La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó "preocupación por la permanencia y ampliación de la pena de muerte en la legislación cubana". Durante el actual periodo de audiencias públicas del organismo, celebrado esta semana en Ciudad de Panamá, la entidad señaló "la redacción ambigua que puede poner en riesgo a las personas por el ejercicio de sus derechos a la participación política y a las libertades de expresión, reunión y asociación".
Asimismo, la CIDH reafirmó su posición a favor de abolir la pena de muerte y reiteró su llamado a "liberar a las personas privadas de libertad por motivos políticos".
El organismo, además, criticó el hecho de que no existan jueces independientes, lo que, a consideración de sus expertos, "provoca un temor generalizado en la población".
La preocupación de la CIDH guarda total apego a la realidad, toda vez que, en 2023, el entonces presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, amenazó con la aplicación de la pena de muerte como "defensa" del régimen cubano y de la cacareada "tranquilidad ciudadana". Desde entonces, La Habana ha amagado en más de una ocasión con aplicarla.
"Hace 20 años que en Cuba no se aplica una sanción de muerte. Eso no quiere decir que no exista. Está en varias figuras delictivas, las más graves; también está en los hechos asociados al delito de terrorismo, tiene prevista la pena de muerte por varias razones", dijo entonces Remigio Ferro.
La ocasión más reciente en la que La Habana ha recordado la existencia de la pena de muerte en el ordenamiento jurídico como estrategia de amedrentamiento fue hace poco más de una semana, cuando la Fiscalía del régimen adelantó que los procesados por el intento de infiltración armada en febrero se enfrentan a cargos cuyas sanciones "pueden llegar a la pena de muerte en su grado máximo, según la gravedad de los actos cometidos".
La pena de muerte está incluida en la nueva ley penal cubana. De hecho, en 2023 el régimen incrementó en cuatro el número de delitos a los que puede aplicarla como castigo. Si en el Código Penal anterior eran 20, el actual contiene 24, y el delito de asesinato prevé este castigo.
Los cuatro delitos sancionables con la pena máxima añadidos al nuevo Código Penal son delitos contra la seguridad del Estado. De los 24 totales, más de la mitad de los que pueden ser sancionados con la pena máxima son delitos de esa naturaleza.
El pronunciamiento de la CIDH sobre la pena de muerte en Cuba se suma a las numerosas críticas al régimen por mantener este castigo en su ordenamiento jurídico. Así, tanto organizaciones de derechos humanos como organismos internacionales demandan su eliminación, sin que La Habana esté dispuesta a escuchar.
