La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió un examen preliminar a Venezuela por posibles abusos de sus fuerzas de seguridad, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017 como en algunas cárceles, donde supuestamente se maltrató a opositores, reportó EFE.
Según la información recopilada por la Fiscalía de la CPI, agentes de seguridad del Estado utilizaron "con frecuencia" una "fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones" y detuvieron y encarcelaron "a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes".
Las protestas comenzaron cuando el Tribunal Supremo de Venezuela dejó sin competencias a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y sacaron a la calle a miles de personas en todo el país, sobre todo en Caracas.
El segundo punto importante del examen preliminar se refiere al trato recibido por los detenidos después de las manifestaciones, pues, según la Fiscalía, algunos de ellos fueron "presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato".
El foco principal de la evaluación se centra en los hechos ocurridos a partir de abril de 2017, pero no se descarta hacer indagaciones sobre sucesos violentos anteriores, dijeron fuentes del tribunal a EFE.
La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, reconoció también en un vídeo hecho público este jueves que "algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos", que causaron lesiones y muertos entre miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas.
Este examen preliminar no es una investigación plena, sino un paso previo para analizar la información disponible y determinar si existe fundamento razonable para seguir adelante.
A partir de ahora, la Fiscalía mantendrá contactos con las autoridades venezolanas para evaluar las investigaciones y enjuiciamientos relevantes llevados a cabo en su sistema jurídico nacional.
La CPI es una instancia judicial de último recurso y se rige por el principio de complementariedad; es decir, no intervendría si la Justicia venezolana llevara a cabo genuinas indagaciones sobre los hechos investigados.
El paso dado el jueves por la Fiscalía tiene como origen los datos enviados a La Haya por diversas fuentes, aunque Bensouda se reserva el derecho a utilizar informes adicionales que podría recibir en el transcurso de sus pesquisas.
Una de esas fuentes fue la exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz, que en noviembre del año pasado se reunió más de una hora y media con personal de la Fiscalía de La Haya para entregarle pruebas de supuestos abusos cometidos por fuerzas de seguridad del Estado entre 2015 y junio de 2017.
El examen preliminar tiene varias salidas posibles, una de ellas la apertura de una investigación plena, lo que significaría que la Fiscalía podría hacer indagaciones por su propia cuenta y, eventualmente, tramitar órdenes de arresto.
Otra posibilidad es que la Fiscalía decline seguir con el examen preliminar porque no encuentre fundamentos suficientes para seguir adelante, ya sea porque los delitos no son suficientemente graves o porque quede satisfecha con las investigaciones hechas en Venezuela.
Al no haber plazos establecidos, una tercera opción es que el examen preliminar dure años y se alargue en el tiempo, como ha ocurrido en el caso de Colombia, que lleva en La Haya desde 2004 y versa sobre el conflicto entre el Estado y la entonces guerrilla de las FARC.
Fuentes de la corte negaron con rotundidad que el examen preliminar esté relacionado con la convocatoria de elecciones en Venezuela, anunciadas para el 22 de abril, aunque reconocieron que "los tiempos" y el "actual debate político" convierten al país latinoamericano en un tema "muy sensible" para el tribunal.
La Eurocámara pide ampliar las sanciones a Maduro
El Parlamento Europeo aprobó este jueves una dura resolución que insta a incluir al presidente Nicolás Maduro en la lista europea de sancionados por la represión en Venezuela.
Según informó El País, el texto parlamentario, que no es vinculante, revela la creciente frustración europea por la falta de resultados del diálogo político al tiempo que se deteriora la situación económica y social en el país caribeño.
Junto a la petición de más sanciones, el documento expresa una "enérgica condena" a la expulsión del embajador español en Caracas, Jesús Silva, y pide a la UE "total solidaridad con España" en este terreno.
La resolución fue inicialmente propuesta por populares, liberales y conservadores, aunque finalmente ha recibido también el apoyo de los socialistas y de una parte de los verdes. Se ha aprobado por 480 votos a favor, con 51 en contra y 70 abstenciones. De los eurodiputados españoles, solo Izquierda Unida y Podemos se han opuesto.
"Apoyamos el incremento de las sanciones, pero si hay acuerdo entre Gobierno y oposición, tiene que ser reversible. Junto a la condena a lo que ocurre en Venezuela, insistimos en la necesidad de que haya un acuerdo en el país", explicó Ramón Jáuregui, jefe de filas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la Eurocámara.
Los socialdemócratas se han sumado a este mensaje tan rotundo al ver que fracasaban las negociaciones entre Gobierno y oposición.
Aunque no es la primera vez que los eurodiputados alertan sobre la situación política en Venezuela, el tono adoptado ahora resulta más severo que en otras ocasiones.
El texto aplaude las sanciones ya aprobadas contra otros dirigentes, que suponen la prohibición de entrada en la UE y la congelación de bienes en territorio comunitario. Pero inmediatamente insta a ampliarlas a los "principales responsables del empeoramiento de la crisis política, social, económica y humanitaria" en Venezuela.
Entre ellos cita a Maduro, al vicepresidente Tareck el Aissami y a miembros del mando militar y del círculo de Gobierno, "incluidos familiares".