Tras un largo proceso judicial marcado por arbitrariedades y contradicciones entre los varios tribunales que intervinieron, las autoridades judiciales del régimen cubano desestimaron los recursos de casación presentados en los casos de los presos políticos Ana Ibis Tristá Padilla y Jarol Varona Agüero. De esta forma, quedaron ratificadas sus condenas a 14 y 13 años de prisión, respectivamente, acusados de hechos por los que inicialmente habían sido absueltos, denunció el grupo de asesoría legal Cubalex.
De esta forma, el régimen vuelve a demostrar que su sistema judicial funciona como otro brazo de la represión, toda vez que, luego de ser detenidos en noviembre de 2023 en Las Tunas, señalados como los organizadores de la convocatoria a una marcha pacífica que nunca llegó a realizarse, el Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba los absolvió por falta de pruebas durante un primer juicio celebrado en 2025, tras un largo y arbitrario periodo de prisión provisional.
"Sin embargo, esa decisión fue anulada y, tras un nuevo juicio, ambos fueron condenados a 14 y 13 años de prisión, sanción que ahora fue ratificada", apuntó Cubalex, al tiempo que indicó que ambos activistas también fueron acusados de "colocar carteles con contenido político y de planificar el lanzamiento de cócteles molotov en la ciudad".
En este segundo juicio, Tristá Padilla y Varona Agüero fueron condenados con pruebas endebles por los supuestos delitos de "propaganda contra el orden constitucional" y "otros actos contra la seguridad del Estado", en el caso de ella, y por el supuesto delito de "otros actos contra la seguridad del Estado", en el de él.
Tras este segundo juicio, el experto legal de DIARIO DE CUBA, Edel González Jiménez, valoró que la única diferencia entre uno y otro "sería la orden política de condenar". Estamos, pues, ante una violación flagrante del principio de libre apreciación de la prueba y, más que eso, ante "una extralimitación más de la política en la esfera de la justicia penal", sostuvo.
En tal sentido, el exjuez recalcó que lo ocurrido no es un caso aislado. "Quienes hemos trabajado dentro del sistema judicial cubano sabemos que este no es un hecho excepcional. Es un mecanismo sistemático en casos donde se pone de manifiesto el interés del poder".
Al tiempo que enfatizó que este caso "muestra la arbitrariedad de un sistema que no tolera la independencia judicial", González Jiménez remarcó que "el mensaje es claro: en Cuba, disentir se paga con algún tipo de castigo, y los jueces son simples engranajes de un sistema represivo".
Actualmente, Tristá Padilla permanece recluida en la Prisión de Mujeres de Las Tunas, conocida como La Veguita. Entretanto, Varona Agüero cumple su condena en la Prisión Provincial de Las Tunas, conocida como El Típico, y que acumula reiteradas denuncias por sus pésimas condiciones de habitabilidad y la represión constante contra los reos.
"Este caso evidencia el uso del sistema de justicia penal para criminalizar el ejercicio de derechos fundamentales, especialmente la libertad de expresión y la protesta pacífica", subrayó Cubalex, al tiempo que detalló que "las acusaciones se basan principalmente en el testimonio de oficiales de la Contrainteligencia y del Ministerio del Interior, instituciones encargadas de reprimir la disidencia política en Cuba".
En este contexto, la organización jurídica reiteró su exigencia de "liberación inmediata e incondicional de Ana Ibis Tristá Padilla, Jarol Varona Agüero y de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos en Cuba".
