Durante mucho tiempo los gobernantes cubanos esgrimieron pretextos para no poner en práctica la mayoría de las medidas que ahora conforman las transformaciones que, según el discurso oficial, van a desarrollar las fuerzas productivas y sacar el país del atolladero en que actualmente se encuentra.
El propio mandatario Miguel Díaz-Canel ha expresado que se trata de medidas que habían sido discutidas y analizadas en anteriores congresos del Partido Comunista, pero que por diversas razones se había pospuesto su materialización. En esta ocasión analizaremos las que tienen que ver con el comercio exterior y la inversión extranjera.
La jerarquía castrista siempre dijo que no eran convenientes las prácticas directas de exportación e importación por parte de las empresas estatales y el sector no estatal. Ello debido a que se esgrimía que solo las entidades del Comercio Exterior (MINCEX) contaban con la experiencia adecuada para este tipo de operaciones. En consecuencia, se dictaminó que dichas operaciones debían realizarse por intermedio de alguna entidad del MINCEX.
De igual manera, se impedía la contratación directa de trabajadores cubanos por parte de los inversionistas extranjeros. Esa contratación debía de efectuarse a través de agencias empleadoras del Gobierno cubano. La justificación oficial era que así se protegían los derechos de los trabajadores ante cualquier acción arbitraria de los empleadores extranjeros.
La realidad ha demostrado que tales argumentos eran una falsedad, que tenían como propósito mantener el control gubernamental sobre los trabajadores y las actividades de comercio exterior de las distintas entidades nacionales. Ahora, cuando el castrismo tiene prácticamente "el agua al cuello", ya parece no importarles mucho si los trabajadores se sindicalizan o no, o si van a ser explotados por los inversionistas foráneos; tampoco si las entidades cubanas llevan la peor parte en las operaciones con el exterior.
En honor a la verdad, en lugar de dar explicaciones acerca de la demora en la aplicación de esas medidas, la maquinaria del poder debería pedir disculpas por no rectificar a tiempo esas prohibiciones que estaban ralentizando u obstaculizando la inversión extranjera en la Isla.
En el programa televisivo Mesa Redonda, donde participaron el viceministro primero del MINCEX, Carlos Luis Jorge Méndez (¿tendrá acaso algún vínculo familiar con el artífice del Ordenamiento Monetario, y hoy defenestrado Marino Murillo Jorge?), y la viceministra Déborah Rivas, se insistió en que se tomarán un serie de determinaciones para agilizar y destrabar todos los procesos burocráticos que actualmente entorpecen la inversión extranjera en Cuba.
También se dijo que esas inversiones ya no son un complemento de la economía, sino un aspecto fundamental de ella.
Al propio tiempo, los funcionarios del MINCEX hicieron un ardiente llamado para que los cubanos residentes en el exterior acudan a invertir en Cuba. ¡Tamaña hipocresía! Después de propinarles aparatosos mítines de repudio a los cubanos que abandonaban la Isla (con golpizas y objetos lanzados contra sus viviendas) por el puerto de Mariel, ahora los castristas pretenden que los hijos o nietos de aquellos cubanos reprimidos vengan a salvar a los verdugos de sus padres y abuelos. Y ello sin que haya mediado una disculpa oficial por esas fechorías.
Tanto Jorge Méndez como Rivas aclararon que las nuevas oportunidades para facilitar la inversión extranjera les serían brindadas, en primer término, a los empresarios que, contrario a la actitud de entidades que se han retirado de la Isla, no se han ido de Cuba en estos momentos duros para el país, "aunque se priorizarán las relaciones con socios estratégicos y países con mayor complementariedad económica". Sin dudas, un planteamiento que ratifica que el castrismo seguirá privilegiando sus vínculos económicos con países como Rusia, China y Vietnam.
