Entre nosotros los cubanos está bastante extendido el criterio de que robarle al Estado es un hecho que no asume tanta gravedad como cometer un delito calificado como contrarrevolucionario. La gente habla de que Fulanito cometió un delito económico como si se tratara de una falta leve, que en breve podría provocar el arrepentimiento del transgresor. Y hasta pudiéramos decir que las autoridades poseían un criterio no muy alejado ante esa anomalía.
Sin embargo, en los últimos tiempos las cosas han cambiado. La frecuencia con que se cometen los delitos y las indisciplinas en las entidades estatales, así como la magnitud de esos hechos, han provocado que la jerarquía castrista creara un Grupo de Trabajo con vistas a tratar de prevenir y también de sancionar a los implicados en semejantes conductas.
En días pasados, bajo la presidencia del primer ministro Manuel Marrero, se efectuó una reunión del referido Grupo, en la que, no obstante afirmarse que el delito había disminuido algo en el sistema empresarial, fue reconocido que todavía es alta su incidencia en las empresas y unidades presupuestadas del país.
Marrero alabó la acción de las fuerzas del Ministerio del Interior en la neutralización del delito, las indisciplinas y las ilegalidades en las entidades estatales, pero expresó que el enfrentamiento a esas anomalías no podía ser solamente de las fuerzas especializadas, sino que en él debía participar toda la sociedad.
En ese sentido el primer ministro apuntó que "La batalla es día a día, minuto a minuto. La mejor manera de apoyar es que cada cual controle lo suyo". Y continuó afirmando que "desafortunadamente, no en todas partes se combate por igual".
He ahí, precisamente, donde radica la falacia del premier Marrero. Porque aquí nadie ve como suyos los recursos que existan en una entidad estatal. La llamada "propiedad social sobre los medios de producción" es otro mito del castrismo. Queda claro entonces que ningún trabajador estatal va a controlar lo que en realidad pertenece a la camarilla que detenta el poder. Ese es uno de los motivos principales de la permanencia del delito en las empresas y entidades del país.
En otro momento de la reunión, Marrero mencionó el denominado control interno como otro de los mecanismos creados por las autoridades en aras de contrarrestar las conductas ilegales que tienen lugar en el mundo empresarial. Mas, en verdad se trata de un mecanismo prácticamente obsoleto que casi no ha dado ningún resultado. En muchos lugares son los jefes y administrativos los que más depredan el patrimonio estatal y, en consecuencia, no están interesados en que haya un ambiente de control en sus entidades. Si ellos fueran los verdaderos dueños de las empresas, es casi seguro que los delitos disminuirían. Porque nadie se roba a sí mismo.
Por estos días también se informaba de la acción gubernamental contra los implicados en el hurto y sacrificio ilegal del ganado mayor, un delito de larga data que cada día florece más en el país. Se han celebrado 19 juicios ejemplarizantes, en los que más del 90% de los acusados han recibido condenas de cárcel, y el deber de resarcir con cifras millonarias a los afectados por esos hechos.
No podemos concluir esta nota sin mencionar el otro elemento que está detrás del delito empresarial. Por supuesto, que es la situación de penurias por la que atraviesan los cubanos de a pie. Cualquier cosa que se extraiga de una entidad —un jabón, una caja de cigarros o un pomo de aceite comestible— satisface las carencias domésticas o su reventa sirve para compensar el mísero salario estatal.
Hay un dicho que dice que "quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón".
Igual se refiere a eso cuando se habla de "anomalías".