Delito de tráfico ilegal de divisas en Cuba: derecho castigador vs. tranquilidad ciudadana

En un país dónde casi nada en la economía funciona de manera corriente y sistemática, debido al sostenido fenómeno de híperinflación, multiplicidad de monedas, el súper control político-estatal y el escaso valor de los salarios nominales, el derecho castigador debería ser revisado y paralizado en favor de la tranquilidad y seguridad de las personas, necesitadas de un respiro dentro del sostenido marco legal de represión. Por lo que, en el día a día de los cubanos, en cuanto al tráfico de divisas y otras tantas cuestiones, conviene preguntarse: ¿debemos potenciar lo justo o lo legal?

Son muchos los ciudadanos de la Isla que se ahogan en un mar de malabares informales, de actos ilícitos y/o corrupción para el aseguramiento cotidiano de los bienes básicos de subsistencia. En este contexto, es imposible exigir el cumplimiento de la ética, de los mejores valores y de la ley instituida en materia de comportamiento humano, cuando el modelo de Estado y sus deficientes políticas económicas son incapaces de crear las mínimas condiciones para que las aspiraciones de los cubanos se realicen.

Es entonces que resulta excesivo e injusto que el propio responsable de la situación condene o haga cumplir la ley instituida cuando no ha favorecido su observancia con medidas y políticas públicas eficaces.

La flexibilidad en la aplicación de la ley implica, en escenarios adversos, la permisibilidad de actos informales en defecto de la falta de libertades reales de los nuevos actores de la economía nacional, dígase MIPYMES, emprendedores y cuentapropistas, para poder adquirir materias primas dentro o fuera de la Isla, así como bienes y divisas necesarias para producir con garantías y así frenar, o tratar de frenar, el sistema de esquilma que sigue empobreciendo a la maltratada población.

Un ejemplo de flexibilidad y de justicia social urgente radica en paralizar, ya sea por orden gubernamental o mandamiento judicial emitido a través de sentencias e instructivas del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, las denuncias, juicios y condenas creciente contra las personas que suplen la función del sistema cambiario o de entrega de divisas a quienes la necesitan para funcionar y sobrevivir, dígase dólares, euros u otras monedas de mucho mejor valor a la moneda nacional.

No tener estabilizadas las demandas de dólares, euros y otras divisas que necesitan nacionales, emprendedores y extranjeros para comprar alimentos, así como bienes y servicios de primer orden, implica, además del crecimiento de la pobreza, que las personas gestionen por sí mismas el modo de adquirirlas, sea por compraventa o canje.

Legalmente, según dispone el Artículo 315 inciso e) del nuevo Código Penal, quien "venda o, por cualquier medio ceda, trasmita o adquiera moneda, cheque, giro, cheque de viajero o cualquier otro efecto de crédito análogo denominado en moneda extranjera, infringiendo las disposiciones legales…" está expuesto a recibir una pena de dos a cinco años de cárcel, o multa de quinientas a mil cuotas, o ambas, así como el decomiso de todo el dinero que se le ocupe, esté relacionado o no con el acto cambiario.

En justicia, la condena por este delito en el contexto narrado se vería afectada. De esta forma, los jueces son colocados por el poder entre la espada y la pared, y en este contexto resulta prioritario impartir justicia antes que hacer cumplir el incoherente contenido del citado Artículo 315. Entre justicia y legalidad, categorías distintas, la primera ha de primar, pues es este el valor que se apega a la realidad social cuando el derecho creado no coincide con las formas obligadas de actuar.

Gracias a las fórmula de escape a la legalidad establecida, cientos de nacionales pueden viajar al exterior comprando billetes de aviación; miles de cubanas y cubanos, haciendo de "mulas", estrechan la distancia entre emigrados y exiliados con sus pares residentes en la Isla, proveyéndolos de lo que vayan necesitando, en particular medicamentos, alimentos, materiales sanitarios y de aseo; así como la circulación sistemática de dinero y documentos de toda naturaleza.

Los trasiegos de las "mulas" se costean con divisas que no facilita el Estado y sí un mercado negro que funciona  por las reglas del mercado y de la competencia, así como por la presión añadida que imponen medidas gubernamentales incoherentes destinadas a restringirlas. Cada vez que apresan a un vendedor de divisas y el ambiente se pone tenso, la venta y el canje informal de divisas se reinventa, en tanto el precio de la divisa aumenta en detrimento de la sociedad.

Es por ello que el Estado está conminado a adoptar decisiones de primer orden como reinaugurar las casas de cambio y garantizar su estabilidad; así como permitir casas de cambio pertenecientes al sector privado; es decir, reconocer, validar y respetar las reglas del juego del sector informal existente en dicha materia.

En lugar de amenazar a quienes de dedican a canjear divisas, en lugar de que el periódico oficial Granma publique un artículo en el que afirme que el cambio informal de divisas "genera un impacto negativo en la escala monetaria del país, y el empeoramiento de las condiciones de vida de los cubanos", el Gobierno cubano tendría que disponer una moratoria de la aplicación de parte del artículo 315 en defecto de las anteriores; consecuentemente archivar las denuncias en proceso y excarcelar, por razones de estricta justicia, a quienes han sido condenados por el delito de tráfico ilegal de moneda divisas.