La audiencia de apelación del Banco Nacional de Cuba (BNC) contra la sentencia en la demanda del fondo de inversión CRF I, que le reclama una suma de 73 millones de euros contraída por el régimen de Fidel Castro en la década de 1980, comenzó este miércoles 24 de julio en Londres.
La vista oral, que concluirá el jueves, es atendida por la división civil de la Corte de Apelaciones londinense ante los jueces Sarah Asplin, Stephen Philips y Richard David Arnold. En ella, las partes presentan sus consideraciones. Los jueces emitirán una decisión en fecha futura.
Según el tribunal inglés, "esta disputa involucra un reclamo de deuda soberana de algo más de 70 millones de euros por parte del Demandante (CRF) contra el principal deudor de esas deudas, el Banco Nacional de Cuba, y el garante de una de esas deudas, la República de Cuba. Las deudas surgen de acuerdos de préstamo que datan de mediados de los años 1980".
El BNC, al notificar la vista en su perfil oficial, insistió en catalogar a CRF I como un "fondo buitre", uno de los argumentos centrales de la narrativa del régimen.
Según la nota, "el 4 de abril de 2023, la Alta Corte de Inglaterra y Gales emitió un fallo en el que planteaba que debía analizarse si el fondo buitre CRF I Limited era o no acreedor del Banco Nacional de Cuba. Esa decisión fue apelada por nuestra entidad financiera y admitida por el tribunal de instancia superior".
"Desde el inicio del proceso, promovido ante los tribunales ingleses por el fondo buitre con el objetivo de reclamar un derecho que no le asiste, el Banco Nacional de Cuba ha sostenido que ese ente económico no es su acreedor, y, por ende, no hay razón alguna que sustente tal posición", insiste la entidad estatal.
"El Banco Nacional de Cuba ratifica, una vez más, su permanente voluntad de diálogo y respeto hacia las deudas contraídas con legítimos acreedores, lo cual no guarda relación alguna con una entidad ajena a sus instrumentos financieros, como es el caso de CRF I Limited", finaliza la nota.
En junio de 2023, la jueza Sara Cockerill, de la sala Comercial del Tribunal Superior de Londres, había rechazado la apelación presentada por el régimen de Cuba al veredicto del caso en contra de La Habana y del BNC.
El BNC había anunciado en abril del propio año que apelaría el fallo, el cual desestimó a CRF I como acreedor del Estado cubano, pero decidió que la entidad financiera de La Habana tiene que hacerse cargo de la deuda que contrajo el Gobierno.
Después del veredicto del juicio oral de febrero de 2023, que el Gobierno cubano aseguró era una victoria, La Habana anunció a través de su ministro de Justicia, Oscar Silvera, que "existen documentos que prueban las intenciones de dañar al país y de afectar los flujos financieros de la economía cubana".
Pese a ello, el veredicto de la jueza Sara Cockerill dice textualmente: "CRF tiene derecho a invocar las disposiciones contractuales (...) en cuanto a la jurisdicción de los tribunales ingleses", reconociéndolo como un deudor legítimo a pesar de la campaña de La Habana para desacreditar sus reclamos.
Las conclusiones de la jueza sobre el juicio no dejaron dudas en torno a que el BNC y, por tanto, el Gobierno cubano, esgrimieron argumentos falsos para defender su posición en el proceso.
Sin embargo, el ministro dijo que La Habana cumplió estrictamente sus obligaciones procesales en la demanda. Ello, luego de que la defensa del régimen esgrimió que la cesión de la deuda cubana a CRF I fue conseguida a través del soborno de funcionarios bancarios, argumento que fue demolido por los abogados de la parte demandante.
Ante la continuación del litigio, Silvera aseguró que el régimen de la Isla "continuará defendiendo la verdad: CRF no es acreedor legítimo de ninguna de sus instituciones".
En abril, tras el anuncio de la apelación, CRF I llamó al Ministerio de Justicia de la Isla a negociar un acuerdo serio. "En lugar de presentar apelaciones sin sentido en la Corte, CRF invita cordialmente al ministro Silvera y al Gobierno cubano a negociar un acuerdo justo en beneficio del pueblo cubano", indicó la entidad a DIARIO DE CUBA.
"Raúl Castro dijo querer convertir a Cuba en una economía de 'tipo vietnamita'. CRF está dispuesto a hacer su parte para ayudar a Cuba a hacer precisamente eso, ya que sería un escenario en el que todos saldrían ganando", subrayó la declaración.
CRF I, integrado por inversores privados y creado a raíz de que Raúl Castro comenzó a renegociar la deuda externa cubana que Fidel Castro había considerado impagable e incobrable en 1986, tiene una cartera de bonos que en 2017 ascendía a 1.200 millones de euros (1.300 millones de dólares al cambio actual), de los que ha empezado a reclamar una parte por la vía judicial.
