No es al sector privado a quien le está apretando las tuercas el Gobierno cubano

Aunque pueda parecerlo, las últimas medidas económicas del castrismo no son un ataque contra el sector privado tipo Ofensiva Revolucionaria, operación contra los "macetas" o cualquiera de las tuercas que le han apretado al cuentapropismo. No, no es esa la intención… Al menos por ahora.
 
No es descartable, por supuesto, que en algún momento futuro la maquinaria totalitaria decida reducir el sector privado como ya ha hecho tantas veces antes, tanto por ideología, como por miedo a la sociedad civil, como para que los verdaderamente privados no le hagan competencia comercial a los "enchufados". Pero estamos bien lejos aún de ese escenario.
 
De momento, al Gobierno, el sector privado real le está funcionando muy bien como distribuidor minorista de lo que los enchufados importan de manera mayorista. El sector privado le funciona como exploradores descubriendo y ampliando nuevos nichos de mercado que, una vez maduros, podrán ser tomados por los enchufados. Como financiadores en este momento de desesperación en que los inversores internacionales ni se acercan a Cuba, y para generar una actividad económica de alto volumen financiero que pueda ser fiscalmente imponible.
 
El castrismo está satisfecho con cómo va el tema de las MIPYMES, de ahí que los dos cambios más importantes recientemente acecidos sobre estas — la eliminación de los estímulos fiscales durante el primer año de su inauguración y el aumento de algunos aranceles, quintuplicados sin importar si lo que se importa son carros para "especular" o pollos para sobrevivir— no son medidas contra las MIPYMES propiamente.
 
El error de análisis está en interpretar que esas nuevas medidas que ciertamente tampoco estimulan el crecimiento del sector privado, han sido ideadas para reducirlo, como pasaría en cualquier país donde, cuando hacer negocios se hace más difícil y caro, inmediatamente se reduce el número de empresas estrechándose el mercado.
 
Y aunque ese efecto parece lógico y por ello inevitable —cierre de MIPYMES—, en realidad eso solo sucede si los empresarios no tienen capacidad para repercutir los nuevos costes sobre sus clientes. Es decir, el número de empresas se reduciría si estas tuviesen que reducir sus márgenes de ganancia, lo que llevaría a algunas a la quiebra, pero no sí pueden pasar sus costes a la facturación final.
 
La condición para forzar a los empresarios a absorber los costes es que exista un mercado competitivo donde subir precios provoque el desplazamiento de la demanda hacia productos similares o de menor precio y calidad. En un mercado competitivo, al subir precios se arriesga una caída de ventas de tal grado que, aun cobrando más por cada ítem vendido, se termine ingresando menos, incluso menos de lo necesario para cubrir los gastos fijos y haya que cerrar el negocio.
 
Pero como siempre, con el castrismo no se puede subestimar la maldad que subyace a sus intenciones, mucho menos su imaginación para aplicarla.
 
En un mercado sin competencia como el que genera el sistema castrista, casi cualquier aumento de los costes que el Estado imponga a las empresas será repercutido hacia un consumidor final que o paga más o se muere de hambre. Por lo que la empresa no tiene que adaptarse a nuevos costos mediante innovación, recorte de gastos o sencillamente saliendo del mercado para que otro oferente más eficiente ocupe su lugar. En Cuba no sucede el proceso schumpeteriano de destrucción creativa que progresivamente hace del capitalismo un sistema más eficiente. En Cuba lo que hay es mucha creatividad para la destrucción.
 
En este mercado sin competencia, el aumento de costos empresariales no se traducirá en un número menor de empresas o en un aumento de su eficiencia, sino en más inflación. 
 
Así, a lo que está apuntando el castrismo no es a reducir el aun minúsculo sector privado en el cual están felizmente medrando muchos miembros del oficialismo. La diana real está colocada en aumentar los ingresos estatales vía aranceles, vía el deterioro del poder adquisitivo congelado de los trabajadores estatales, vía el cobro de impuestos mucho más altos debido a precios inflados y, por supuesto, vía desplazar consumo de moneda nacional a divisa extranjera.
 
Como sucedió en Venezuela, el Gobierno está generando una dolarización informal que desde el lado de la demanda depende de las remesas, y del lado de la oferta depende de importaciones mayormente hechas por el sector privado enchufado, distribuida por una red minorista verdaderamente privada.
 
A esta dictadura, que solo le queda la legitimidad de los calabozos y las tonfas, le importa cada vez menos el largo plazo. El plan económico ha pasado de ser quinquenal a ser quincenal, su casi única preocupación se ha vuelto ver cómo sobreviven las dos próximas semanas y cuánto pueden sacarle al pueblo mientras este yate Granma se acaba de hundir.