El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, cuya mayoría de rectores son afines al régimen de Daniel Ortega, ilegalizó al Partido Restauración Democrática (PRD), con lo cual le quitaron piso legal a la llamada Coalición Nacional, que acudiría a las elecciones presidenciales usando la tarjeta de votación del PRD.
Este 18 de mayo el CSE dio a conocer su polémica decisión, que fue rápidamente condenada, ya que constituye un obstáculo más para los actores prodemocracia de cara a las elecciones presidenciales del venidero 7 de noviembre. En estos comicios, Ortega y su esposa, Rosario Murillo, buscan repetir como presidente y vicepresidenta, tras estar 14 años consecutivos en el poder.
La decisión del CSE además, ha ocurrido a escasos días de que las fuerzas democráticas surgidas tras las protestas antigubernamentales de 2018, anunciaran que no habían alcanzado un acuerdo para ir de manera conjunta a las elecciones.
La semana pasada concluyó con este anuncio, que analistas igualmente interpretaron como beneficioso para los planes de Ortega de permanecer en el poder.
La Alianza Ciudadana de Nicaragua y la Coalición Nacional optaron por acudir de forma separada. La primera decidió registrarse ante el CSE y la segunda había optado por usar la tarjeta electoral del PRD. La alianza tiene un perfil más conservador, mientras que la Coalición más de izquierda. Esta última está formada por cuatro movimientos surgidos tras las protestas de abril de 218, que fueron duramente reprimidas, y dos partidos políticos.
"El tiempo corre en contra de los dirigentes opositores nicaragüenses, quienes, tras el fracaso de una alianza electoral, analizan con reservas un acuerdo político que permita la unidad", puntualiza desde Managua el periodista Juan Carlos Bow.
No hay señales, sin embargo, de que haya acercamiento. La ilegalización del PRD, por ejemplo, sirvió para que voceros de la Coalición hicieran señalamientos públicos en contra de la Alianza, incluso acusándole de actuar en complicidad con el régimen de Ortega.
"La reciente reforma electoral y la elección de magistrados del Poder Electoral, afines al oficialismo, ponen cuesta arriba un posible triunfo opositor. La división del voto opositor, además, facilitará más la materialización de un fraude electoral", adelanta Bow.
"La dictadura quiere elecciones controladas, en un terreno a su medida, con fuerzas bajo su dominio y con participantes condicionados. La Coalición Nacional, no podía ser administrada por el régimen. Por eso han optado por eliminar al PRD como su casilla en las próximas elecciones", se pronunció el partido Unión Democrática Renovadora (Unamos), llamado anteriormente Movimiento Renovador Sandinista (MRS).
Otra estrategia seguida por el sandinismo ha sido usar la palabra "alianza" en otras agrupaciones políticas, para confundir al electorado, dado que esta palabra se relaciona con las protestas de 2018 y de los movimientos que surgieron entonces.
La semana pasada se inscribió como alianza electoral otro bloque de la oposición, el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL). Se trata de un partido minoritario que se autodenomina opositor, pero muchos opositores y analistas lo vinculan al gobernante Frente Sandinista, el partido de Ortega.
Hasta el propio Frente Sandinista se inscribió, en esta oportunidad como Alianza FSLN Unida Nicaragua.
La llamada Comisión de Buena Voluntad, formada por independientes que han fungidos como mediadores entre la Alianza y la Coalición, hizo un llamado a ambas plataformas prodemocracia a no abandonar la posibilidad de "gestar la unidad de la voluntad ciudadana para derrotar a la dictadura".
Una posibilidad que ha planteado esta comisión es que aún con inscripciones partidistas distintas se logre un consenso en torno a una candidatura única de la oposición democrática. Se espera que en junio se definan los nombres definitivos, en un contexto en el que abundan los "precandidatos" presidenciales.
El periodista y analista Carlos Fernando Chamorro, por su parte, señala que la falta de acuerdos entre las fuerzas opositoras "genera un estado de desesperanza" entre los nicaragüenses que creen en la posibilidad del cambio democrático a través del voto. Según Chamorro, Nicaragua se adentra en el peor escenario para la realización de las elecciones presidenciales.
El pasado 10 de enero, Ortega cumplió 14 años consecutivos en el Ejecutivo, en su segunda etapa como presidente, tras encabezar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.
