Varios presos cubanos se encuentran en huelga de hambre por la negativa de las autoridades carcelarias a proporcionarles medicamentos, incluso cuando son sus propios familiares quienes los consiguen, denunció el grupo de asesoría jurídica Cubalex en su página de Facebook.
El prisionero político Guillermo Carralero López recurrió a esa forma de protesta pacífica en la Prisión Provincial de Las Tunas, conocida como El Típico, para exigir que las autoridades del penal entreguen las vitaminas que su esposa le llevó, según la información obtenida por la ONG.
Las mismas autoridades habían dicho que no había medicamentos en la prisión, por lo que la familia debía proporcionárselos. Sin embargo, se los retiraron después que su esposa los llevó, alegando que debían ser autorizados por la farmacia del penal.
"Esta situación deja a Guillermo sin acceso efectivo al tratamiento que necesita: el centro penitenciario no se lo garantiza y, al mismo tiempo, restringe su acceso a los medicamentos que su familia consigue por sus propios medios", criticó Cubalex.
La falta de medicinas y de atención médica también llevó al recluso Ronny Quintero Robayo a iniciar una huelga de hambre en la prisión de Camagüey conocida como Kilo 8.
Según denunció el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) el 30 de septiembre, Quintero Robayo comenzó la huelga mientras estaba en una celda de castigo, para exigir acceso a los medicamentos que necesita por sus enfermedades crónicas.
El jefe de la prisión, el mayor del Ministerio del Interior (MININT) Leonardo Suárez Reyes, le dijo que recibiría atención médica cuando él lo determinara y atribuyó la falta de medicamentos al embargo de Estados Unidos.
Cubalex señaló que hasta el momento no se ha podido confirmar si el recluso mantiene la protesta.
El mayor Suárez Reyes, conocido como "El Tailandés", ha sido señalado por varios reclusos, entre ellos el preso político Virgilio Mantilla, como presunto responsable de actos de corrupción y abuso en las prisiones.
En septiembre, varios presos que habían denunciado la crítica situación alimentaria de la prisión de Kilo 8, donde más de la mitad de la población penal presentaba signos de desnutrición, lo acusaron de haberlos amenazado y sometido a represalias.
Antes de ser trasladado a Kilo 8, Suárez Reyes fue director de la cárcel camagüeyana conocida como Kilo 7. Allí Virgilio Mantilla y otros reclusos lo acusaron de cometer abusos y desviar recursos.
En esa denuncia se basó la Fiscalía de Camagüey para acusar a Mantilla de desacato en septiembre por supuestamente intentar "desacreditar la moral y el prestigio" del oficial, según la petición fiscal, a la que tuvo acceso la activista Salomé García.
Cubalex también recibió información sobre un preso común llamado Florentino Carrió Cruz, quien se encontraría en estado crítico de salud en El Típico, tras permanecer 103 días en huelga de hambre.
Carrió Cruz habría dejado de comer para protestar por una condena de 15 años de privación de libertad que le fue impuesta por un delito que, asegura, no cometió.
Según la denuncia recibida por la ONG, el reo está extremadamente débil y tiene dificultades para caminar e incontinencia. No estaría recibiendo atención médica ni medicamentos, pese a la gravedad de su estado de salud.
El preso político Danisbel Labrada Morales, también recluido en Kilo 8, habría comenzado una huelga de hambre y habría sido trasladado a una celda de castigo como represalia. Cubalex dijo no haber podido verificar esa información de manera independiente.
El grupo de asesoría jurídica recordó que las autoridades penitenciarias "tienen la obligación de proteger la vida, la salud y la integridad de las personas bajo su custodia".
"La atención médica no puede quedar condicionada a decisiones arbitrarias de funcionarios ni depender de la capacidad de las familias para conseguir medicamentos fuera de prisión", recalcó la organización y exigió que los reclamos de las personas privadas de libertad sean "atendidos de manera efectiva y sin recurrir a castigos o represalias".
La negligencia de las autoridades carcelarias o la negación de atención médica fueron las causas de al menos 80 —aproximadamente el 70%— de las 115 muertes vinculadas al sistema penitenciario cubano que documentó Cubalex entre el 1 de febrero de 2024 y el 30 de junio de 2026.
Según el informe de la organización, publicado en septiembre, al menos tres decesos se produjeron en el transcurso de huelgas de hambre. Uno de ellos fue el del preso político Yan Carlos González González, "quien mantenía la huelga desde hacía meses en protesta por el proceso y condena en su contra, sin que las autoridades adoptaran medidas efectivas de protección de su vida".
