La directora de la mipyme privada Pilares Construcciones, Yulieta Hernández Díaz, considera que las nuevas restricciones de Estados Unidos a las operaciones bancarias de empresarios privados cubanos deben analizarse con cautela y dentro de un problema mucho más amplio: las dificultades que enfrenta el sector para acceder a servicios financieros confiables y operar bajo reglas estables.
En una publicación en Facebook, Hernández Díaz dijo que la medida anunciada por Washington el 29 de septiembre no la afecta directamente porque no tiene cuentas bancarias en Estados Unidos y aseguró no conocer a otros empresarios privados cubanos que las tengan, aunque reconoció que pueden existir.
La empresaria advirtió, no obstante, que eso no significa que la decisión carezca de importancia. A su juicio, uno de los principales problemas de los negocios privados en la Isla es precisamente el acceso a servicios bancarios.
"La banca cubana no nos ofrece la confianza que necesitamos para desarrollar nuestras operaciones y, al mismo tiempo, la banca extranjera, en general, tampoco está dispuesta a asumir el llamado 'riesgo Cuba'", señaló.
El problema bancario no comenzó con las nuevas sanciones
Desde el 30 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) retiró la autorización que permitía a bancos sujetos a jurisdicción estadounidense abrir y mantener cuentas exclusivamente a nombre de ciudadanos cubanos considerados empresarios privados para determinadas operaciones autorizadas. Las cuentas y fondos afectados deben ser bloqueados salvo que exista una licencia específica.
La normativa también eliminó la autorización general para las llamadas operaciones "U-turn", transferencias que comienzan y terminan fuera de Estados Unidos pero en las que intervienen Cuba o ciudadanos cubanos. Desde el 30 de septiembre, los bancos estadounidenses pueden rechazar esas operaciones.
Hernández Díaz considera que el alcance de esas medidas dependerá de cuánto utilicen realmente esas vías los empresarios cubanos y de si existen alternativas para sustituirlas.
Planteó dos escenarios en los que el impacto podría ser mayor: que existan empresarios cubanos con cuentas en EEUU que controlen una parte importante del comercio mayorista de la Isla, o que una proporción significativa de los productos que llegan a Cuba dependa directamente de empresas, bancos o navieras estadounidenses sin suficientes alternativas en otros mercados.
Sin embargo, la empresaria subrayó que actualmente resulta difícil determinar el peso de esas operaciones debido a la "opacidad, discrecionalidad y carencia de datos".
La nueva regulación estadounidense, por tanto, se suma a un problema que Hernández Díaz sitúa mucho más atrás en el tiempo. Según explicó, desde 2021 ha intentado personalmente abrir cuentas en bancos extranjeros y ha recibido respuestas negativas, incluso durante las flexibilizaciones hacia el sector privado adoptadas durante la Administración de Joe Biden.
"Por tanto, la incertidumbre bancaria ya existía. Y no solamente por las decisiones de Estados Unidos", sostuvo.
A esa incertidumbre añadió los cambios constantes de las reglas en Cuba, la inseguridad jurídica y lo que calificó como "esquizofrenia legislativa": normas que cambian, se modifican, se suspenden o reaparecen bajo otro nombre.
Un sector privado con acceso desigual a recursos
El diagnóstico de la empresaria coincide en varios puntos con la radiografía de la actividad no estatal publicada en septiembre por DIARIO DE CUBA a partir de un estudio de Cubadata.
La investigación Dinámicas de la actividad no estatal en Cuba: 2026. Acceso, poder y consolidación en un contexto de alta restricción estructural, elaborada a partir de 2.564 casos recogidos entre el 20 de marzo y el 8 de abril, concluyó que la expansión del sector privado cubano no se traduce en igualdad de oportunidades.
El 64,5% de los participantes estaba vinculado a alguna forma de actividad no estatal, pero el estudio encontró que la participación y la posibilidad de consolidar un negocio están condicionadas por el acceso desigual a recursos, contactos, divisas, permisos y otros mecanismos necesarios para operar.
Uno de los datos más significativos se refiere precisamente al crédito formal. Del 63,2% de los encuestados que había solicitado financiación institucional, solo el 7,2% había sido aprobado. Otro 36,8% ni siquiera lo había intentado porque consideraba inaccesible el sistema. Cubadata calificó este escenario como un sistema de crédito "de exclusión con pocas excepciones".
La investigación también encontró que el 71,2% de quienes estaban vinculados al sector no estatal contaba con algunos contactos o apoyos, o con un apoyo estable, que facilitaba trámites o reducía riesgos. Además, el 56,7% consideró moderadamente común, común o muy común que existieran negocios con trato preferencial en su sector o localidad.
Para Cubadata, esto configura una situación de "autonomía condicionada": la actividad privada puede ampliar los márgenes de acción económica sin que ello implique necesariamente poder, estabilidad o capacidad de consolidación.
La propia investigación identifica el capital relacional y financiero como uno de los recursos más asociados a la consolidación empresarial. Es decir, constituir legalmente una empresa no garantiza por sí mismo que pueda importar, conseguir suministros, acceder a divisas, realizar pagos o sortear las trabas regulatorias.
El caso de una mipyme que ha despertado preguntas
Las diferencias de acceso dentro del sector privado también han quedado expuestas en el caso de MultiSerF S.R.L., una mipyme de Bayamo cuya expansión fue analizada recientemente por DIARIO DE CUBA.
La empresa, aprobada en 2021 por el Ministerio de Economía y Planificación, abrió una filial en Panamá y ha desarrollado vínculos con empresas extranjeras y entidades cubanas, entre ellas FINCIMEX, BioCubaFarma y estructuras del Ministerio de Cultura.
Su caso generó preguntas sobre la amplitud de las actividades profesionales que puede desarrollar una mipyme en Cuba. MultiSerF anuncia servicios que incluyen asesoría empresarial, estudios de factibilidad, valoración de negocios, dirección de empresas, teneduría de libros, declaraciones tributarias, gestión de cobros, comercio exterior y "apoyo económico, legal y financiero". Su estructura internacional incluye además servicios relacionados con gestoría jurídica y cumplimiento normativo.
La cuestión planteada por DIARIO DE CUBA es si las actividades profesionales que anuncia MultiSerF cuentan con las habilitaciones correspondientes y si otros profesionales y empresas pueden acceder a esas mismas posibilidades bajo reglas públicas y en igualdad de condiciones.
El caso ilustra otra de las dificultades que enfrenta el sector: no basta con que exista formalmente un espacio para la iniciativa privada si el acceso efectivo a determinadas actividades, recursos, permisos o relaciones económicas está distribuido de manera desigual.
'La mayor dificultad es política'
Para Hernández Díaz, las restricciones estadounidenses forman parte de un entorno de incertidumbre, pero no explican por sí solas la fragilidad de los negocios privados cubanos.
La empresaria recordó que las condiciones para operar también dependen de las decisiones del Gobierno cubano, de la estabilidad de las regulaciones y de la posibilidad de planificar inversiones a largo plazo.
"Un negocio puede sobrevivir a muchas dificultades. Lo que resulta mucho más difícil es construir, invertir, producir y crecer de manera sostenible cuando no sabes cuáles serán las reglas mañana", afirmó.
En su opinión, tampoco puede atribuirse exclusivamente a las sanciones estadounidenses una eventual reducción de la comercialización de productos o servicios. Eso dependerá, dijo, de las operaciones concretas afectadas y de la capacidad de los empresarios para encontrar otras vías, incluida la utilización de criptomonedas.
Hernández Díaz también cuestionó la continuidad de la política estadounidense hacia el sector privado cubano, que ha cambiado entre las distintas administraciones. Recordó el interés de Barack Obama por favorecer una apertura hacia los negocios privados, las medidas adoptadas durante Biden y el rumbo diferente asumido por Donald Trump. Pero su conclusión se dirige principalmente hacia las condiciones internas de Cuba.
"Los empresarios necesitamos estabilidad. Necesitamos seguridad. Necesitamos confianza. Necesitamos reglas claras que no dependan de decisiones discrecionales y que puedan mantenerse en el tiempo", escribió.
Y resumió su posición con una frase que coloca el debate más allá de las nuevas sanciones de Washington: "Sin transformaciones políticas no habrá transformaciones económicas ni sociales viables, y mucho menos sostenibles".
