'La nueva improvisación económica del Gobierno traerá más hambre a Cuba'

La ONG Programa de Monitoreo Alimentario (Food Monitor Program), alertó que el nuevo paquete de medidas económicas anunciadas el miércoles 17 de julio por el Gobierno de Cuba provocará el incremento de la inseguridad alimentaria, la inflación, la inseguridad ciudadana y el agravamiento de la grave situación que vive la economía de la Isla. 

Tras realizar un análisis de las decisiones más importantes anunciadas por el primer ministro, Manuel Marrero, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, la organización indica que las medidas "no solamente pueden profundizar la devaluación del peso cubano (ya que los emprendedores deberán continuar acudiendo a un mercado informal, en ausencia de un sistema cambiario real), sino que incrementará la inflación en los precios de los alimentos, dificultará aún más el acceso a los mismos, mientras que las familias continuarán perdiendo capacidad de acceso, como ha ocurrido desde la Tarea Ordenamiento".

Según su valoración, "en general, esta improvisación económica y el peso regulador de las medidas elimina oportunidades de inversión en la Isla, vista como un escenario inestable para emprender negocios, lo que impacta a largo plazo el desarrollo económico nacional".

"Igualmente, dada la naturaleza criminogénica de las crisis económicas, esto puede conllevar a un aumento de la inseguridad ciudadana. Además, vale señalar que, las regulaciones 'a dedo' y sin peso en la realidad han contribuido históricamente a un mayor protagonismo del mercado negro y de transacciones informales en la sociedad", agrega.

Al señalar que la decisión principal anunciada apunta al aumento de la dolarización en la Isla, el Programa de Monitoreo Alimentario advierte que "en los últimos cinco años el Gobierno cubano ha intentado canalizar y absorber la mayoría de las divisas entrando al país tomando medidas polémicas, como la creación de tiendas MLC y la reconducción de productos de primera necesidad hacia esta red de pago en tarjetas de crédito, en divisa y desde el extranjero".

"Sin embargo, más que cumplimentar lo esperado, estas tiendas no han tenido la oferta ni la demanda esperada; han presentado importantes niveles de desabasto, mientras una mayoría de los cubanos, que no recibe remesas, no tiene forma de acceder a estos mercados. Ello ha llevado finalmente a una mayor profundización de la diferenciación socioeconómica en la Isla".

"El Gobierno también anunció la imposición de un mayor cobro en la frontera y el pago en divisas de los aranceles a las importaciones del sector no estatal, así como la recepción de divisas en efectivo en el sector turístico. Las mismas autoridades admitieron que esta medida no se había llevado a cabo por 'contribuir a la dolarización de la economía e ir en contra del proceso de bancarización'", agrega el análisis.

"Esta última improvisación económica del Gobierno cubano es justificada dentro de 'un escenario de economía de guerra', sin admitir que persisten mayores obstáculos determinantes en la devaluación del peso cubano, tales como la ausencia de un mercado cambiario formal y la falta de liquidez de las entidades bancarias".

El análisis subraya que las medidas supondrán otra grave afectación para las MIPYMES y el sector no estatal en general, "entidades que mayores garantías aportan a la seguridad alimentaria en el país a partir de las importaciones de alimentos".

Sobre este particular, el Programa de Monitoreo Alimentario advierte que el discurso del Gobierno sobre ese sector de la economía, cada vez más influyente pese a sus precios prohibitivos para la mayoría de los cubanos, contiene un sesgo criminalizador.

"A lo largo de la intervención en el día de ayer, el mensaje oficial priorizó frases que adelantaban daños a la reputación de actores económicos relevantes en el país. En consecuencia, ante el desvío de recursos fuera de los ámbitos de control del Estado, el Gobierno declaró una 'usurpación' de las divisas por parte de las formas de gestión no estatal, así como un 'enriquecimiento' de los privados y una 'diversificación' e 'implicación ilegal' de personas en estas actividades".

"Aunque no se descarte el incremento de actividades ilícitas, algo recurrente en autocracias que tienen dominio de los sistemas agroalimentarios, es al menos cínica esta postura revisionista, habiendo admitido hace tres meses la corrupción y lavado de dinero en las altas esferas del Ministerio de Economía en Cuba", señala.

"Ante el crecimiento del sector, que el Gobierno hace apenas tres años aprobó, y que ha diversificado y circunnavegado la crisis económica en Cuba, se repiten maniobras de control y criminalización en lo que se interpreta como una nueva ofensiva contra el sector. Las autoridades han prometido 'mano dura', 'orden y disciplina' contra la corrupción y la evasión fiscal de estas entidades, a las que también acusa de 'tendencias negativas', una frase que ha utilizado el discurso oficial desde la década de los 60 para justificar reacomodos autocráticos", recuerda.

Señala el análisis que la situación actual de la economía de Cuba supone "una crisis aún más aguda que la del llamado Periodo Especial. Ante este precario panorama, el Gobierno continúa criminalizando y regulando arbitrariamente, sin aportar soluciones efectivas a la crisis multisectorial presente en el país. La tendencia al decisionismo burocrático, a la desviación de responsabilidades y a la ordenación arbitraria a partir de regulaciones no consensuadas, se anquilosa cada vez más en un proceso deliberativo viciado y sin respaldo en la revisión ciudadana".

Pero, para el Programa de Monitoreo Alimentario, lo más alarmante de los anuncios del Gobierno es que ello se produzca dentro de la declaración de una "economía de guerra", como las autoridades bautizaron el preámbulo del nuevo ajuste.

"Como ya se comienza a constatar, la economía de guerra es el nivel máximo de emergencia nacional, donde las decisiones son tomadas directamente por el ejecutivo, de forma excepcional. Este estado de excepción facilita la acidificación de políticas públicas, un mayor control general y la racionalización de bienes y servicios".

"En paralelo, atenta contra el crecimiento económico y el desarrollo productivo; por ejemplo, en el mismo comunicado oficial, el Gobierno anunció posponer y paralizar inversiones 'que no sean imprescindibles'. Teniendo en cuenta que las últimas inversiones 'necesarias' han estado destinadas al sector turístico, en un país que acumula menos de la mitad de la cifra de viajeros internacionales que tenía hace cinco años atrás, podemos prever un impacto negativo similar", señala.

"Food Monitor Program recuerda que el actual contexto económico en Cuba tiene como una de sus principales causas la fallida Tarea Ordenamiento y el retroceso de garantías y respaldos sociales sin medidas paliativas para una población vulnerable en extensión. El colapso de hasta un 67% de la producción alimenticia en los últimos cinco años, la ineficacia de las llamadas 63 medidas para dinamizar la agricultura, así como la inclinación a la dolarización y a contratos patrimonialistas dentro del capitalismo de Estado cubano, han dado como resultado que más de un 90% de los cubanos hayan perdido acceso considerable a los alimentos".

La ONG conmina al régimen a asumir posturas que prioricen "a una población extendidamente vulnerable, con disposiciones realistas, consensuadas y alejadas del excesivo control estatal, así como un mecanismo de rendición de cuentas que permita mayor incidencia ciudadana en términos de seguridad alimentaria".