La anunciada visita "in loco" de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Venezuela, para este lunes 3 de febrero, pondrá a prueba el talante del régimen de Nicolás Maduro, ya que esta misión fue acordada a solicitud del Gobierno interino de Juan Guaidó, por intermedio del embajador que éste designó ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
A diferencia de la visita de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en 2019, acordada con el Gobierno de Maduro, en este caso luce improbable que el chavismo permita el ingreso de las autoridades de la CIDH. De hacerlo, estaría reconociendo la legitimidad de Guaidó y del embajador de éste ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño, quien ocupa la silla de Venezuela en el organismo hemisférico.
Al igual que la estrategia que siguió en su momento Cuba, el chavismo optó por concentrar sus esfuerzos diplomáticos en las diversas instancias de la Organización de Naciones Unidas. Allí tiene el voto de países igualmente autoritarios de Asia y África, así como el abierto respaldo de China y Rusia, con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Esta correlación le permitió al régimen de Maduro alcanzar un sillón en el Consejo de Derechos de la ONU, en 2019, cuando precisamente estaba siendo escrutado por la Alta Comisionada y otras relatorías especializadas en derechos humanos.
En nombre del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA), el abogado Marino Alvarado saludó esta iniciativa, ya que por un lado deja en evidencia la necesidad de los expertos internacionales en constatar en el terreno la "situación de vulnerabilidad", y al mismo tiempo se reconoce como poder legítimo a la Asamblea Nacional, el parlamento que preside Juan Guaidó.
"Nosotros saludamos ese esfuerzo de la Comisión Interamericana, de esa voluntad política, de por lo menos adoptar las medidas que considere necesarias para empaparse y conocer mejor la situación que está ocurriendo en el país", aseveró Alvarado a DIARIO DE CUBA.
De acuerdo con diversas fuentes consultadas por este periódico, incluso en la propia CIDH, este lunes 3 de febrero están planteados tres escenarios: 1) que el régimen de Maduro permita el ingreso de la CIDH y le facilite su presencia en Venezuela sin ninguna traba; este sencillamente se ve lejano. 2) que el régimen devuelva a los expertos de la CIDH en el propio aeropuerto, sin permitir su ingreso, y que estos retornen a Washington. Y 3) que los enviados de la CIDH, una vez impedidos de ingresar, opten por viajar a Cúcuta (en el paso fronterizo colombo-venezolano), y que desde allí reciban testimonio directo de los activistas y víctimas venezolanas.
El último escenario, un mecanismo que ya han usado organismos de derechos humanos en otros contextos cuando son impedidos de ingresar a un país, no luce probable, ya que no se han realizado preparativos para ello, al menos en esta ocasión.
"Nosotros abogamos porque esta visita se realice efectivamente. Esta ha sido una demanda de nuestra organización por más de 15 años, así lo hemos manifestado ante la propia CIDH en las distintas audiencias y sesiones en las que hemos participado", aseveró a DIARIO DE CUBA el abogado Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas.
"Por el comportamiento que ha tenido el Estado venezolano, representado por Nicolás Maduro, la consecuencia lógica es prever que la CIDH no va a poder pasar del aeropuerto de Maiquetía (que sirve a la ciudad de Caracas)", sostuvo Trujillo.
Alvarado también ve muy poco probable que se le permita ingresar al país a la misión de la CIDH.
Humberto Prado, designado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como Comisionado los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, dijo que el Gobierno de Maduro, si actúa sensatamente, no debería poner ninguna traba, ya que también ha permitido el ingreso de otras instancias especializadas, como es el caso de funcionarios del Alto Comisionado de la ONU.
De acuerdo con Prado, quien pidió que los activistas de la sociedad civil se hagan presentes en el aeropuerto el 3 de febrero, la delegación de la CIDH estará compuesta por cinco personas, destacándose la presencia de la presidenta, Esmeralda Arosemena de Troitiño, y del secretario ejecutivo, Paulo Abrão.
Asi mismo como llegan al aeropuerto, los despachan de vuelta a casita. Otro show.