El régimen de Cuba trata de 'demorar lo inevitable', dice el fondo de inversión CRF I tras la vista de apelación en Londres

Tras la conclusión el pasado jueves 25 de julio de la vista de apelación por una fracción de la deuda de La Habana con el fondo de inversión CRF I, que tuvo lugar en la división civil de la Corte de Apelaciones de Londres, fuentes del grupo que reclama desde hace años 73 millones de euros indicó que, con esta maniobra, el régimen de la Isla solo busca demorar el desenlace inevitable.

Una fuente de CRF I que habló con DIARIO DE CUBA precisó que el fondo de inversión con sede en Islas Caimán, y que posee un volumen de deuda vencida de La Habana de más de 1.000 millones de dólares de EEUU, no emitiría ninguna declaración tras la conclusión de la vista.

Sin embargo, indicó la fuente, "seguimos confiando en nuestro caso y pensamos que la parte cubana solo está tratando de retrasar lo inevitable".

DIARIO DE CUBA tuvo acceso al documento con los contraargumentos presentados por los abogados de CRF I (Jawdat Khurshid KC y Andrew Pearson), tras la exposición de parte del Banco Nacional de Cuba (BNC) en su apelación.

Según el documento, que hace un largo recuento del juicio celebrado en la sala Comercial del Tribunal Superior de Londres a inicios de 2023, el BNC era el banco central de Cuba cuando en enero de 1984 acordó "extender el vencimiento de depósitos preexistentes", de los que deriva la deuda contraída por el régimen de Fidel Castro, que CRF I compró y está litigando.

Recuerda además que, si bien el BNC dejó en 1997 de tener funciones de banco central, siguió siendo responsable, "conforme al artículo 7(ll) del Decreto Ley 181 de 1998, de la función completamente separada de registrar, controlar, atender y tratar con los bancos cubanos la deuda soberana contraída antes de 1997", incluida la suma en litigio.

El argumento central de La Habana desde que fue llevada a juicio por el fondo de inversión es que este no es su legítimo acreedor; por otro lado, insiste en que la cesión de la deuda a CRF I, originalmente contraída por el BNC con los bancos Credit Lyonnais e Instituto Banco Italiano, y que pasó después al ICBC Standard Bank (filial británica del banco chino ICBC), fue obtenida mediante soborno.

Mas, la jueza Sara Cockerill, que juzgó el asunto en Londres, decidió en abril de 2023 que CRF I sí es el acreedor legítimo, si bien determinó además que el Estado de Cuba, incluido en la demanda original, no podía considerarse como el garante de esa deuda.

La apelación del BNC se basa en que Cockerill se equivocó al dar por buena la cesión a CRF de los derechos contractuales sobre los títulos derivados de los préstamos originales de los bancos europeos, firmada el 25 de noviembre de 2019 por su exdirector de operaciones, Raúl Olivera Lozano, hoy encarcelado en Cuba después de un juicio sin garantías relacionado con este caso. Según la entidad estatal, esa cesión no fue válida porque Olivera no siguió los procesos internos adecuados.

Asimismo, en su alegato ante el tribunal, la entidad estatal cubana acusó a CRF I de usar este litigio para "bloquear" a La Habana "de los mercados financieros" a fin de facilitar que pueda cobrar toda su cartera de deuda cubana impagada. 

Pero, en su contraargumento, CRF I recordó que la jueza determinó que este no es un "fondo buitre", como fomenta la narrativa del régimen cubano, sino "un inversionista responsable en deuda soberana cubana que, durante años, ha hecho esfuerzos considerables y genuinos para colaborar con el BNC (y Cuba) con miras a renegociar la deuda soberana de Cuba en beneficio de ambas partes; pero en cada etapa el BNC (y Cuba) ignoraron las propuestas del CRF y se negaron a sentarse a la mesa de negociaciones".

"Ante seis años de silencio, CRF decidió adoptar una estrategia alternativa con la esperanza de persuadir al BNC (y a Cuba) a participar. CRF intentó que una fracción de la cartera de deuda soberana cubana que estaba en manos de un custodio a su nombre (es decir, dos posiciones de deuda, en virtud de los Acuerdos, por valor de unos 70 millones de euros, de una cartera valorada en 1.300 millones de dólares estadounidenses) fuera asignada a su propio nombre, con vistas a estar en condiciones de amenazar con un litigio. Incluso entonces, como dejaron claro las cartas de CRF antes de la acción, la esperanza era que fuera posible resolver los asuntos amistosamente, pero no fue así", subraya el documento.

Ante lo inevitable del pleito, La Habana trató de impugnar la jurisdicción de los tribunales de Londres en el asunto, "buscando que se desestimara el proceso por todos los medios posibles, justos o sucios. Se presentaron cargos falsos de soborno contra el representante del CRF que había estado tratando más estrechamente con el BNC, y su nombre fue añadido a la 'Lista Roja' de Interpol, como consecuencia de lo cual fue detenido y deportado de México. Esos cargos eran completamente falsos y, con el permiso de la Corte, BNC (y Cuba) retiraron todas las acusaciones de irregularidades contra CRF en vísperas del juicio", señala, algo que DIARIO DE CUBA reportó en su momento.

Prosigue el documento de CRF I: "Por lo tanto, en el juicio, el BNC tuvo que impugnar las asignaciones de los Acuerdos sobre la base de que los funcionarios de su Oficina de Deuda Externa no tenían la autoridad para dar consentimiento a esas asignaciones, a pesar de que la Oficina de Deuda Externa era el departamento dentro del BNC responsable de manejar la deuda soberana cubana, las cesiones habían sido inscritas en el Registro de Deudas Externas del BNC y el presidente del BNC había reconocido las cesiones en la correspondencia previa a la acción".

La apelación de La Habana, cuestiona CRF I, se basa en cuestionar o considerar erróneas conclusiones de la jueza Cockerill, insistiendo en argumentos sin fundamento legal. "Los tribunales de apelación no deben interferir con las determinaciones de hecho de los jueces, a menos que estén obligados a hacerlo. Una determinación de hecho solo puede revocarse si es claramente errónea", recuerdan los abogados.

Asimismo, advierten que "el BNC invita tácitamente al Tribunal a revocar otras determinaciones de hecho, respecto de las cuales no se solicitó ni obtuvo permiso para apelar"; entre ellas, caracterizar incorrectamente al CRF como un "fondo buitre" nuevamente.

"Si bien ese alegato fue desestimado por el juez de primera instancia, ahora ha sido resucitado y declarado como un hecho. No se explica cómo se podría hacer esto correctamente sin permiso. Ni siquiera se reconoce que la cuestión se discutió y se decidió en contra del BNC", señala.

"El BNC no tiene la posibilidad de cuestionar las determinaciones de hecho realizadas por el juez respecto de las cuales no se ha solicitado ni otorgado permiso para apelar", enfatiza la contraargumentación.

"Las críticas del BNC a la jueza son injustas e infundadas", insisten, para agregar: "Dadas las circunstancias, la jueza tuvo toda la razón al concluir como lo hizo. Como mínimo, había pruebas que respaldaban la conclusión de la jueza, y eran unas a las que un juez racional podía llegar", concluye el documento.

Los jueces Sarah Asplin, Stephen Philips y Richard David Arnold, de la Corte de Apelaciones, emitirán su decisión en fecha futura. Si la apelación es rechazada, el proceso continuará, así como seguirá abierta la posibilidad de que La Habana se vea emplazada a pagar su deuda, lo cual abriría en potencia al camino para que sus numerosos acreedores exijan idéntica postura.