El preso político Lázaro Noel Urgellés Fajardo, quien debió salir de la cárcel el 6 de septiembre, al terminar su condena de cinco años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, permanecerá recluido hasta el 20 de enero de 2028. La prolongación del encarcelamiento se debe a una supuesta interrupción del cumplimiento de la sanción, según las autoridades de la prisión. Sin embargo, esa justificación le fue comunicada verbalmente a su madre, Mailyn Fajardo, y no existe ningún documento al respecto, denunció el grupo de asesoría jurídica Cubalex en su página de Facebook.
De acuerdo con la información transmitida por Fajardo a la organización de derechos humanos, las autoridades carcelarias dijeron que el joven fue declarado "rebelde" o "circulado" por interrumpir la sanción en noviembre de 2024 o 2025. No pudieron precisar el año.
Urgellés Fajardo fue arrestado en julio de 2021, cuando era menor de edad. En 2022, recibió una condena de 14 años de privación de libertad. El Tribunal Supremo la redujo a cinco años de trabajo correccional sin internamiento.
Como había estado preso un año, su sanción debía terminar en julio pasado, pero el Tribunal fijó su fecha de salida de la prisión para septiembre.
Su madre aseguró que, mientras cumplía la sanción, Urgellés Fajardo se presentaba todos los meses a firmar y acudía a las citaciones obligatorias. Sin embargo, las autoridades lo devolvieron al régimen de confinamiento en enero de 2025, alegando supuestos incumplimientos, que incluían salir de noche.
Su madre solicitó el Auto de Revocación y otros documentos relacionados con el cumplimiento de la sanción en el Tribunal Provincial de La Habana, pero los funcionarios se negaron a entregárselos.
También se ha presentado en otras instituciones, incluido el Tribunal Supremo, sin obtener ninguna respuesta hasta el momento.
En la publicación de Cubalex, el abogado de la organización Julio Ferrer Tamayo aclaró que el órgano competente para revocar la sanción de trabajo correccional sin internamiento es la Sala de Ejecución del Tribunal Provincial de La Habana. Las autoridades deben entregar el Auto de Revocación para que la familia Urgellés Fajardo pueda presentar un recurso legal.
Nuevas represalias y abusos en Kilo 8
También el jueves, Cubalex denunció nuevas represalias contra presos recluidos en la prisión de Camagüey conocida como "Kilo 8", por denunciar abusos de los funcionarios, violaciones de derechos humanos y las condiciones de la cárcel.
Según la información obtenida por la organización, al manifestante del 11J Dixan Gaínza Moré le fue impuesta una medida disciplinaria por denunciar la crítica situación alimentaria en la prisión, donde más de la mitad de la población penal presenta signos de desnutrición.
Un recluso común llamado Alexander Figueroa Gutiérrez fue amenazado con la apertura de una nueva causa, por denunciar una agresión reciente a manos de funcionarios de la prisión.
Según la denuncia, que trascendió en las redes sociales, Figueroa Gutiérrez se encontraba en huelga de hambre, cuando los funcionarios presuntamente lo amarraron a la cama y le introdujeron un pedazo de pan en la boca a la fuerza. Luego, le tomaron fotografías para mostrar que había abandonado la inanición por decisión propia.
Los reclusos señalan al mayor del Ministerio del Interior (MININT) Leonardo Suárez Reyes, jefe de la prisión "Kilo 8", como responsable de las represalias y las amenazas.
Ese oficial, conocido como "El Tailandés", antes fue jefe de la prisión Kilo 7. Allí el opositor Virgilio Mantilla y otros reclusos lo denunciaron, en 2025, de cometer abusos y desviar recursos.
En esa denuncia se basó la Fiscalía de Camagüey para acusar a Mantilla de desacato por supuestamente intentar "desacreditar la moral y el prestigio" del oficial, según la petición fiscal, a la que tuvo acceso la activista Salomé García.
La Fiscalía también acusa a Mantilla de propaganda contra el orden constitucional por difundir un video en el que responsabilizó al régimen de la precariedad y la falta de libertad que padece el pueblo de Cuba. Por ese delito, el órgano acusador pide una pena de diez años de privación de libertad para el opositor camagüeyano. La sanción conjunta solicitada es de diez años de cárcel.
A finales de agosto, reclusos de "Kilo 8" señalaron al capitán Yasmany Fuentes Leyva, segundo jefe de la unidad, y Daniel Brisney Calas, segundo jefe de Orden Interior, como los responsables de las amenazas que recibieron entonces por denunciar la mala alimentación y las deficiencias de la atención médica en el penal.
Este preso, se ve que es menor de 18 años. ¡Pobre infancia cubana!