La oposición debate estrategias ante las elecciones controladas de noviembre

Tal como ha hecho el chavismo en Venezuela, el sandinismo en Nicaragua ha ratificado que realizará elecciones presidenciales y legislativas el 7 de noviembre de 2021, contra viento y marea. Los diversos actores de oposición, en el país centroamericano, aún tratan de definir estrategias sobre qué hacer ante unos comicios que serán claramente controlados por el régimen de Daniel Ortega.

El pasado fin de semana la llamada Coalición Nacional, de oposición, anunció que se prepara para los comicios y llamó a constituir una "plataforma electoral amplia e inclusiva". Otros referentes críticos del sandinismo apuestan por reanimar las protestas ciudadanas para presionar por reformas profundas del sistema de votación, como condición previa para participar.

"A diez meses de las elecciones presidenciales y legislativas de 2021, bajo el Estado policial y sin una reforma electoral, [la oposición democrática] enfrenta la disyuntiva de someterse al intento final de Daniel Ortega para legalizar la dictadura, o relanzar la resistencia civil hasta conquistar las garantías de una elección libre y competitiva para tomar el poder", comenta Carlos Fernando Chamorro.

El reconocido periodista nicaragüense sintetiza para DIARIO DE CUBA el dilema al cual se enfrentan las fuerzas democráticas de su país en este 2021, que resultará crucial dado que está en juego la posibilidad de que el régimen de Ortega se entronice tras estar ya 14 años en el poder.

"Tal como ocurrió con las fuerzas democráticas de Venezuela, los nicaragüenses están ante un serio dilema con posibilidades de fragmentarse, dado que existen posiciones divergentes entre participar, y desde adentro del proceso electoral presionar por cambios, o levantar una bandera de no participación hasta tanto no haya condiciones mínimas", comenta a DIARIO DE CUBA un diplomático europeo conocedor de los contextos de Nicaragua y Venezuela.

También, como en Venezuela, el sandinismo ya ha puesto en marcha una estrategia para achicar el espacio de participación. En diciembre, por ejemplo, se aprobó una ley que busca impedir la participación opositora en noviembre de este 2021.

Los legisladores sandinistas, que controlan la Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, aprobaron en vísperas de Navidad una ley que inhibirá las candidaturas de aquellos nicaragüenses que aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado y sus ciudadanos, los cuales además pasarán a ser considerados "traidores a la patria".

La "ley de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación por la paz" que "busca prevenir las candidaturas de la oposición es un paso más en la intimidación del pueblo nicaragüense, alejando el país del Estado de derecho", expresó el 22 de diciembre el español Josep Borrell, alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE).

Por su parte, la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) consideró que esta ley es contraria a la Carta Democrática y les niega a los nicaragüenses del derecho a elegir libremente a sus autoridades, transformando los comicios de noviembre de 2021 "en una imposición en lugar de una elección".

De acuerdo con analistas, el Gobierno de Managua busca coartar una eventual participación de los referentes de la llamada "revolución de abril [de 2018]".

Ortega, de hecho, ha calificado de "golpistas" y "terroristas" a los opositores que participaron en las protestas sociales que estallaron en abril de 2018 y que dejaron al menos 328 muertos, cientos de detenidos y unos 100.000 exiliados por la represión estatal, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A juicio de Chamorro, la opción de participar en los comicios sin que esté acompañada de una movilización ciudadana solo servirá para "legitimar el regreso al statu quo anterior a abril 2018, ahora con una dictadura sangrienta en la impunidad".

Por tal razón, en su opinión debe apostarse por una estrategia que desafíe al poder de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo a través de "una plataforma de unidad nacional, con la participación del movimiento Azul y Blanco y los partidos opositores, convocando el apoyo del sector empresarial, el liderazgo moral de la Iglesia Católica, y los servidores públicos —civiles y militares— para restituir el derecho a elecciones libres y competitivas y negociar una reforma electoral".

Solo con tales objetivos alcanzados, dice Chamorro, tendría sentido participar en las elecciones que se efectuarán el 7 de noviembre. Advierte el periodista que en la actualidad las señales apuntan a una división en dos bloques de las fuerzas democráticas, con lo cual Ortega y Murillo podrían extender su permanencia en el poder.