Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos decidió este lunes que el presidente Donald Trump puede poner fin al programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que protege de la deportación a casi 400.000 inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, reportó EFE.
En una decisión de dos votos a uno, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito anuló una orden judicial preliminar emitida por el juez de distrito Edward Chen en 2018 que impedía que la Administración de Trump pusiera fin al TPS para inmigrantes de esos países.
El fallo judicial de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, al que tuvo acceso EFE, pone en riesgo de deportación a unos 300.000 salvadoreños, 5.000 nicaragüenses, 58.000 haitianos y 1.000 sudaneses que, hasta ahora, estaban amparados por esa protección migratoria con la que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a ciudadanos de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.
"El tribunal de distrito abusó de su discreción al emitir la orden judicial preliminar", señalaron los tres jueces de la corte con sede en Pasadena, California.
En 2017 y 2018, la administración de Trump anunció que terminaría la designación de TPS para estos cuatro países, una decisión que un tribunal de distrito de California bloqueó.
Además de los 400.000 inmigrantes que están protegidos por el TPS, también se espera que el fallo afecte a más de 200.000 niños nacidos en Estados Unidos, según documentos judiciales. A falta del TPS, estos beneficiarios podrían ser deportados si no encuentran otra forma de legalizar su estatus migratorio.
Pese a la decisión de hoy, Trump realmente no podría terminar el TPS para Nicaragua, Sudán y Haití hasta el próximo 5 de marzo, mientras que los salvadoreños tendrán tiempo hasta noviembre de 2021, según uno de los abogados líderes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Ahilan Arulanantham.
Arulanantham explicó eso durante una llamada organizada por la Alianza Nacional para el TPS en la que tildó a Trump de "racista" y anunció que continuarán tomando acciones legales contra la eliminación del programa para los cuatro países.
"Las declaraciones viles del presidente sobre los titulares de TPS dejaron perfectamente claro que su administración actuó con motivo racial. La Constitución no permite que la política sea impulsada por racismo", agregó.
