Más de 5.000 sanciones para los boteros de La Habana por desafiar al Gobierno

La Dirección General de Transporte de La Habana ha impuesto más de 5.000 sanciones a transportistas privados a raíz del tope de precios establecido por el Gobierno a principios de junio pasado, informó la página web oficial "Portal del Ciudadano de La Habana".

"Durante los meses de junio y julio del 2023, a partir de la implementación de la resolución 132/23 del Gobierno de La Habana, que aprueba los precios máximos a cobrar por los transportistas que poseen Licencias de Operación del Transporte, la Dirección General de Transporte impuso 5.100 contravenciones vinculadas a violaciones de lo dispuesto en la resolución, en lo referido a violaciones de las tarifas (Decreto 30) y por ejercer la actividad de transportación de pasajeros de forma ilegal (Decreto 45)", explicó la nota publicada.

Algunos de los que ejercieron esta actividad de forma ilegal "mostraron reincidencia en la violación, y se aplicaron medidas de mayor rigor con los responsables, que en su gran mayoría no eran los titulares de los medios".

Quizás con la intención de escarmentar al gremio habanero de boteros (transportistas privados), la nota expuso los datos de ocho de ellos. Se detalló el número del carnet de identidad, el nombre completo y la matrícula del vehículo que utilizaban para trasladar a las personas.

"Además de notificar a los que conducían el vehículo —concluyó la nota—, se aplicaron medidas también con los titulares, a los cuales se les retiró la documentación y la matrícula de los vehículos."

En La Habana, a la irrisoria frecuencia de la mayoría de las rutas de ómnibus urbanos (el 66% de los vehículos está fuera de funcionamiento) y la escasez de gasolina y diésel, se le ha sumado la renuencia de transportistas privados, "asfixiados" por los nuevos topes de precios, quienes, o trabajan menos, o cobran montos excesivos para compensar la carencia de combustible y las posibles roturas de las piezas de sus vehículos.

Esta situación ha generado protestas de los boteros. La tensión que le aplican los inspectores ha tenido disímiles reacciones. DIARIO DE CUBA reportó el intento de secuestro de un chofer a unas inspectoras que, al aparentar ser clientes comunes, detectaron el incumplimiento de los precios. El objetivo del conductor era sacarlas del municipio para luego decir que le habían pedido dinero. Ese episodio terminó con una multa de 8.000 pesos para el chofer, mientras una oficial del Ministerio del Interior (MININT) le decía que eso lo habría resuelto con darle 2.000 pesos a las inspectoras.