Las mujeres encarceladas en Cuba dependen de sus familias para acceder a alimentos, medicamentos y productos de higiene que el Estado no garantiza, pero las autoridades penitenciarias pueden restringir ese apoyo como mecanismo de sanción y control. Así lo denunció el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) durante una audiencia regional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrada el 27 de octubre en Panamá.
"La visita no es solo un espacio afectivo: es el canal por el que, en la práctica, se cumple el deber de garante que el Estado incumple", afirmó Camila Rodríguez, directora de Iniciativa para la Investigación y la Incidencia A.C., organización de la que forma parte el CDPC.
El centro presentó casos de madres a quienes se ha impedido visitar a sus hijas, confiscación de medicamentos que terminó en la cancelación del contacto familiar, amenazas relacionadas con la custodia de los hijos y traslados que han mantenido a mujeres encarceladas lejos de sus familias durante meses, situaciones que han sido documentadas a lo largo de los años por DIARIO DE CUBA.
Según explicó Rodríguez, son principalmente madres, hermanas e hijas quienes llevan los suministros a las prisiones. Muchas también asumen el cuidado de los hijos de las reclusas. Las restricciones penitenciarias afectan así tanto a las mujeres encarceladas como a quienes las sostienen desde fuera.
El contacto familiar como instrumento de presión
Para el CDPC, estas restricciones no pueden entenderse únicamente como medidas disciplinarias. Cuando el acceso a productos esenciales depende de las visitas, impedirlas puede comprometer la integridad de las reclusas y extender los efectos del encarcelamiento a familiares que no han sido condenados.
La organización recordó la importancia de proteger esos vínculos, especialmente cuando hay hijos. Las Reglas de Bangkok, citadas durante el debate, reconocen las necesidades específicas de las mujeres privadas de libertad y llaman a facilitar el contacto con sus familiares y a considerar las consecuencias de las decisiones penitenciarias sobre esas relaciones.
La presión también alcanza a las mujeres que denuncian los abusos. De acuerdo con la información presentada, Justicia 11J —otro programa de Iniciativa para la Investigación y la Incidencia— ha documentado represalias contra familiares que reclaman la libertad de los suyos y denuncian violaciones de derechos humanos.
306 eventos registrados en Cuba
Durante la audiencia, la organización colombiana Corporación Humanas incorporó a su intervención datos del CDPC: entre 2022 y 2026, el centro registró 306 eventos de violaciones de derechos humanos relacionados con mujeres privadas de libertad en Cuba, incluidos casos de graves afectaciones a la salud reproductiva y atención médica deficiente. El balance se refiere a eventos documentados, no al número de mujeres afectadas.
La audiencia, celebrada durante el 197.º Período de Sesiones de la CIDH, reunió a organizaciones de Cuba, Guatemala, Colombia y México. Las intervenciones abordaron problemas de atención médica, discapacidad, salud mental, accesibilidad y separación familiar.
Montserrat Solano Carboni, subdirectora regional para las Américas de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que las mujeres representan entre el 6% y el 8% de la población penitenciaria de América Latina y el Caribe. También advirtió sobre el uso excesivo de la prisión preventiva y la necesidad de ampliar las alternativas al encarcelamiento, especialmente para mujeres con hijos a cargo.
Entre las solicitudes finales a la CIDH figuraron proteger los vínculos familiares, prohibir la suspensión de visitas y llamadas como sanción disciplinaria, garantizar atención sanitaria y cuidados dignos y producir datos desagregados sobre las mujeres privadas de libertad.
