El viernes 8 de junio, después de terminar un debate electoral en la ciudad mexicana de Piedras Negras, el candidato del PRI a la diputación federal del distrito de Coahuila, Fernando Purón Johnston, estaba por hacerse un selfie con un simpatizante cuando un hombre se acercó por detrás y le disparó en la cabeza.
El asesinato, captado por una cámara de vigilancia, venía a engrosar la lista de políticos asesinados desde el inicio, en septiembre pasado, del proceso electoral en México. Un registro fúnebre que acumula ya más de 110 víctimas.
Aún no se han establecido las razones del homicidio, pero la principal línea de investigación apunta al crimen organizado. Purón, quien fue alcalde de Piedras Negras de 2014 a 2017, se preciaba de haber arrinconado, durante su gestión, a los grupos criminales y en particular al cártel Los Zetas.
De estos decía: "los odio y los combato frontalmente con la mano firme y con el puño cerrado y no les tengo miedo". Este tipo de declaraciones se suele pagar con la vida en el México de hoy en día.
Se estima que, en el país azteca, la probabilidad que tiene un alcalde de ser asesinado es 12 veces mayor que la de un ciudadano común.
El asedio de las instituciones locales
Dos tendencias confluyen en la vulnerabilidad de los políticos locales ante el crimen organizado.
Por una parte, el mayor control que ejercen los cargos municipales sobre las partidas financieras destinadas a bienes y servicios públicos, debido al proceso de descentralización de los gastos administrativos comenzado a inicios de siglo.
Y, por otro lado, la dispersión de los cárteles por zonas del territorio nacional en las que no operaban, a raíz de la guerra contra la droga lanzada por Felipe Calderón en 2006. Algo que se acompaña de una diversificación de sus actividades.
Estas últimas contemplan, por ejemplo, la extorsión, los secuestros y el contrabando de combustible. Pero también el asedio de las instituciones regionales –ya sea mediante la supresión o la cooptación de los representantes públicos– para influir en políticas clave como la seguridad y los presupuestos.
El recrudecimiento en los últimos meses de los ataques hacia los políticos de base estaría relacionado principalmente con las elecciones generales del próximo primero de julio, en las que se renovarán más de 3.000 cargos públicos –la mitad de ellos a nivel local o municipal–.
Los grupos criminales buscarían así deshacerse de los candidatos que consideran un obstáculo para sus pretensiones de dominar ciertos territorios.
El hecho de que la gran mayoría de sus víctimas sean precisamente políticos locales deja al desnudo las diferencias abismales entre estos y los funcionarios y diputados federales, quienes gozan de una protección muchísimo más robusta y, en buena medida, se desentienden de esta violencia estructural.
Peligro para la democracia
Este fenómeno está sin dudas socavando los cimientos de la democracia mexicana. En primer lugar, porque induce a un número cada vez mayor de ciudadanos a no involucrarse en las contiendas electorales municipales, debido a las amenazas crecientes que pesan sobre los candidatos.
Esto conlleva a que una franja considerable de aquellos que se postulan termine defendiendo, por miedo o por conveniencia, los intereses del crimen organizado en detrimento de la ciudadanía.
"Hay que enfrentarse a la delincuencia. Sin miedo. Desgraciadamente, no todos hacen su trabajo. Algunos están incluso aliados a los criminales." Este fue uno de los últimos avisos de Purón. Y pone de relieve una situación cada vez más corriente en la vida mexicana: la infiltración de las instituciones por el narco.
Así, el analista y presidente del 2003 al 2007 del máximo órgano electoral de México, Luis Carlos Ugalde, ha revelado en estos días que existen indicios de que el narcotráfico financia campañas políticas, sobre todo en las pequeñas poblaciones del país. Y esto, principalmente, en los estados donde el crimen organizado está fuertemente implantado como en Michoacán, Chihuahua, Tamaulipas o Guerrero.
En estas condiciones, las posibilidades de exigir a los políticos locales que rindan cuentas ante su electorado se reducen drásticamente, puesto que, en las pequeñas localidades bajo tutela de los cárteles de la droga, el clima de intimidación termina por ahogar los reclamos ciudadanos.
Por último, si a nivel municipal cunde la percepción de que el crimen organizado logra determinar los resultados electorales, es de esperar que la participación en las urnas decaiga.
México se acerca al fin de la campaña electoral con índices inusitados de violencia y los crímenes pueden ir a más en estos días que quedan. El próximo presidente tendrá pues el reto de reinstaurar el Estado de Derecho en numerosas zonas del país.
