"Lo que tenemos que hacer es encontrar una manera de sancionar al régimen sin afectar a la población", declaró en una entrevista el presidente peruano Martín Vizcarra refiriéndose a la carta firmada este miércoles por Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, y Canadá en la que se le pide a la Corte Penal Internacional (CPI) que inicie una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Gobierno de Venezuela.
Es la primera vez, desde su fundación en 2002, que la CPI, con sede en La Haya, recibe la petición de un Estado para que intervenga en otro país. Por tanto, la acción de los cinco gobiernos latinoamericanos supone un acontecimiento inédito en la escena internacional.
La solicitud se basa en sendos informes elaborados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y el panel de expertos independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Según este último documento, publicado en mayo, la violencia del Estado venezolano se ha saldado con al menos 8.292 ejecuciones extrajudiciales y 12.000 casos de detenciones arbitrarias en los últimos cinco años. Además, da cuenta de la existencia de unos 1.300 presos políticos en el país.
En sus conclusiones postula que hay "fundamento suficiente" para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Tensión regional
No es de sorprender que entre los denunciantes se encuentren algunos de los países más afectados por la crisis regional desatada por el éxodo masivo de venezolanos, como Perú y Colombia, que han acogido respectivamente a 450.000 y un millón de ciudadanos venezolanos.
Para Colombia, además, la situación en Venezuela se plantea como un problema de seguridad nacional, ya que el territorio venezolano se ha convertido en una especie de retaguardia para la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y para otros grupos vinculados a actividades delictivas como el narcotráfico.
También están presentes, entre los firmantes de la carta, gobiernos que han asumido una intensa actividad diplomática con el fin de presionar al régimen venezolano para que respete los derechos y libertades fundamentales de sus ciudadanos, como los de Argentina y Chile.
Caracas no ha tardado en reaccionar, acusando a los cinco países latinoamericanos de urdir una estrategia para agredir al Gobierno de Nicolás Maduro.
El canciller venezolano, Jorge Arreaza, descalificó la denuncia por utilizar como sustento "el informe de un hombre que quiere la intervención y la guerra", en referencia a Luis Almagro, el secretario general de la OEA.
Nicolás Maduro, por su parte, se ha encargado personalmente en los últimos días de lanzar dardos diplomáticos.
Así, ha asegurado que posee "elementos de convicción de la participación de diplomáticos de Chile, Colombia y México en la protección" de quienes habrían ejecutado un atentado en su contra en agosto pasado. No sin insistir en que "hay gobiernos como el de Chile que está embarrado, bien embarrado en esta operación".
Y este martes Maduro retó a su homólogo colombiano, Iván Duque, a un debate televisado para hablar de la situación de sus respectivos países. Pero sugirió que no se daría porque Duque "tiene miedo". También tachó al mandatario colombiano de "diablo con cara de angelito" y de tener "orden de los gringos de no hablar con el Gobierno de Venezuela".
El régimen venezolano, contra las cuerdas
La acritud de la riposta venezolana, más allá de la descalificación a la que acuden habitualmente sus voceros para contrarrestar todo tipo de cuestionamiento, muestra cierta crispación en un momento en que la inflación ronda el millón por ciento, el PIB se ha contraído en casi un 40% en cuatro años y el aislamiento del régimen en el escenario internacional es cada vez mayor.
La denuncia ante el Tribunal de La Haya se presenta pues como un agravante más.
Como señalan los expertos Francisco José Quintana y Rodrigo Diamanti, en el New York Times, "la CPI es el primer tribunal penal internacional permanente y tiene jurisdicción para investigar y castigar a los máximos responsables de delitos internacionales, incluyendo crímenes contra los derechos humanos".
Después de abrir una investigación, la CPI puede emitir órdenes de captura internacional contra individuos sospechosos de tales hechos, incluso contra jefes de Estado, como es el caso de Nicolás Maduro. Los declarados culpables pueden enfrentar penas de hasta 30 años de cárcel.
En febrero pasado, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, había anunciado ya la apertura de un examen preliminar para el caso de Venezuela, siguiendo el reclamo de organizaciones de la sociedad civil venezolana de que se investiguen los crímenes perpetrados por el Estado.
Ni el examen preliminar ni la denuncia de los países latinoamericanos implican el inicio automático de una investigación. Pero si la Fiscalía de la Corte decidiera ir en ese sentido, gracias a la petición de los estados, podría entablar directamente el proceso sin la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares, un trámite que requeriría demasiado tiempo.
Según Quintana y Diamanti, Venezuela "dispondría de un único recurso para impedir la intervención directa de la CPI: que los delitos se investiguen y sancionen localmente, a través de sus propias instituciones judiciales". De lo contrario, los responsables chavistas podrían ser juzgados e incluso condenados en La Haya.
Visto así, la iniciativa latinoamericana tiene una doble ventaja. Por una parte, evitar la lentitud en la toma de decisiones de las organizaciones internacionales. Algo que se da aun en una instancia como el Grupo de Lima, conformado por una docena de países de la región, cuyo objetivo fundacional es buscar una salida a la crisis venezolana.
Por otra parte, la petición opera como un ultimátum al régimen venezolano: o detiene la fuga dictatorial hacia adelante o tendrá a la Justicia internacional pisándole los talones sin receso.
Es también, como precisó el mandatario peruano Martín Vizcarra, una manera de descartar la vía "bélica", refiriéndose implícitamente a declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, o del presidente estadounidense, Donald Trump, que sugerían una intervención militar, cuando no un golpe de Estado.
"Tenemos que esforzarnos en encontrar una solución, pero que sea dentro de los canales pacíficos."