Las autoridades cubanas impusieron 753.056 multas, por un valor de 944 millones de pesos, durante el primer semestre de 2024, informó el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP).
Esa cifra, si bien implica 82.226 multas menos que en igual periodo de 2023, supone un incremento de lo recaudado por ese concepto, debido sobre todo a la subida del monto de las sanciones, señaló Heidi Bas Sosa, directora de multas del MFP.
La funcionaria precisó que el ingreso por cobro de multas se incrementó un 44% con relación al año anterior.
De acuerdo con un reporte del diario oficial Granma, el 83% de las multas fueron impuestas por las direcciones de inspección de los Consejos de la Administración Municipal, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud Pública.
Bas Sosa celebró que las autoridades alcanzaran una eficacia en el cobro de las sanciones del 86,9%, un incremento del 1,7% con respecto a igual periodo de 2023. Indicó que el 70% de las multas pendientes por cobrar se concentran en La Habana (32,2%), Pinar del Río (9%), Holguín (8,3%), Santiago de Cuba (7,3%), Matanzas (7,4%) y Camagüey (6,4%).
La funcionaria acotó que de la suma total, unas 62.000 multas corresponden a contravenciones y más de 75.000 a infracciones de tránsito. Por esa vía, dijo, se obtuvieron ingresos ascendentes a más de 87 millones de pesos.
Mientras los emprendedores cubanos se quejan de la enorme cantidad de multas que los inspectores les imponen por razones disímiles, las autoridades buscan disciplinar a base de represión a los sancionados. Los castigos van desde la prohibición de salida del país a quienes no declaren sus ingresos y ganancias como trabajadores no estatales hasta duras sentencias de cárcel.
Esta misma semana se supo que un cuentapropista de Cienfuegos recibió una condena de cinco años de cárcel por ejercer violencia contra dos inspectores estatales que pretendieron imponerle una multa, tras considerar que se saltó los precios máximos aprobados por el Gobierno provincial.
El Gobierno, que inició una batida contras las MIPYMES y emprendedores, a quienes topó los precios de varios productos y culpa del altísimo costo de alimentos escasos y de alta demanda en el país, informó que solo en julio se aplicaron multas por valor de más de 30 millones de pesos por esa razón.
No obstante, esas sanciones no se aplican por igual a los mercados estatales, en especial las tiendas en dólares del conglomerado empresarial de los militares, GAESA, cuyos precios de venta son hasta más del doble del sector no estatal.
Pero además de las multas, las autoridades aplican ventas forzosas de productos, el retiro temporal de la autorización para operar de algunos establecimientos y el decomiso.
Aunque la batida del Ministerio de Finanzas y Precios, realzada en la propaganda oficial, se centra en las MIPYMES y en seis productos de primera necesidad, las "acciones de control" han alcanzado a otros actores económicos no estatales, como vendedores de productos agropecuarios y carretilleros, en medio de denuncias de extorsión y sobornos.
