La encuestadora Cubadata acaba de publicar Dinámicas de la actividad no estatal en Cuba: 2026. Acceso, poder y consolidación en un contexto de alta restricción estructural, una investigación que encaja en el debate internacional sobre la transformación de la economía cubana y ayuda a entender qué está cambiando realmente con las mipymes y otras formas de actividad económica al margen de la gestión estatal directa.
El estudio fue realizado a través de una encuesta online aplicada a una muestra válida de 2.564 casos entre el 20 de marzo y el 8 de abril de 2026. Elaborado por Arístides A. Vara-Horna, Karla Velásquez Figuera y Salvador Pascual, parte de una constatación: la actividad privada en Cuba no constituye un sector homogéneo ni puede entenderse simplemente como una señal de apertura económica. Es un universo sometido a fuertes restricciones, que reproduce desigualdades de acceso a recursos, poder, oportunidades y dependencia.
A pesar de crear capacidades económicas al margen del Estado, la actividad privada se desarrolla dentro de un sistema que conserva mecanismos decisivos de selección, regulación y control. La investigación demuestra que "ese control también estructura la desigualdad interna del campo empresarial emergente".
Algunos estudios destacan al sector no estatal como posible motor de desarrollo, mientras análisis como los de Cuba Siglo21 subrayan la capacidad del régimen y de GAESA para contenerlo o desplazarlo. El estudio de Cubadata, por su parte, ofrece una medición de cómo funciona desde dentro el sector no estatal. Caracteriza el caso cubano como una forma específica de "adaptación autoritaria segmentada", en la que Estado y recursos externos intervienen en la distribución de oportunidades. Según Cubadata, esto "es relevante porque desplaza la comprensión de la empresa bajo restricción estructural desde una lógica de mérito individual hacia una lógica de acceso desigual a condiciones de posibilidad".
Una lectura esencial en Dinámicas de la actividad no estatal en Cuba: 2026… está en no entender de manera conjunta lo que significa participar de la actividad privada, controlar un área económica y conseguir consolidarla. Para ello analiza articuladamente el acceso (quiénes entran y quiénes quedan fuera), el poder económico (quiénes controlan las decisiones frente a quienes ejecutan) y la consolidación relativa (qué trayectorias se estabilizan comparativamente bajo restricción).
La investigación encuentra que el 64,5% de la muestra aparece vinculado a alguna forma de actividad no estatal, pero advierte que esa participación no se distribuye de manera neutral. La vulnerabilidad económica del hogar, por ejemplo, no es siempre un incentivo para entrar al sector, puede ser también una barrera, ya que el acceso requiere condiciones previas de inserción que no están distribuidas de manera igualitaria.
Asimismo, el crecimiento de la actividad privada no supone una distribución equivalente de la autoridad económica. Un aumento de trabajadores independientes puede significar mayor autonomía respecto del Estado, pero también una ampliación de un mercado laboral precarizado. Una mipyme puede representar acumulación privada y creación de capacidades empresariales, pero también depender de redes, permisos, acceso a divisas, importaciones o contactos cuya distribución continúa siendo bastante desigual.
De los encuestados que forman parte del 64,5% vinculado al sector no estatal, el 71,2% declaró contar con "algunos contactos o apoyos" o con "un apoyo estable" que le facilita trámites o reduce riesgos. Al responder qué tan común es que existan negocios con trato preferencial en su sector o localidad, el 56,7% dijo que es "moderadamente común", "común" o "muy común".
En el mismo registro está el acceso al crédito formal, un sistema que Cubadata define como "de exclusión con pocas excepciones", pues del 63,2% que reconoció haberlo solicitado solo el 7,2% fue aprobado. Un 36,8% nunca lo ha intentado, por considerar el sistema simplemente inaccesible. De ahí que menos de una décima parte de los participantes haya podido financiarse mediante crédito institucional.
Por eso el estudio habla de "autonomía condicionada", ya que la actividad no estatal puede ampliar márgenes de agencia económica, sin que esos márgenes se conviertan en poder, estabilidad o consolidación.
Por otra parte, la investigación encuentra que el capital relacional-financiero aparece como el recurso que con mayor claridad se asocia a la consolidación. Así, los contactos se convierten en infraestructura económica. No basta con tener una empresa constituida si no se puede importar, conseguir suministros, acceder a divisas, realizar pagos, encontrar compradores o resolver las trabas regulatorias. Según plantea el estudio, en el caso cubano, "consolidarse significa ocupar una posición comparativamente más estable, más estructurada y menos vulnerable dentro de un ecosistema de restricción persistente". Al mismo tiempo, formalizar una actividad no significa consolidarla. La investigación identifica trayectorias de formalidad sin consolidación y otras de menor formalización con expansión relativa.
El informe de Cubadata permite, además, mirar la expansión no estatal desde una perspectiva social, atendiendo a desigualdades transversales por género, raza y territorio, y evidenciando una estructura de oportunidades que determina quién puede convertir una actividad económica en empresa estable y quién queda atrapado en una actividad de subsistencia o baja capacidad de acumulación.
La ampliación de la actividad económica fuera de la gestión estatal genera capacidades que el sistema cubano hasta ahora había eliminado: propiedad privada, organización empresarial, acumulación de experiencia, redes comerciales, relaciones con la diáspora, mecanismos autónomos de abastecimiento y nuevas formas de agencia económica. La cuestión decisiva está en si esas capacidades pueden convertirse en autonomía económica efectiva, a lo que el estudio plantea que aún no, por las restricciones institucionales, regulatorias, operativas y financieras que existen.
Cubadata concluye que no basta con promover la formalización o el emprendimiento en abstracto. Propone recomendaciones estratégicas orientadas a democratizar recursos funcionales, reducir la fricción operativa-regulatoria, cerrar brechas de acceso al control y considerar la heterogeneidad territorial para que las capacidades empresariales puedan convertirse en trayectorias sostenibles.
