La presa política cubana Yunaykis Linares permanece desde el pasado junio recluida en la prisión de mujeres de El Guatao, luego de que agentes represivos la arrestaran mientras participaba en una protesta pacífica contra los apagones y le revocaran su libertad condicional. En este contexto, el Observatorio de Derechos Culturales denunció que "en las últimas semanas se han acumulado nuevas preocupaciones sobre su situación legal, su estado de salud y las condiciones paupérrimas del lugar".
En días recientes, Linares denunció en una llamada telefónica con su familia que el centro penitenciario carece de agua, "una situación que obliga a las reclusas a vivir de manera infrahumana y agrava la precariedad sanitaria del centro", subrayó el citado observatorio.
Asimismo, la presa política "ha presentado asma y no ha recibido atención médica adecuada", al tiempo que "su ubicación en un colectivo con presas que cumplen largas condenas aumenta además la preocupación de su familia por su integridad física y emocional".
En este contexto, además, las autoridades penales intentaron que firmara la conformidad con la revocación de libertad condicional, algo que se negó a hacer, toda vez que, dijo, "ella no estaba en la calle, no mantenía mala conducta", además de no considerar que exista una violación real que justifique devolverla a prisión.
Además, a finales de agosto Linares fue cambiada de colectivo, "después de intervenir ante una injusticia cometida contra otra persona", sostuvo el observatorio, que ponderó que "ese sentido de justicia la caracteriza y es, precisamente, lo que está en el origen de su revocación actual".
Antes, Linares había sido arrestada en el contexto de una protesta ciudadana, tras intervenir en favor de un menor de edad al que intentaban llevarse los agentes represivos.
"Después de esa detención, fue golpeada, recluida durante varios días en una estación policial, ubicada en una celda con hombres y, más tarde, trasladada a prisión sin que su familia tuviera claridad sobre el expediente en su contra", destacó el observatorio.
"Esa falta de transparencia sigue siendo central en este caso, reforzando el criterio del móvil político de su nuevo encarcelamiento", remarcó la organización y apuntó que "su caso vuelve a mostrar cómo el sistema penal cubano castiga la solidaridad y la voz crítica de quienes se niegan a aceptar el atropello como norma".
Linares había sido condenada a ocho años de prisión por su participación en las protestas del 11J. En 2025, sin embargo, fue excarcelada en el contexto de las negociaciones entre el régimen cubano y el Vaticano. Ahora, meses después, el régimen demuestra su hostigamiento contra los ex presos políticos, algo que se ha acrecentado en las últimas semanas, con el objetivo de devolverlos a prisión.
Estas acciones, que son parte de una espiral represiva ascendente, demuestran que, como denunció en un reciente informe el grupo de asesoría legal Cubalex, "frente a la profunda crisis de acceso a servicios públicos, a la salud y alimentación, el Estado criminaliza la libertad de expresión, asociación y protesta".
En cuanto al estado de las cárceles, el caso de Linares demuestra una vez más lo que declaró DIARIO DE CUBA la directora del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, Camila Rodríguez: "El sistema penitenciario cubano es hoy un espacio de degradación humana y represión política. No se trata de fallas aisladas, sino de una política estructural de castigo y silencio que requiere una respuesta internacional firme".
