Varios expertos coinciden en que la salida de Cuba de la minera canadiense Sherritt International Corp. es un asunto más serio de lo que parece para La Habana. Pero aún peor es su potencial acuerdo con la firma estadounidense Gillon Capital LLC, que compraría sus acciones y se convertiría en accionista mayoritario.
"Es temprano para evaluar en qué terminará el bamboleo de Sherrit, pero un eventual escenario pudiera ser una gran influencia de EEUU sobre el principal bien de exportación de Cuba (35% de las exportaciones totales de mercancías en 2024) y que es un activo estratégico del país", advirtió el economista Pedro Monreal.
Monreal hace referencia al níquel y cobalto, cuyas ventas supusieron en 2022, según cifras de Naciones Unidas, 961 millones de dólares de ingresos para La Habana.
En 2024, de acuerdo con el Observatorio de Complejidad Económica, esas ventas fueron de 88,6 millones de dólares, con China (53,1 millones) como principal comprador, seguido por Países Bajos (más de 24,6 millones).
Ricardo Torres, doctor en Economía de la Universidad de La Habana y profesor de la American University, en Washington, señaló para DIARIO DE CUBA que no puede perderse de vista que Sherritt es "el mayor inversionista extranjero individual en Cuba, con intereses de larga data en níquel y cobalto, generación de electricidad y, en diferentes momentos, extracción de petróleo y telecomunicaciones móviles a través de Cubacel, antes de su integración en ETECSA".
"Por lo tanto, su decisión afecta una de las principales líneas de exportación de Cuba en un momento en que otras fuentes de divisas, incluyendo el turismo y las exportaciones de servicios médicos, también se encuentran bajo una fuerte presión", advirtió.
La irrupción de Gillon Capital
¿Qué busca una firma de inversión familiar de Texas, con negocios muy diversos, pero ninguno conocido en minería, al interesarse en las acciones de Sherritt?
Gillon Capital LLC. es, esencialmente, una family office privada de una de las familias más ricas e influyentes de Texas: los Washburne/Hill-Hunt. No son una gran corporación cotizada ni un fondo clásico de Wall Street, sino una firma privada de inversión, que opera como vehículo patrimonial familiar que persigue preservar y aumentar la riqueza de sus miembros invirtiendo en activos, gestionando propiedades y realizando inversiones estratégicas.
Los Hunt fueron una de las mayores fortunas petroleras de EEUU, pero el núcleo de Gillon Capital son los bienes raíces, los centros comerciales de lujo, activos hoteleros, oficinas, desarrollos urbanos y propiedades mixtas.
De hecho, a través de Gillon Property Group gestionan 81 propiedades en diez estados de EEUU, con más de 14 millones de pies cuadrados inmobiliarios. Entre las más conocidas están el Highland Park Village, en Dallas, y el Country Club Plaza, de Kansas City.
De lo anterior se desprende que la firma se especializa en inversión oportunista, compra de activos complejos,
operaciones especiales e inversiones con cariz geopolítico. Ello permite explicar que arriesgue inversiones en minería cubana y activos sancionados, como es el caso de la empresa conjunta de Sherritt y La Habana, Moa Nickel S.A.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU (OFAC) sancionó de forma directa a Moa Nickel S.A., "por operar o haber operado en el sector de metales y minería de la economía cubana". Los yacimientos por ella explotados en Moa son bienes reclamados tras su expropiación por el régimen de Fidel Castro.
¿Por qué Gillon Capital se interesa en el negocio? Para ello hay que detenerse en su gestor, el empresario Ray Washburne, exfuncionario de la primera Administración de Donald Trump e importante recaudador de fondos republicano. O sea, alguien con conexiones con Washington y el sector de la energía en EEUU, lo que le garantiza un manejo eficiente del riesgo político.
¿Es Washburne, y a través suyo Gillon Capital, el mediador de una operación política? Aunque así fuera, Sherritt dejó claro esta semana que, "dadas las circunstancias actuales de la sociedad", el precio de las acciones en venta tendría un "descuento respecto al precio de cierre de las acciones ordinarias, el 15 de mayo de 2026". Compra a precio de ganga le dicen.
Un opinión y una advertencia
Para el Consejo Económico y Comercial EEUU-Cuba, "pocas industrias ilustran tan vívidamente la intersección entre la geopolítica y los mercados de materias primas como la minería en jurisdicciones autorizadas. La operación del negocio minero de Sherritt Cuba con el exasesor de Trump que está tomando forma representa uno de los episodios más inusuales en la historia minera moderna".
En un análisis dedicado a la cuestión, la organización privada con sede en Nueva York, experta en negocios en Cuba, señala que "durante décadas, las empresas occidentales que operan en países sujetos a sanciones estadounidenses han construido elaboradas arquitecturas corporativas, navegado vientos diplomáticos cambiantes y absorbido importantes sanciones económicas para mantener el acceso a yacimientos minerales que son demasiado valiosos desde el punto de vista estratégico para abandonarlos".
En Moa, no debe olvidarse, están alrededor del 34% de las reservas mundiales de níquel y cobalto.
Para el Consejo, Sherritt ha construido en 32 años "una de las carteras mineras más expuestas geopolíticamente del hemisferio occidental", que incluye, además de la Moa Joint Venture, para la explotación de esos minerales, la empresa conjunta Energas, que produce con gas natural acompañante de los pozos de petróleo de la costa norte occidental alrededor del 10% de la generación eléctrica cubana, más la refinería de mineral en Alberta, Canadá.
Una de las limitaciones fundamentales que ha tenido la operación de Sherritt en Moa ha sido la crónica crisis eléctrica cubana. "Las limitaciones en el suministro de combustible han obligado a reducciones repetidas en el rendimiento de la planta. (...) La respuesta de Sherritt a estos desafíos ha incluido inversiones en eficiencia energética y aplazamientos parciales operativos, pero la limitación fundamental —un suministro eléctrico inadecuado y poco fiable en el sitio del Moa— no puede resolverse solo con ajustes operativos".
Por ello, señala el Consejo, "cualquier nuevo accionista controlador heredaría no solo la exposición a sanciones legales, sino también un activo con limitaciones operativas en una jurisdicción donde el propio Gobierno anfitrión lucha por mantener la infraestructura básica".
Luego está la existencia de regulaciones que impiden el acceso de Sherritt y sus productos al mercado estadounidense, en especial para obtener financiamiento.
"La respuesta histórica de Sherritt a este entorno consistió en construir una arquitectura de filial offshore utilizando entidades registradas en Barbados, que actuaban como intermediarios legales entre la matriz cotizada en Toronto y las entidades operativas cubanas. Sin embargo, este colchón se ha vuelto cada vez más insuficiente a medida que la aplicación de sanciones estadounidense se ha hecho más sofisticada y agresiva. El panorama arancelario de minerales críticos ha añadido, además, una complejidad adicional al ya estresado entorno de cumplimiento".
Después aparece en orden de prioridad la cuestión de cómo remodelar la estructura de propiedad, en la cual los socios estatales cubanos ocupan posiciones de copropiedad.
"Una transferencia estructurada de propiedad a un partido con conexión política estadounidense ofrece una vía potencialmente más limpia que la disolución unilateral, especialmente si esa transferencia podía estructurarse con una no objeción explícita por parte de las autoridades reguladoras estadounidenses", señala el Consejo.
Pero, ¿tendrá vía libre el acuerdo entre Sherritt y Gillon Capital?
"Una declaración de no objeción del Departamento de Estado y el Tesoro no constituye una licencia formal de sanciones ni una autorización legal", advierte el análisis. "Representa una señal preliminar de que la estructura de la transacción, tal como se describe actualmente, no parece entrar en conflicto con las normativas vigentes de sanciones estadounidenses".
El Consejo señala que no es la primera vez que "la reestructuración de la propiedad se ha utilizado como mecanismo para resolver complicaciones de sanciones en industrias extractivas", y cita el caso del castigo aplicado por la OFAC entre 2018 y 2019 contra el oligarca ruso Oleg Deripaska, segundo mayor productor mundial de aluminio.
Ello dio lugar a "una compleja reestructuración de la propiedad, diseñada específicamente para diluir el control de Deripaska por debajo de los umbrales sancionables. La reestructuración logró finalmente la eliminación de sanciones mediante una dilución negociada de acciones".
Según el análisis, "la mecánica legal de la transferencia de propiedad es secundaria a la disposición del soberano anfitrión a aceptar la nueva configuración de propiedad. En el contexto de Sherritt, esto significa que la aceptación por parte del Estado cubano de la propiedad mayoritaria vinculada a Estados Unidos es la variable más importante en toda la transacción".
"El Gobierno cubano puede resistirse o complicar la reestructuración de la propiedad extranjera involucrando a partes conectadas con EEUU", mientras que "los reclamantes independientes pueden seguir litigios bajo el Título III de la Helms-Burton, independientemente del cambio de propiedad".
A estos riesgos se suman otros, que auguran un proceso tortuoso. Pero, insiste el Consejo, que el régimen de Cuba "acepte a una entidad vinculada a Estados Unidos como accionista mayoritario de su principal socio minero extranjero representaría una decisión geopolíticamente extraordinaria. Si el Gobierno cubano considera la transacción de Gillon Capital como un pragmatismo aceptable o como una intromisión inaceptable, probablemente resultará más determinante que cualquier resultado regulatorio estadounidense".
Pero, junto a tales problemas, una operación de cambio de propiedad abriría oportunidades inéditas.
"Si la transacción de Gillon Capital se cierra y un propietario mayoritario vinculado a Estados Unidos estabiliza las operaciones de Sherritt en Cuba, varias dinámicas de la cadena de suministro podrían cambiar: mercados de capital estadounidenses, antes inaccesibles, podrían estar disponibles para inversión operativa, abordando la crónica subcapitalización que ha contribuido a la disminución de la producción; las asociaciones tecnológicas con empresas estadounidenses de ingeniería y mejora de procesos, actualmente restringidas por sanciones, podrían llegar a ser accesibles; los acuerdos de compra con fabricantes de baterías estadounidenses o sus socios de la cadena de suministro podrían ser estructuralmente posibles por primera vez; el cobalto cubano obtendría un camino más claro (...) para los fabricantes occidentales de baterías que buscan reducir la concentración en la cadena de suministro", enumera.
Sin embargo, advierte, "cada cambio operativo material seguiría requiriendo la participación y aprobación de los socios estatales cubanos".
Eso sí, señala el análisis, "los impactos de la guerra comercial de 2025 han demostrado que las reestructuraciones corporativas motivadas por motivos geopolíticos son cada vez más comunes en las industrias extractivas, ya que las empresas buscan reposicionar activos según líneas de propiedad políticamente aceptables. El acuerdo del negocio minero de Sherritt Cuba con el exasesor de Trump es, en muchos aspectos, producto de esta realineación más amplia".
Por ello, concluye el Consejo, "la transacción Sherritt-Gillon Capital es menos una adquisición minera convencional y más una tentativa de arbitraje geopolítico: un intento de utilizar la conectividad política para transformar lo que hasta ahora era un problema de sanciones intratable en una relación regulatoria manejable. Si esa transformación resulta posible depende tanto de los cálculos realizados en La Habana como de las señales que emanan de Washington".
¿Será esto lo que explica el silencio de La Habana sobre un asunto tan serio? No ha habido declaraciones políticas ni toma de posición pública del Ministerio de Energía y Minas sobre la salida de Sherritt de Cuba. ¿Estarán estudiando los posibles riesgos y beneficios del acuerdo? ¿Va a pesar más el dinero que el pretexto de la soberanía que La Habana enarbola cuando le sirve, pero ignora cuando desea?
El problema de GAESA con todo este asunto es que tiene muy pocas posibilidades de maniobrar. Tanto la acusación a Raúl como el tema de las confiscaciones de 1960, tienen un fundamento legal sólido que es difícil de embarazar con justificaciones patrioteras. Pueden contratar a Perry Mason para que los defienda, pero ese juicio está perdido antes de empezar. La ley es la ley.
Complicado y prometedor asunto este de la Sherritt y los tejanos. Totalmente novedoso para los del régimen acostumbrados a que dos y dos son cuatro en su muy controlado micromundo. Con esto ahora, en Moa dos y dos pueden ser tres.
Digamos que esta gente que le compra a la Sherritt son visionarios, pero espero que no descarten hacer una evaluación exhaustiva con auditoras internacionales reconocidas, de lo que deja la canadiense, porque el "canibaleo" y el daño ambiental, es grande.
Será que Cuco se fue de la lengua en el dominó sobre una inminente operación? Dime tú!