El economista cubano Pedro Monreal cuestionó el diseño del nuevo esquema de subsidios anunciado por el régimen, al considerar que el mecanismo de financiación previsto en las 176 medidas económicas no constituye un verdadero ajuste fiscal y desaprovecha la oportunidad de respaldar la protección social con recursos extraordinarios.
Las críticas llegan después de que funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social señalaran en el programa oficial Cuadrando la Caja algunos de los detalles de la reforma social que acompañará la eliminación gradual de los subsidios universales.
El viceministro Ariel Fonseca dijo que el Gobierno ha identificado 626.000 hogares que podrían incorporarse a nuevos programas de protección social, tras una pesquisa realizada en más de 1,4 millones de viviendas por 14.000 trabajadores sociales. También admitió que el deterioro del poder adquisitivo de salarios y pensiones ha incrementado la desigualdad y obligado al Estado a abandonar la política de subsidios generalizados.
En ese contexto, Monreal sostuvo que la diferencia entre las propuestas oficiales y el programa alternativo "Cuba Transformación" no radica únicamente en quién recibe los subsidios, sino en cómo se financian y qué función cumplen.
Un fondo distinto para financiar la transición
Según explicó el economista en hilo en X, las 176 medidas plantean crear un Fondo de Protección Social alimentado, en parte, por los recursos que el Estado deje de gastar al eliminar subsidios a productos.
A su juicio, ese diseño equivale simplemente a trasladar dinero de una partida presupuestaria a otra. "Financiarlo como proponen las 176 medidas equivale a una reasignación contable", escribió.
Monreal argumentó que ese esquema reduce el efecto del saneamiento fiscal, porque los recursos ahorrados dejan de contribuir a disminuir el déficit público.
Como alternativa, defendió la propuesta de "Cuba Transformación", un programa elaborado por cinco economistas y especialistas independientes (el propio Monreal entre ellos) que plantea crear un fondo de estabilización financiado con ingresos extraordinarios procedentes de la venta de activos estatales improductivos, recursos externos, inversión internacional y ayuda financiera.
Ese mecanismo, sostuvo, permitiría separar las políticas de emergencia social del ajuste estructural de las finanzas públicas.
Subsidios focalizados, pero también servicios públicos
Otra diferencia señalada por Monreal es el alcance de los subsidios.
Mientras las medidas oficiales concentran la protección en personas y familias consideradas vulnerables, el economista considera que el Estado debe mantener subsidios generales para servicios públicos esenciales cuyo deterioro afecta a toda la población. Entre ellos mencionó medicamentos, salud, agua, vivienda y transporte.
Asimismo, recordó que "Cuba Transformación" propone nuevas tarifas eléctricas con un bloque básico de consumo residencial parcialmente subsidiado para todos los hogares, en lugar de eliminar de forma generalizada ese tipo de ayudas.
"Los mecanismos de protección deben concentrar recursos en quienes más los necesitan, sin debilitar el acceso universal a servicios esenciales", resumió.
El Gobierno admite el deterioro social
Las observaciones de Monreal coinciden con uno de los reconocimientos oficiales más explícitos de la crisis social realizado por funcionarios del propio Gobierno.
Durante Cuadrando la Caja, Ariel Fonseca reconoció que el incremento de la pensión mínima aprobado el año pasado sigue siendo insuficiente y admitió el deterioro del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones.
También aceptó que la mortalidad infantil ha aumentado y que la desigualdad social se ha profundizado en los últimos años.
Como respuesta, el Ministerio de Trabajo confirmó que el Gobierno pretende sustituir progresivamente los subsidios universales por ayudas focalizadas y que prepara un Fondo de Protección Social que, además del presupuesto estatal, recibiría aportes derivados de la denominada responsabilidad social empresarial.
La directora de Trabajo Social, Rita Machín, defendió además un cambio de enfoque al afirmar que "no todo puede recaer sobre los hombros del Estado" y anunció programas para entregar tierras, equipos productivos o capacitación laboral a personas consideradas aptas para trabajar.
Bohemia reivindica las reformas desde el marxismo-leninismo
En paralelo al debate de los subsidios, la revista oficial Bohemia publicó un extenso artículo firmado por Ramón Labañino Salazar —uno de los cinco agentes cubanos encarcelados en Estados Unidos en la década de 1990 por espionaje— en el que defiende las 176 medidas como una actualización compatible con el marxismo-leninismo.
El autor compara las reformas con la Nueva Política Económica (NEP) impulsada por Lenin en 1921 y rechaza que representen una deriva hacia el capitalismo.
El texto sostiene que la ampliación del papel del mercado, la apertura a nuevas formas de propiedad y la flexibilización de la inversión responden a la necesidad de preservar el sistema socialista frente a la crisis económica y al embargo estadounidense, insistiendo en que el Partido Comunista mantiene el control sobre los sectores estratégicos de la economía.
La publicación refleja el esfuerzo del aparato ideológico del régimen por dotar de legitimidad a unas reformas que, al mismo tiempo que reconocen el agravamiento de la pobreza y la desigualdad, buscan justificar el desmontaje gradual del histórico sistema de subsidios universales.
