La SIP exige la liberación a Henry Constantin y poner fin a la persecución de la prensa en Cuba

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió al régimen cubano la liberación del periodista Henry Constantin y el cese del hostigamiento, las detenciones y los procesos penales contra periodistas independientes, creadores de contenido y ciudadanos por ejercer su derecho a informar y expresarse.

En una resolución sobre Cuba, fechada el 24 de octubre, la 82ª Asamblea General de la organización denunció que se ha intensificado el uso de mecanismos policiales y judiciales contra quienes informan sobre asuntos de interés público, mediante citaciones, vigilancia, restricciones de movimiento y procesos penales.

La SIP consideró de "especial gravedad" el encarcelamiento preventivo de Constantin, director de La Hora de Cuba y vicepresidente regional para Cuba de su Comisión de Libertad de Prensa e Información. El periodista permanece recluido en la prisión camagüeyana de Kilo 7, acusado de desobediencia, después de que un tribunal rechazara un recurso de habeas corpus presentado en su favor.

Además de su liberación, la organización exigió "el pleno respeto de sus garantías judiciales y del derecho de su defensa".

Restricciones de viaje y control estatal de los medios

La resolución reclamó el cese de las restricciones arbitrarias de movimiento y de las prohibiciones de salida del país impuestas a periodistas por su actividad profesional o sus opiniones.

La SIP señaló que la prensa independiente sigue sin reconocimiento legal, mientras el Estado controla los principales medios de comunicación, las telecomunicaciones y otras actividades esenciales para producir y difundir información.

En ese contexto, advirtió que el Decreto 160/2026 refuerza el control estatal al limitar la posibilidad de formalizar medios independientes y mantener bajo ese control actividades relacionadas con el periodismo, la publicación de medios, las agencias de noticias y la radiodifusión. A esas restricciones se suman los apagones y las deficiencias de conectividad.

La Asamblea instó a las autoridades a garantizar el reconocimiento y funcionamiento de los medios independientes y a eliminar las normas y prácticas que restringen la libertad de prensa. También reclamó garantías para documentar y difundir información de interés público sin represalias, así como investigar y sancionar a los responsables del hostigamiento y la represión.

La organización alertó, además, sobre la persistencia de figuras penales de amplio alcance en casos vinculados con la libertad de expresión y la falta de información sobre investigaciones o sanciones contra quienes ejercen esas acciones represivas.

Una solicitud de protección ante la CIDH

El pronunciamiento de la SIP se suma a las gestiones para proteger a Constantin, encarcelado desde el 16 de septiembre. El Centro de Denuncias Defensa CD, de la plataforma Cuba Decide, presentó el 13 de octubre una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), previa autorización de sus familiares, según confirmó a DIARIO DE CUBA.

La petición expuso los obstáculos que afrontaron sus allegados para conocer su paradero tras el arresto y para que pudiera acceder a una abogada, el rechazo del habeas corpus y las dificultades para seguir el curso de su expediente.

Defensa CD pidió a la CIDH que requiera al Estado cubano medidas para proteger la vida y la integridad física y psíquica de Constantin, poner fin a las amenazas y represalias, garantizar el acceso confidencial a su abogada y a sus familiares y verificar sus condiciones de reclusión. Solicitó asimismo su liberación y que se consideren alternativas a la privación de libertad mientras se atienden los riesgos denunciados.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) exigió el 16 de octubre al Tribunal Supremo Popular y a la Fiscalía que asumieran sus responsabilidades en el caso de Constantin. La organización denunció su envío a una celda de castigo y pidió investigar un posible montaje para imputarle otro delito, tras el supuesto hallazgo de un cuchillo entre sus pertenencias.

El abogado de DIARIO DE CUBA, Edel González Jiménez, advirtió que "el verdadero peligro" radica en que las autoridades utilicen ese supuesto hallazgo para formular una acusación más grave. Ante las dificultades para sostener la imputación de desobediencia, el jurista sospecha que podrían intentar construir otra que desacredite al periodista, justifique su permanencia en prisión y debilite las exigencias de libertad.