El Decreto 138 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en vigor desde el 20 de diciembre de 2025, establece que el sistema empresarial tiene la potestad de determinar el salario de sus trabajadores. Eso incluye la definición de la escala salarial, el salario de cada grupo de complejidad, así como los pagos adicionales que devenguen los trabajadores, como la antigüedad y las condiciones anormales de labor.
Se trata de una medida que, según el criterio de las autoridades, debe de contribuir al aumento de la productividad del trabajo, así como habilitar el camino para lograr la demandada autonomía de las empresas.
Un suplemento aparecido en el periódico Trabajadores da cuenta de que, a pesar de todas las ventajas que el oficialismo le acredita a este decreto en el funcionamiento de las empresas, y en particular a los trabajadores, solo el 50% de los jefes de esas entidades lo han aplicado.
Algunos podrían preguntarse el porqué de semejante renuencia a la aplicación de una medida que podría beneficiar a los colectivos laborales. Al parecer, no se trata de un desconocimiento de las administraciones acerca de la metodología de este decreto. El problema es de otra índole.
Cualquier observador medianamente informado de los avatares de la economía cubana (en especial, lo relacionado con la política salarial), sabe que con frecuencia las altas esferas del poder se quejan de que en muchas entidades se pagan salarios sin el debido respaldo productivo. Es decir, sin una contrapartida adecuada en la producción de bienes y la prestación de servicios. Y en consecuencia arremeten contra los empresarios que incurren en esa práctica.
Entonces no es difícil imaginar que ese 50% de jefes de empresas que no se han decidido a poner en práctica lo establecido en el Decreto 138 teman ser víctimas en el futuro de la furia gubernamental por pagar salarios en demasía, que entre otros males estimulan el galopante proceso inflacionario que hoy depreda el bolsillo del cubano de a pie.
A propósito, a finales de abril el flamante presidente de la Comisión Organizadora del XX Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), Osnay Miguel Colina Rodríguez, participó en un foro debate junto a otros activistas de esa comisión en el que se trató de los salarios y los niveles de producción en el país.
Allí se dijo que, si bien en el sector empresarial estaban aumentando los salarios y la distribución de utilidades, ello no incidía en una mayor producción de bienes y servicios. Se argumentó que no siempre ese desencuentro estaba relacionado con el desconocimiento o irresponsabilidades administrativas, sino que muchas veces se relacionaba con la falta de insumos, energía y combustibles.
Mas, sea de una u otra manera, lo cierto es que ese criterio que se manejó en el citado foro debate, más la comentada reprimenda gubernamental cuando se estima que hubo pagos de salario sin respaldo productivo, han llevado a muchos empresarios a mantenerse expectantes, sin decidirse todavía a dar el visto bueno al Decreto 138.
Mientras eso sucede, asistimos a un capítulo más del oportunismo que caracteriza a los medios de difusión oficialistas cuando se aborda la política salarial en el país. Cuando les conviene mostrarse defensores de los intereses de los trabajadores, censuran la actitud de los empresarios que no aplican las supuestas bondades que ofrece la legislación laboral. En cambio, en otras ocasiones no vacilan en hacer suyo el discurso de la maquinaria del poder y la emprenden contra los empresarios que se han excedido en la aplicación de esas políticas.
