Un informe publicado recientemente por Amnistía Internacional acerca de la situación de los derechos humanos en Irán denuncia violaciones sexuales, flagelaciones, descargas eléctricas, simulacros de ejecución, torturas, ingestión forzada de productos químicos y negación de atención médica a activistas tras las protestas de noviembre de 2019.
Con el título de "Pisoteando la humanidad: arrestos masivos, desapariciones y torturas desde las protestas de Irán en noviembre de 2019", el documento condena la aplicación de prácticas como detenciones arbitrarias y condenas a muerte apoyadas en "confesiones" obtenidas bajo tortura.
La organización defensora de los derechos humanos responsabiliza por estas prácticas a policías, fuerzas de inteligencia, jueces y fiscales, quienes actúan en total complicidad con el régimen encabezado por el Ayatola Jamenei.
Las imágenes de agentes policiales disparando a ciudadanos iraníes tras las protestas que estallaron en más de 20 ciudades del país conmocionaron a muchos, pero de acuerdo con Diana Eltahawy, directora regional adjunta de la organización para Oriente Medio y África del Norte, "mucho menos visible ha sido el catálogo de crueldad infligida a los detenidos y sus familias por los funcionarios iraníes lejos de la vista del público".
En el informe se pueden leer historias escalofriantes de ciudadanos que nada tenían que ver con las manifestaciones, pero aun así fueron detenidos y en algunos casos incomunicados por largos períodos, sin derecho al servicio de abogados y en los muchas ocasiones bajo torturas.
Amnistía Internacional calcula que al menos 7.000 hombres, mujeres y niños fueron arrestados por las autoridades del Irán los días siguientes al comienzo de las manifestaciones.
Entre los ultrajados hubo numerosos menores de edad, así como ciudadanos que tras acudir a los hospitales para atenderse las heridas provocadas por las fuerzas represivas durante las protestas fueron detenidos y encarcelados.
También varios activistas, periodistas, defensores de los derechos humanos y ciudadanos que asistieron a los funerales de los fallecidos fueron juzgados y condenados a prisión e incluso a muerte en audiencias realizadas a puerta cerrada y oficiadas por jueces "parciales".
"En lugar de investigar las denuncias de desaparición forzada, tortura y otros malos tratos y delitos contra los detenidos, los fiscales iraníes se volvieron cómplices de la campaña de represión al presentar cargos de seguridad nacional contra cientos de personas únicamente por ejercer sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, mientras que los jueces dictaban veredictos de culpabilidad sobre la base de 'confesiones' contaminadas por las torturas", afirmó Diana Eltahawy.
"Esta letanía de crímenes y violaciones cometidos con total impunidad ha ido acompañada de una ola de 'confesiones' televisadas forzadas en vídeos de propaganda estatal y declaraciones grotescas de altos funcionarios que han elogiado a las fuerzas de inteligencia y seguridad como héroes por su papel en la brutal represión", añadió la funcionaria.
La organización accedió a los datos de más de 5.000 personas que fueron objeto de procedimientos penales injustos, entre los que citaron los casos de Amirhossein Moradi, Mohammad Rajabi, y Saeed Tamjidi, quienes fueron condenados a muerte por "enemistad contra Dios".
También numerosos ciudadanos denunciaron desapariciones forzadas, de las cuales en muchos casos no se ha vuelto a saber nada. Amnistía Internacional recogió al menos tres casos en esa situación, entre los que se encuentra el de los hermanos Medhi Roodbarian y Mostafa Roodbarian, de Mahshahr, provincia de Juzestán.
Las protestas comenzaron en la tarde del 15 de noviembre de 2019 y en cuestión de horas se extendieron a 21 ciudades a medida que los vídeos de las manifestaciones comenzaron a circular en línea.
El detonante fue al aumento del 200% en los precios del combustible, pero poco después se las peticiones se extendieron a la renuncia del Gobierno actual y el líder supremo Ali Jamenei.
