El proceso electoral en Nicaragua, de cara a los comicios generales del 7 de noviembre venidero, es una suerte de carrera de obstáculos para los actores democráticos. A seis meses de las votaciones la Asamblea Nacional, el Legislativo que controla el presidente Daniel Ortega ha colocado nuevas trabas y condiciones, en contravía de las recomendaciones de entes internacionales.
Los diputados del sandinismo aprobaron de forma holgada este martes la reforma electoral y el nombramiento de un directorio abiertamente parcializado en el Consejo Supremo Electoral. La secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazó tales decisiones ayer jueves.
La secretaria general, a cargo de Luis Almagro, "observa con extrema preocupación la elección de los altos magistrados que compondrán el Consejo Supremo Electoral (CSE) y la aprobación de reformas electorales que van en contra de los principios y las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional, incluida la Misión de Observación Electoral de la OEA (MOE/OEA) en 2017, y resoluciones del Consejo Permanente y de la Asamblea General de la Organización".
Una de las medidas más polémicas, además de tener un "árbitro" electoral que estará parcializado a favor del sandinismo, es el conjunto de medidas para inhibir o atajar la inscripción de candidatos opositores a la Presidencia.
Ortega busca un tercer período consecutivo, hará llave como ha sido habitual, con su esposa Rosario Murillo, quien aspirará de nuevo a ser la vicepresidenta.
El sandinismo ha adelantado que "traidores a la patria" no podrían ser candidatos presidenciales, para ello una condición es pasar a los aspirantes a través de los filtros creados por dos leyes recientes bastante ideologizadas: Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
De esa forma, haber recibido financiamiento internacional o el no haber condenado públicamente las sanciones de EEUU contra el régimen de Ortega serán causales para descartar aspirantes de oposición a la Presidencia.
"La elección de magistrados y la aprobación de estas reformas diseñadas por la Comisión Especial de Asuntos Electorales de la Asamblea Nacional de Nicaragua claramente dan ventaja absoluta al partido oficial en el control de la administración y justicia electoral, eliminando las garantías necesarias y la credibilidad institucional mínima para el desarrollo de un proceso electoral libre y justo en noviembre de 2021", sostuvo el comunicado de la OEA.
El periodista Moisés Martínez, desde Managua, adelantó que las decisiones del Parlamento "orteguista" abre "las puertas a un fraude en las próximas elecciones del 7 de noviembre".
"Nicaragua se encamina a elecciones viciadas a menos que implemente un proceso libre y justo que respete la voluntad de la gente", adelantó Julie Chung, vocera del Departamento de Estado de EEUU en asuntos hemisféricos.
El precandidato opositor Arturo Cruz, de la Alianza Ciudadana, al reaccionar a la decisión legislativa dijo que "todavía falta que hable la mayoría", cuando ocurran finalmente las elecciones de noviembre.
Otra decisión aprobada en el seno de la Asamblea Nacional ha sido dejar sin efecto la observación electoral independiente en los comicios de Nicaragua. Siguiendo el mismo discurso que ha impuesto el chavismo en Venezuela, el régimen de Ortega sostiene que está abierto al "acompañamiento" pero no a la observación como tal por parte de entes especializados, incluida la OEA.
El Consejo Supremo Electoral tendrá, entre sus siete miembros, a seis de los magistrados titulares propuestos por el gobernante Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN). El séptimo fue postulado por el Partido Conservador, un partido minoritario afín al Gobierno de Ortega.
Entretanto, los tres cargos de magistrados suplentes fueron asignados a un sandinista y a dos candidatos propuestos por el Partido Liberal Constitucionalista, señalado por la oposición democrática de ser una agrupación colaboracionista del presidente Daniel Ortega y de su esposa y vicepresidenta del país Rosario Murillo.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), una de las organizaciones perseguidas por el régimen de Ortega, condenó las decisiones del Legislativo ya que "atropella los derechos constitucionales y consolida las estructuras para continuar con la carrera de fraudes electorales que ha caracterizado al régimen Ortega-Murillo".
Finalmente, el precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro llamó a participar en las votaciones, a pesar de estas reformas y nombramientos, para así poder "demostrar el fraude" en caso de que el sandinismo no reconozca el triunfo opositor que este economista da por descontado, dado el alto rechazo que recae sobre Ortega.
Tal como reseñó DIARIO DE CUBA, en marzo pasado el Consejo de Derechos Humanos de la ONU le dio un mandato a la alta comisionada Michelle Bachelet para que haga seguimiento del proceso electoral y brinde un informe ante este órgano en Ginebra.
De acuerdo con esa resolución, en Nicaragua debían ponerse en marcha reformas electorales que garanticen elecciones libres, justas, transparentes, y representativas de acuerdo con los estándares internacionales.
Y desde el Santo Pedrusco, las palabras de nuestro Difunto en Jefe: "Qué talentoso me ha salido este muchacho". "¡Vas bien Daniel!"
Rosario Murillo siempre lista pa los Carnavales.
Como en Cuba. Ellos deciden quiénes son delegados, quiénes son del partido, quién viaja y quién no; quiénes pueden hacer negocio, quién es artista, quién puede protestar… Jo!
Lo bueno que a este y a la bruja lo que le quedan son dos sanguivín. Ya huelen a pavo asado.
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