La propiedad agraria es una prioridad entre los cambios estructurales en Cuba

La propiedad tiene una función social vital en el desarrollo de la economía y tiene sus propias leyes. Cuando se le subordina a agentes extraeconómicos como la política o la ideología, pierde sus atributos. Una breve mirada rápida a la historia de la propiedad agraria en Cuba, lo demuestra.

Al inicio de la colonización de Cuba, en el siglo XVI, el gobernador de la Isla, Diego Velázquez, comenzó a distribuir tierras para la cría de ganado entre los peninsulares que decidieron asentarse en la Isla. Esas propiedades, mediante sucesivas divisiones y herencias aumentaron el número de propietarios; proceso que fue acelerado por la industria azucarera y el cultivo del tabaco con fines mercantiles, del cual emergieron los propietarios que conformaron el cimiento de la nacionalidad cubana.

En la segunda mitad del siglo XIX una secuencia de eventos sacaron a Cuba del aislamiento: la Revolución Industrial Inglesa (1760), la toma de La Habana por los ingleses (1762), la independencia de EEUU (1776), la Revolución Francesa (1789) y la Revolución de Haití (1791, que aumentaron el comercio de esclavos, la industria del azúcar y la pequeña y mediana propiedad.  

En la competencia entre ingenios los grandes propietarios arruinaron a los pequeños, quienes convertidos en colonos garantizaban la caña necesaria a la industria a cambio de azúcar. El proceso de concentración de la propiedad se aceleró a partir de 1837 con la inauguración del ferrocarril, que intercomunicó las áreas azucareras y rompió el aislamiento de las villas originarias. En ese proceso, dimensionado con la irrupción de capital norteamericano, la quinta parte del territorio nacional quedó concentrada en pocas manos. Surgió el modernísimo y gigantesco latifundio: los colonos quedaron subordinados y/o convertidos en asalariados, y la pequeña y mediana propiedad reducida.

En la República las medidas aplicadas para aliviar la situación fueron insuficientes. Se entregaron tierras baldías a veteranos de la Guerra de Independencia, se concedieron créditos para colonizar y distribuir tierras del Estado, se estableció el pago de una renta de los campesinos sin propiedad a los latifundistas para impedir que fueran desalojados, y la Constitución de 1940, refrendó que: "Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad judicial competente y por causa justificada de utilidad pública o interés social y siempre previo el pago de la correspondiente indemnización en efectivo", pero la tierra continuó concentrada en los grandes latifundios, lo cual explica las lucha campesinas y las nuevas medidas implementadas.

En 1932 se celebró la Primera Conferencia Nacional de Obreros de la Industria Azucarera y se fundó el sindicato nacional de ese sector. En 1937 la Ley de Coordinación Azucarera institucionalizó las relaciones entre dueños de centrales, colonos y obreros agrícolas. En 1942 se promulgó la Ley de Colegiación Obligatoria que  estableció la obligación de todo productor a inscribirse en una corporación o colegio para poder ejercer su actividad. Se crearon diversas asociaciones campesinas y se produjeron luchas en la que varios de sus organizadores perdieron la vida.

En 1953, en el juicio por el asalto al Cuartel Moncada, Fidel Castro aseguró que concedería "la propiedad inembargable e intransferible de la tierra a todos los que ocupasen parcelas de cinco o menos caballerías". En octubre de 1958, dispuso la entrega de tierras en los territorios ocupados, con lo cual se granjeó el apoyo del campesinado para la lucha armada. Una vez tomado el poder, promulgó dos leyes de reforma agraria (1959 y 1963). Con la primera, redujo la extensión máxima a 30 caballerías y confiscó las grandes empresas extranjeras y nacionales. Con la segunda, limitó las extensiones a cinco caballerías y barrió con los empresarios medianos. Con ambas el Estado acumuló el 70% de las tierras cultivables, un volumen superior a la suma de los latifundios confiscados.

El precepto de la Constitución de 1940, que prohibía la confiscación de la propiedad privada, fue copiado textualmente en la Ley Fundamental del Estado Cubano, con la que se ejecutó dicha confiscación. La prueba de la ilegitimidad con que se ejecutó la Ley, la brindó el entonces director ejecutivo del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Antonio Núñez Jiménez, quien narra que Fidel Castro aconsejó a los jefes agrarios que cuando se dispusieran a intervenir una finca, la Ley debía llegar después de la intervención. Y en la III Reunión Nacional del INRA, el 7 de diciembre de 1959, dijo: "La Ley señala que podemos dejar un máximo de hasta 100 caballerías. Sin embargo, a nadie le hemos dejado las 100. El límite posible de 100 lo hemos reducido a 50; las fincas de los centrales azucareros las redujimos a 30 caballerías de caña y ni siquiera eso, porque por Ley, los centrales azucareros no pueden tener caña" (Antonio Núñez Jiménez, En marcha con Fidel, Letras Cubanas, La Habana, 1982, p. 384).

La monopolización de la propiedad agraria se acompañó del desmontaje de la diversidad de las asociaciones agrarias existentes. En diciembre de 1960, en la Plenaria Nacional de Trabajadores Azucareros, Fidel Castro planteó: "Es necesario que los pequeños agricultores en vez de ser cañeros, cafetaleros, tabacaleros que sean sencillamente, pequeños agricultores y organicemos una gran Asociación Nacional de Agricultores Pequeños". Es decir, la ANAP, la única asociación campesina permitida en Cuba se creó por decisión del líder de la revolución.

No conforme con el volumen de tierra estatizada, en 1974 el líder de la revolución planteó: "Es necesario decirles a los campesinos que al cabo de 15 años de promulgada la Ley de Reforma Agraria es necesario que nuestro campesinado vaya pensando en formas superiores de producción…". Es decir, en cooperativas creadas por el Estado, relegadas a los segmentos del mercado que no resultaban competitivos para la empresa estatal. Por eso dichas "cooperativas" son asociaciones de usufructuarios dependientes del Estado.

Ese cooperativismo, creado y subordinado al Estado, explica la decisión de la ANAP en 2013 de sustituir o liberar de sus funciones a 632 presidentes de cooperativas agrícolas; y en 2016 de negar el permiso a la compañía norteamericana Cleber LLC para ensamblar en la Isla un pequeño tractor para vender directamente a los productores privados; y a que EEUU comprara café directamente a los productores cubanos.

La estatización de la agricultura se realizó en contra de una tradición de pensamiento de destacadas figuras cubanas. En 1808, el obispo Espada elaboró un proyecto económico basado en una economía diversificada de pequeños productores agrícolas.  En 1832, José Antonio Saco planteó la conversión de la plantación esclavista en pequeñas parcelas agrícolas. En 1857 Francisco de Frías, Conde de Pozos Dulces, decía: "Constituyamos la pequeña propiedad agrícola, demostremos con el ejemplo que la caña, el maíz, el tabaco, el plátano, la yuca, pueden cultivarse en escala menor con gran utilidad para los que concentren en pequeño espacio los trabajos que hoy se prodigan en aniquilar las riquezas naturales del país". En 1891 José Martí escribió: "Es rica una nación que cuenta muchos pequeños propietarios. No es rico el pueblo donde hay algunos hombres ricos, sino aquel donde cada uno tiene un poco de riqueza". 

En Cuba, la denominada propiedad de todo el pueblo (en la práctica, propiedad de nadie) anuló el interés de productores y trabajadores por el resultado de la economía. El resultado: la destrucción de la agricultura y el empobrecimiento del pueblo, un hecho a tener en cuenta ante los cambios que se avecinan.