suerte de tango en todo lo que va del siglo XXI.
El optimismo que se transmitía a fines de 2021 ha cambiado en cuestión de días al iniciarse 2022. El quid está en que se han conocido públicamente las diferencias entre el Gobierno de Fernández y el FMI, que han hecho imposible firmar un acuerdo.
El telón de fondo de las condiciones técnicas está formado por decisiones políticas, tanto en el seno del organismo con sede en Washington y con EEUU con peso determinante en las decisiones, como en Buenos Aires por la incapacidad del peronismo para captar el consenso político necesario.
Del préstamo dado a Macri, y que este ha admitido se destinó sin éxito a evitar la subida del dólar en el marco de la campaña electoral 2018-2019, el Gobierno de Fernández deberá pagar 19.000 millones en este año, de los cuales 3.588 millones de dólares se vencen en dos meses.
Las autoridades financieras han reconocido que no tienen dinero para pagar este año y por eso les urge alcanzar un acuerdo con el FMI que postergue, idealmente para 2024 cualquier compromiso de pago.
Dentro de dos años habrá un nuevo inquilino en la Casa Rosada, dando por sentado que Fernández no buscará una reelección en las presidenciales de 2023. Se trata de una historia harto conocida en el manejo de la deuda externa en diversos países de América Latina. No es otra cosa que correr la arruga.
De acuerdo con el sitio de fact-checking Chequeado, la deuda pública argentina ascendió en 2021 a 343.519 millones de dólares, el valor más alto de la historia en términos absolutos. Si se considera el último año con datos completos, la deuda equivale al 101,5% del Producto Interno Bruto de 2020 de este país sudamericano.
Advierte Chequeado que esta relación entre deuda y PIB es similar a la de 2004, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner se vio obligado a una renegociación global con los acreedores externos de Argentina.
En una reunión celebrada por Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, con los gobernadores provinciales, en donde se conocieron por primera vez detalles del estado de negociaciones con el FMI y características que tendrá el ajuste, una vez que se alcance un acuerdo, quedó en claro que hay una brecha entre lo que pretende Argentina y lo que está dispuesto a ceder el organismo multilateral.
El FMI espera un ajuste fiscal mayor, poner en cintura los gastos públicos, mientras que el Gobierno peronista se niega a reconocer que se negocia un ajuste y dice que su apuesta es el crecimiento económico.
El presidente Fernández, además de la tensión propia de una negociación, siendo Argentina el país que más le debe al FMI, debe hacer frente a la falta de acuerdo con fuerzas políticas opositoras en el Congreso, donde el peronismo perdió el control según ha reseñado con antelación DIARIO DE CUBA.
Junto a eso, están las propias presiones dentro de la coalición gobernante, en vista de que confluyen varias corrientes del peronismo, incluido el kirchnerismo. Cristina Fernández de Kirchner, dos veces presidenta (2007-2015) y vicepresidenta en la actualidad, por ejemplo, ha espoleado al mandatario para que eleve el gasto público a tono con sus propuestas populistas.
Consultado por El Cronista, Guido Lorenzo, director de la consultora LCG, sintetizó lo que fue la presentación del ministro Guzmán a los gobernadores este 5 de enero: "Despejó dudas sobre qué tan lejos o cerca se está del acuerdo, lamentablemente falta mucho recorrido". Lorenzo, además, se quejó de la falta de definiciones aún en un tema crucial, como lo es el mercado cambiario.
A juicio del economista Jorge Neyro, las diferencias entre el Gobierno de Fernández y el FIM son netamente fiscales: "El FMI quiere un ajuste fiscal más rápido y una contracción real del gasto, es decir, que el gasto crezca por debajo de la inflación".
El peronismo no termina de aceptar este techo para su manejo del presupuesto y de los gastos públicos. Para este 2022 se estima que la inflación argentina estará por encima del 50%.
Por su parte, el economista Federico Glustein sintetiza las diferencias. El Gobierno espera seguir durante los próximos cinco años, alcanzando un equilibrio (sin déficit fiscal) recién en 2027, mientras que el FMI exige que tal meta se logre en dos años.
Junto a esto, en Buenos Aires se ha sabido que ni EEUU ni otros países del directorio del FMI terminan de dar un visto bueno a este acuerdo, mientras que se está en una suerte de carrera contra el tiempo para evitar que Argentina se declare en default, en marzo al no tener como pagar la cuota que se vence entonces.
Junto a esto está el tema político interno, en diciembre, por ejemplo, no se lograron los votos necesarios en el Congreso para aprobar la ley de presupuesto de la nación de 2022, que era un instrumento clave de las negociaciones.
El diputado Luciano Laspina, del bloque opositor Juntos por el Cambio, que tiene como referente a Macri, criticó agriamente el estado de las negociaciones: "el único mensaje que dejó la reunión de Guzmán con gobernadores es que no hay —y quizá no haya— un acuerdo con el FMI".
