En Venezuela, donde el chavismo hizo cotidiana como política de Estado la detención de ciudadanos por razones políticas, el año 2021 cerrará con la cifra de 244 presos políticos. El registro lo lleva la ONG Foro Penal cuya labor de documentación es avalada por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Hasta este 27 de diciembre, según el monitoreo de Foro Penal, estaban encarcelados 244 personas por razones políticas. Entre estos presos políticos, se encuentran 14 mujeres y un adolescente. Del total de detenidos, 132 son militares. Esta ONG contabiliza de forma sistemática y visibiliza el tema de los presos políticos desde 2014.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que en Venezuela los presos políticos en general han sido imputados por delitos de terrorismo, instigación al odio, asociación para delinquir, traición a la patria o rebelión, entre otros.
En un contundente comunicado, en vísperas de Navidad, la CIDH aseveró que en Venezuela las personas detenidas por razones políticas "se enfrentan constantemente a la falta de las garantías judiciales y a la violación de sus derechos en el contexto de privación de la libertad".
En septiembre de este año, al difundir su segundo informe sobre la existencia de delitos de lesa humanidad en Venezuela, la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU estableció que existen suficientes evidencias y testimonios que indican patrones en prácticas lesivas de los derechos fundamentales: detención arbitraria, tortura, existencia de centros de detención clandestinos, malos tratos y tortura psicológica.
De acuerdo con la CIDH, las personas privadas de libertad por motivos políticos denuncian falta de atención médica oportuna, adecuada y especializada que las expone a graves situaciones de vulnerabilidad. El Estado venezolano no respondió al comunicado de la CIDH sobre la situación de los presos políticos.
El 21 de diciembre diversos medios periodísticos en Venezuela reportaron que Josnar Adolfo Baduel, hijo del fallecido general Raúl Baduel, había sido trasladado para una intervención quirúrgica de emergencia, aparentemente provocada por malos tratos y tortura durante su detención.
Josnar, como su padre y su hermano Raúl Iván, han sido presos políticos. Raúl Iván está en libertad, mientras que el general falleció en prisión en octubre pasado, siendo preso político del régimen de Nicolás Maduro, tras haber sido la figura determinante en 2002 para que Hugo Chávez regresara al poder tras el golpe de Estado que le desalojó brevemente del poder.
Junto a la práctica de mantener detenidos a disidentes políticos, periodistas o activistas sociales, el chavismo ha desarrollado un esquema igualmente restrictivo que le aplica a muchos de quienes excarcela. El proceso judicial, que se hace interminable, termina siendo un castigo para quienes pueden regresar a su casa.
Carolina Jiménez, defensora venezolana de derechos humanos y presidenta de la no gubernamental WOLA (la oficina en Washington para América Latina), ratificó a DIARIO DE CUBA que en Venezuela existen 9.422 personas sujetas a procesos penales políticos, al cierre de este 2021.
El chavismo excarcela sin libertad plena a presos políticos, sea porque existe presión internacional o bien porque los usa en los procesos de negociación con la oposición, o también en casos extremos de salud de los detenidos.
Aunque estas personas no están en un calabozo, en la práctica no gozan de libertad plena.
Un caso emblemático es el del periodista y activista por las libertades en Internet, Luis Carlos Díaz. Su caso ha sido documentado por la ONG Espacio Público, dedicada a la promoción de la libertad de expresión en Venezuela.
En marzo de 2019, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) confirmó que había detenido a Luis Carlos Díaz. Le acusó de conspiración para provocar una escasez de energía eléctrica. En ese momento el periodista era el conductor un programa radial de corte informativo, con alcance nacional, a través del circuito Unión Radio.
Tras una ola de reclamos nacionales e internacionales del mundo periodístico, Díaz fue excarcelado. Fuentes diplomáticas confirmaron a DIARIO DE CUBA que la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, intercedió directamente.
En marzo de 2022, este comunicador cumplirá tres años de haber sido excarcelado, pero sigue sin gozar de libertad plena. Ni él, ni su esposa, ni sus abogados, pueden hablar públicamente del proceso judicial.
De acuerdo con los plazos de la Justicia penal venezolana, la Fiscalía debió presentar cargos formalmente en un máximo de ocho meses. Esto significaba que el lapso máximo era noviembre de 2019. Tal cosa no ocurrió.
De forma irregular, dado que no pesa una acusación con pruebas de sus presuntos delitos, la jueza que lleva el caso extendió por un año más la investigación, con lo cual debía concluir en diciembre de 2020. Un año después el caso sigue en un limbo, no ha sido cerrado oficialmente, pero tampoco se ha presentado una acusación formal contra Díaz.
Además de no poder hablar de su caso, Díaz debe presentarse de forma periódica ante un juez y tiene limitaciones para salir del país. Según confirma la ONG, en varias oportunidades se le ha negado la posibilidad de que viaje al exterior a cumplir actividades profesionales. Por la vía de los hechos, el periodista, que ha recibido diversos premios internacionales, tiene al país como cárcel.
