La decisión estuvo precedida una semana antes de una destemplada opinión del presidente. Alberto Fernández considera que los problemas de derechos humanos, dentro de Venezuela, están desapareciendo, aprovecha el tema para reivindicar que nadie debe inmiscuirse en los asuntos internos de otro país y, en un tercer acto, decide retirar el apoyo de Argentina al proceso que se evalúa en la Corte Penal Internacional (CPI) contra el régimen de Nicolás Maduro.
La comunidad de derechos humanos en Venezuela y expertos argentinos en la materia reaccionaron atónitos al giro de 180 grados dado por el Gobierno de Fernández. En cuestión de una semana, Buenos Aires relativizó lo que entidades especializadas consideran como una de las más complejas crisis de derechos humanos de la región, y además se desmarcó de los países latinoamericanos y europeos que abogan por el enjuiciamiento de Maduro y sus colaboradores por la justicia internacional.
La tesis del presidente argentino, de que en materia de derechos humanos "ese problema poco a poco en Venezuela fue desapareciendo" fue recibida con estupor por activistas de derechos humanos e incluso por líderes de la oposición democrática que en general, por razones diplomáticas, optan por no tener polémicas públicas con gobiernos de la región.
Esta primera declaración de Fernández se produjo el 18 de mayo. "No es relativizable la violación de los derechos humanos en Venezuela en medio de una brutal dictadura, y mucho menos los delitos de lesa humanidad; si alguien lo sabe es Argentina que ha vivido una dictadura bien severa y bien dolorosa", respondió Juan Guaidó, quien sigue siendo reconocido como presidente interino por diversos países de América y Europa occidental.
Fernández lejos de excusarse ante los señalamientos, convirtió en política pública su visión sobre lo que ocurre en Venezuela. Ocho días después el Gobierno de Argentina retiró su apoyo a la demanda que seis países americanos interpuso contra el régimen de Maduro ante la CPI.
En septiembre de 2018, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, y Canadá le solicitaron formalmente a la CPI que iniciara una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Gobierno de Venezuela. Ha sido la primera vez, desde su fundación en 2002, que la CPI, con sede en La Haya, recibe la petición de un Estado para que intervenga en otro país. Francia se sumó luego a esta solicitud, avalando la iniciativa americana.
"El Gobierno de la República Argentina se retira de dicha remisión como así también de toda presentación realizada en ese marco, incluyendo la Nota OI 48/2019 del 30 de septiembre de 2019 vinculada a un informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina", afirma la carta enviada a la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda.
"La demanda contra Venezuela ante la CPI a la cual el Gobierno argentino le retiró apoyo, incluye la documentación de 131 asesinatos en manifestaciones, 8.292 ejecuciones extrajudiciales, más de 12.000 prisiones arbitrarias, 289 casos de tortura, 192 casos de violación, al menos seis casos de desapariciones", resume Santiago Cantón, al ser consultado por DIARIO DE CUBA.
Cantón estuvo largamente al frente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y formó parte de un equipo de expertos convocados por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para determinar si en Venezuela existía una situación de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos que ameritara la actuación de la CPI.
"Cuando la defensa de los derechos humanos se mezcla con la política, solo se logran más desapariciones, más torturas, más violaciones. Con esta decisión, el gobierno argentino apoya la impunidad y fomenta más violaciones en Venezuela", recalca este abogado y defensor de derechos humanos.
La decisión de Argentina, por otro lado, coincide con una campaña orquestada por el chavismo para descalificar, ante los venezolanos, el papel independiente de la CPI.
El fiscal General, Tarek William Saab, quien fue designado de forma ilegítima por la entonces Asamblea Nacional Constituyente, anunció este jueves la estrategia que seguirá el chavismo. A su juicio, la CPI ha "vulnerado" el derecho a la defensa del Gobierno de Nicolás Maduro.
Asimismo, anunció que el Estado venezolano pidió a la CPI el control judicial e imparcialidad en la investigación, "para que esta se pronuncie sobre la inseguridad que inunda la fase de examen preliminar", dijo el funcionario.
Según el abogado y activista venezolano Carlos Patiño, las acciones de Saab evidencian "nerviosismo por inminente desenlace del examen preliminar sobre la situación de Venezuela".
Si bien el proceso ha sido dilatado, organizaciones venezolanas e internacionales aguardan con expectativa positiva la decisión, que podría significar la apertura de una investigación formal de la CPI en contra de Maduro por crímenes de lesa humanidad.
En mayo del año pasado, la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, aseveró que su oficina había hecho "avances significativos" en el examen preliminar abierto al régimen de Venezuela en 2018 y, según ella, se esperan nuevas decisiones antes de que concluyera 2020, cosa que finalmente no ocurrió.
De acuerdo con fuentes diplomáticas consultadas por DIARIO DE CUBA, es posible que Bensouda anuncie su decisión en uno de sus últimos actos como fiscal general de la CPI. Está previsto que en junio de 2021 asuma en dicho cargo el británico Karim Khan.
Cual seria la fecha de la boda de Cristina con Nicolas ?
Los veos tan amoroso en la foto que me imagino que serà una buena parejas !
La decisión la toma de regreso de su viaje a México y sus conversaciones con AMLO. Recuerden que este último señor está jugando en esta nueva etapa el rol que el castrismo le asignó a Lula ...
Zurdos ... ¿qué esperan de ellos ... ?