El Parlamento de Nicaragua aprobó el martes una ley contra los ciberdelitos que permite castigar con hasta diez años de prisión crímenes cibernéticos como el hackeo, el robo de identidad, el espionaje informático y también a aquellas personas que "difundan información falsa.
El órgano legislador, con mayoría del partido del Gobierno de Daniel Ortega, el Frente Sandinista (FSLN), aprobó la ley con 70 votos a favor, 16 en contra y cuatro abstenciones, resumió BBC.
El texto se denomina Ley Especial de Ciberdelitos y, según la Asamblea Nacional, tiene como objetivo la protección de la ciudadanía y la sanción de los delitos cometidos a través de las tecnologías de la comunicación.
Dicha iniciativa ha sido duramente criticada por la oposición, la prensa independiente y organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes argumentan que se trata en realidad de "una ley mordaza" que limita la libertad de expresión y amenaza el ejercicio del periodismo, algo que negaron los diputados del FSLN.
"Esta iniciativa tiene por objeto la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos cometidos a través de las TIC (tecnologías de la información y comunicación) en perjuicio de personas naturales o jurídicas, así como la protección integral de los sistemas que utilicen dichas tecnologías", describió la Asamblea Nacional.
La ley fue aprobada por los 70 votos a favor de diputados sandinistas y sus aliados. La Ley establece penas desde uno hasta diez años de cárcel para aquellos imputados por alguno de los 30 delitos que tipifica.
La máxima condena se ejecutaría en caso de espionaje informático.
De todos los delitos tipificados por la Ley, el que más genera polémica es el recogido por el artículo número 30, que condena a todo aquel que difunda noticias que sean consideradas falsas.
El artículo establece penas de entre dos a cinco años de cárcel a los que difundan "noticias falsas" que produzcan "temor, zozobra o alarma en la población", perjudiquen el honor, prestigio y dignidad de otras personas y pongan en peligro el orden público o la "seguridad soberana".
El debate sobre la iniciativa evidenció divisiones de opinión entre el Gobierno y la oposición. "Se les acabó el negocio a los mentirosos, a los que son parte de la industria de las mentiras en las redes sociales, a los que crean y difundan falsas noticias", dijo durante el debate Emilio López, diputado del FSLN.
Antes de votar en contra, el opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC) manifestó su "oposición a la totalidad de cualquier iniciativa que vaya en detrimento de los derechos inalienables del pueblo".
Esta y otras leyes que impulsa Managua se inscriben en una ofensiva mucho más amplia, que incluye el acoso fiscal a medios de comunicación y empresarios opositores y el incremento al asedio policial a exprisioneros políticos y líderes opositores, quienes son cercados en sus viviendas y lugares de reunión, o son perseguidos de forma ostensible por patrullas y paramilitares por donde se movilizan.
Canal 12, uno de los dos canales independientes de televisión abierta que aún quedan en Nicaragua, se encuentra embargado por supuestos pagos de impuestos atrasados. Según el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), el acoso fiscal alcanza ya a más de 300 empresas.
La ofensiva autoritaria de Ortega ha despertado las alarmas del gobierno de EEUU y de la Unión Europea, quienes han advertido de las consecuencias que tendría para Nicaragua la aprobación de esas leyes.
"Otra semana, otra ley de Ortega que atropella la libertad de expresión y prensa. La propuesta ley de ciberdelitos es una amenaza a los nicaragüenses con criterio propio que criminaliza las expresiones que disgustan al régimen de Ortega. Así no actúan los gobiernos democráticos", señaló en su cuenta de Twitter Michael G. Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del hemisferio occidental de EEUU.
Carlos Trujillo, embajador de EEUU ante la OEA, se refirió en términos similares a través de la misma red social.
"Todos deberían preocuparse en la Asamblea de la OEA que Ortega cierre los medios independientes, califique a opositores como 'agentes extranjeros' y criminalice la libertad de expresión en línea. En vez de garantizar elecciones justas en 2021, Ortega acelera el totalitarismo", escribió.
También el Parlamento Europeo aprobó con 609 votos a favor y solo 21 en contra una resolución que en términos muy duros rechazó la aprobación de estas leyes que buscan "silenciar a los críticos, lo que agravará aún más la ya insostenible situación de derechos humanos en Nicaragua" y advirtió de posibles sanciones comerciales y a funcionarios, incluyendo los gobernantes Ortega y Murillo, si llegaran a aprobarse.
