La Contraloría General de Venezuela inhabilitó al líder opositor Juan Guaidó y a otros 27 exdiputados, acusados de supuestamente ocultar información de sus patrimonios tras el cese de sus funciones como legisladores, por lo que no podrán ejercer cargos públicos durante los próximos 15 años, reportó la agencia AP.
El contralor general Elvis Amoroso, un partidario del Gobierno chavista y cercano colaborador de Nicolás Maduro, anunció que los 28 exdiputados de la Asamblea Nacional —electa para el periodo 2015-2020 y con abrumadora mayoría opositora— quedaron inhabilitados luego de que "se negaron" a presentar sus declaraciones juradas de patrimonio dentro de los 30 días siguientes al cese de sus funciones.
La nueva Asamblea Nacional, que el oficialismo recuperó luego de cinco años, se instaló el 5 de enero pasado.
Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional en funciones, se declaró presidente interino en 2019 y fue reconocido por EEUU, entre otros 60 países, como gobernante legítimo de Venezuela en lugar de Maduro argumentando que la reelección del mandatario en 2018 fue fraudulenta.
La Contraloría General, que se encarga de la revisión de la gestión de todos los organismos estatales y funcionarios públicos, previamente en 2019 inhabilitó a Guaidó para participar en elecciones y ejercer cargos públicos en Venezuela por 15 años, por la supuesta falsificación de datos en su declaración patrimonial y por recibir dinero del exterior sin justificación.
"Sabemos que esos personajes están seriamente involucrados en hechos de corrupción, se han apoderado del dinero de ustedes, de nosotros, de todos los venezolanos tanto aquí en Venezuela como en el extranjero", declaró Amoroso, resaltando que todos los funcionarios públicos electos o no están "obligados hacer la declaración jurada de patrimonio".
"Estos señores no han declarado ante la Contraloría General de la República" porque "ocultan algo o se enriquecieron ilícitamente", dijo el contralor. Añadió que una serie de investigaciones sobre presuntos delitos de corrupción están en curso.
Entre los inhabilitados figura Germán Ferrer, un exguerrillero izquierdista y esposo de la exfiscal general Luisa Ortega Díaz. Ambos son disidentes del oficialismo.
Ferrer y Díaz huyeron del país después de que la funcionaria fue destituida del cargo en 2017 por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, creada ese año para redactar una nueva constitución y que cesó sus funciones luego de tres años, en diciembre de 2020, sin promulgarla.
Ortega Díaz, quien se alejó del gobierno en medio de las violentas protestas callejeras de 2017, reside en Colombia y ha impulsado procesos judiciales en el extranjero contra Maduro, al que acusa de cometer violaciones de derechos humanos y una serie de actos de corrupción.
Guaidó dice que continuará luchando por "elecciones libres" pese a amenazas
Por su parte, Juan Guaidó dijo el martes que continuará trabajando para que se celebren "elecciones libres", pese a considerar que existen amenazas en su contra, en una jornada en la que la Contraloría reiteró la inhabilitación del dirigente para ejercer cargos públicos.
"Mi compromiso es con los venezolanos, por lograr recuperar la democracia en nuestro país. Amenacen todo lo que quieran que nosotros seguimos aquí trabajando", dijo Guaidó en un mensaje en Twitter, que acompañó con imágenes de noticias en las que dirigentes oficialistas pedían su detención o se daba cuenta de su inhabilitación política.
"Son estas acciones de la dictadura las que cierran la puerta a unas elecciones libres, nuestra lucha es por recuperarlas", dijo Guaidó en relación con este anuncio.
El equipo de Guaidó dijo en un comunicado que el opositor suma en inhabilitaciones "más de 60 años de sentencias sin valor práctico".
"Esta nueva acción contra el presidente Guaidó y contra nuestros diputados es una muestra de la ausencia absoluta de condiciones para ejercer la política en Venezuela y nos ayuda a recordar el por qué emprendimos la lucha por elecciones libres para nuestro país", continuó la oposición en el texto.
El líder opositor afirmó que mantiene su cargo como diputado.
Guaidó y otros exdiputados se reúnen bajo una instancia denominada comisión delegada, una figura que pusieron en marcha en diciembre pasado para prolongar el mandato que entonces ejercía como jefe del Parlamento.
El dirigente decidió usar esta instancia como una forma de dar validez a sus decisiones, tras considerar que las elecciones legislativas que se celebraron en diciembre pasado carecían de estándares democráticos y por ello su coalición no participó.
La comisión, una figura que el Parlamento activa cuando se encuentra en período de receso, es reconocida por algunos países como EEUU o Colombia, pero en Venezuela ha perdido su validez ante la instalación del nuevo ente Legislativo que es controlado por el chavismo.
