El Gobierno cubano ha decidido abrir la gestión de sus establecimientos desabastecidos al sector privado y ofrecerle incentivos para que oferte a la población lo que el Estado es incapaz de ofrecer, con la aprobación de nuevas normas que implican un reconocimiento del fracaso del modelo socialista impuesto en la Isla.
Las bodegas en las que el régimen cubano vendió durante décadas artículos a través de la libreta de racionamiento y otros locales pasan a ser parte del proyecto denominado Mercado de Barrio y serán administrados por "micro, pequeñas y medianas empresas; cooperativas no agropecuarias; trabajadores por cuenta propia; modalidades de inversión extranjera y otros autorizados", según la Resolución 16/2026 del Ministerio de Comercio Interior, publicada en la Gaceta Oficial Ordinaria de la República el 4 de agosto.
Los establecimientos se adjudicarán a través de un procedimiento de licitación y los actores económicos que los administren seleccionarán a sus empleados, aunque tendrán que priorizar a los que actualmente laboran en ellos.
La empresa estatal propietaria del establecimiento recibirá un porcentaje de las ventas de los productos, que será acordado entre las partes. Cuando los actores económicos realicen inversiones para la reparación de los locales, las sumas se descontarán de los porcentajes sobre las utilidades pactados.
En la misma Gaceta fueron publicadas también las resoluciones 160/2026 y 161/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, que establecen incentivos para los actores económicos que decidan hacerse cargo de los establecimientos estatales.
La primera exonera "del pago del impuesto sobre las ventas por la comercialización mayorista de mercancías importadas que se destinan a la comercialización minorista estatal".
La segunda dispone la aplicación de un tipo impositivo del 5% para el cálculo y pago del impuesto sobre las ventas, por la comercialización minorista de productos alimenticios como leche en polvo y otros lácteos, pollo, hamburguesa, picadillo, huevo, aceite vegetal, arroz, pastas alimenticias y granos.
El mismo tipo impositivo se aplica para la venta de detergente, jabón, papel higiénico, desodorante y pasta dental.
Asimismo, la Resolución 161/2026 exonera del pago del impuesto sobre las ventas a los actores económicos no estatales que comercialicen los productos alimenticios y de aseo relacionados anteriormente, que sean destinados a los mercados de barrio.
Las tres resoluciones forman parte del paquete de 176 medidas anunciadas por Miguel Díaz-Canel en junio. El economista cubano Elías Amor las tachó de "golpes de maquillaje barato", en un análisis publicado en su blog.
Sobre el proyecto Mercado de Barrio, Amor llamó la atención sobre el hecho de que "los establecimientos seleccionados se deben dedicar de forma prioritaria a la venta de productos alimenticios y de aseo, y si lo hacen, tendrán una reducción del precio de venta entre un 10% y un 15% con relación al precio establecido en el resto de los establecimientos que vendan productos similares".
Sin embargo, consideró que la medida choca con la existencia de trabajadores por cuenta propia que tienen negocios en las puertas de sus casas, en los que venden alimentos y productos de aseo que llevan a Cuba por medio de las importaciones no comerciales y viajes periódicos al exterior, y ofrecen "un servicio de mayor calidad y más competitivo que el de las bodegas".
El economista también se refirió al reordenamiento del mercado mayorista con los mercados de abasto y advirtió que el hecho de que se pueda operar tanto en dólares como en pesos cubanos es "un paso más hacia esa dolarización parcial de la economía de la que se habla en las 176 transformaciones".
También señaló que la prioridad otorgada a la comercialización de insumos, materias primas, alimentos y productos de alta demanda indica que "la figura del mercado de abasto no ha sido pensada para resolver los problemas de alimentación de la población, sino para atender otros rubros del comercio, dirigidos a los productores".
"De ahí la preceptiva venta en divisas de estos productos", recalcó.
Sobre la apertura a la gestión no estatal de los comedores para personas vulnerables del programa estatal Sistema de Atención a las Familias (SAF), Amor consideró que se trata de "un buen ejemplo de ineficacia e ineficiencia administrativa", ya que el Gobierno busca "fomentar el comercio por medio del reparto de comida asistencial a partir de un programa financiado con fondos públicos".
