En días recientes se dio a conocer el Programa Económico y Social del Gobierno para el año 2026, que es una continuación (según el oficialismo, más perfeccionado) de las proyecciones gubernamentales para corregir distorsiones y reimpulsar la economía de 2024, y del Programa de Gobierno con diez objetivos generales de 2025.
Según las autoridades, se llegó a este Programa después de consultar las opiniones de dos millones de personas, con lo que se pretende hacer ver el supuesto carácter democrático del documento. Sin embargo, sabemos que esas opiniones fueron emitidas de manera separada, sin que ninguna de ellas trascendiera más allá del sitio en que fueron formuladas. Este detalle, que impide que se conozca nacionalmente cualquier criterio que incomode al castrismo (como mismo sucedió con la Constitución de la República y el Código de las Familias), lastra el pretendido sesgo democrático del Programa.
El Programa para 2026 consta de cinco objetivos de mayor impacto, que son el entorno macroeconómico, los ingresos externos, la producción de alimentos, el sistema empresarial y el sistema energético.
En lo concerniente al entorno macroeconómico se reconoce que "la estabilización económica no se decreta, sino que se construye creando las condiciones sistémicas adecuadas".
En verdad, no está mal que se renuncie a la consecución de ciertos objetivos por medio de decretos, y se trate de alcanzarlos a través de la realidad económica. Mas nos topamos aquí con una muestra de la inconsecuencia del castrismo: renuncian a los decretos económicos, pero mantienen en pie el principal decreto que sojuzga a los cubanos, el del Articulo 5 de la Constitución, que establece que el Partido Comunista es la fuerza rectora de la sociedad.
Este Programa, aunque valora el papel de los agentes no estatales de la economía, al no considerar ya a las MYPIMES, las cooperativas no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia como entidades complementarias de las empresas estatales, insiste en la fallida tesis de seguir percibiendo a las empresas estatales como el eje central de la economía.
En su tozudez, parece que el castrismo cierra los ojos para no ver lo que sucede en la exitosa economía vietnamita: se acaba de reconocer al sector privado como el factor principal de la economía.
Acerca de la producción nacional de alimentos no se vislumbran cambios significativos. Se hace énfasis en la ejecución de nuevas medidas para la entrega de tierras en usufructo y se intenta fortalecer la contratación directa con los productores agropecuarios.
Sería conveniente que esas nuevas medidas significaran menos presión gubernamental sobre los usufructuarios de tierras, los cuales con frecuencia trabajan con el temor de que en cualquier momento les sean retiradas las tierras al no cumplir los planes productivos fijados por las autoridades.
Y de la contratación con los productores agropecuarios, qué decir, pues lo que agradaría a los productores es que hubiera menos contratación gubernamental de sus producciones. Así sería mayor la cantidad de productos que se podrían vender a los comercializadores privados, que siempre ofrecen mejores precios que Acopio, nunca dejan los productos botados en los campos por falta de envases y se encargan de mantener abastecidos a los mercados de oferta-demanda.
Por último, el Programa habla de una visión de largo plazo para alcanzar la soberanía energética. Es decir, de poder generar, distribuir y gestionar la energía sin la dependencia del exterior.
Este punto es tal vez el más utópico de todo este Programa. No tiene sentido referirse a la soberanía energética del país cuando se depende de que algún barco logre llegar a puerto cubano trayendo el poco petróleo que permita que las fábricas trabajen y las personas conozcan de algún alivio a sus terribles apagones.
Este Programa de Gobierno para 2026 es casi lo mismo que lo que se había planteado para 2024 y 2025. En verdad, los gobernantes cubanos no tienen nada nuevo que decir para salir de la crisis e intentan mantener entretenida a la población.
