La organización defensora de derechos humanos Cubalex, que desde 2010 ha brindado asistencia jurídica gratuita a personas en Cuba y ha documentado violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen, celebró el lunes el fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que consideró responsable al Estado cubano de violar los derechos de sus miembros.
La decisión, dada a conocer este mes por el organismo regional, "es el resultado de más de ocho años de litigio ante la CIDH impulsado por Cubalex y el Kennedy Human Rights Center", destacó la ONG en un comunicado.
El Kennnedy Humann Rights Center es organización no partidista y sin fines de lucro, inspirada en los legados del senador estadounidense Robert F. Kennedy y su esposa, la activista Ethel Kennedy. Como parte de su labor promueven "litigios estratégicos para exigir que los gobiernos rindan cuentas, tanto en sus propios países como en todo el mundo; fomentar un enfoque empresarial orientado al bien común; y formar a la próxima generación de agentes de cambio mediante nuestros programas de educación en derechos humanos", según informan en su página web.
Las víctimas del caso presentado ante la CIDH fueron la abogada y directora del grupo de asesoría jurídica, Laritza Diversent, y uno de sus miembros, el abogado Julio Ferrer Tamayo. Ambos se encuentran actualmente en el exilio, desde donde continúan desarrollando su labor.
Ferrer Tamayo calificó el fallo como "un logro extraordinario", en declaraciones recogidas en el comunicado de la organización.
"La decisión de la CIDH de declarar al Estado cubano responsable por la represión contra integrantes de Cubalex, represión de la que, como miembro de Cubalex, fui víctima junto a familiares, es un logro extraordinario, fruto de la documentación ante ese organismo internacional de esa nefasta política de Estado, para contra casi la totalidad de las organizaciones de la sociedad civil cubana", sostuvo el abogado.
Por ese motivo, dijo esperar que el fallo sea "el primer paso en hacer que el Estado cubano responda de manera efectiva por el daño causado no solo a los integrantes de Cubalex, además, a todo el pueblo cubano".
La Comisión dio a conocer su veredicto el 10 de julio, en un comunicado en el que recordó que "la petición sobre Cubalex fue recibida por la CIDH el 4 de junio de 2018 y se refiere a represalias iniciadas cuando la organización comenzó a cooperar con mecanismos internacionales de derechos humanos".
"La Comisión tomó nota de detenciones, interrogatorios, restricciones migratorias, campañas de desprestigio, amenazas y vigilancia contra sus integrantes, especialmente tras su participación en espacios como el Examen Periódico Universal, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y audiencias de la CIDH", añadió.
El organismo regional determinó que "las actividades de vigilancia, seguimiento, intervención de comunicaciones y restricciones migratorias contra sus integrantes no estuvieron justificadas por el Estado ni sometidas a control judicial, y que fueron utilizadas para interrumpir la labor de la organización y atemorizar a sus integrantes".
Uno de los hechos centrales de la denuncia fue el allanamiento de la vivienda de Laritza Diversent, que también era la sede de Cubalex, ocurrido el 23 de septiembre de 2016. Durante el operativo, los agentes del régimen ingresaron por la fuerza, confiscaron equipos, documentos, expedientes de trabajo, teléfonos y tarjetas SIM, y sometieron a integrantes de la organización a interrogatorios y registros corporales. La mayor parte del equipo de Cubalex, incluida su directora, se vio forzada a tomar el camino del exilio tras el allanamiento.
La CIDH concluyó que esos actos "constituyeron injerencias arbitrarias en la vida privada, profesional y asociativa de las víctimas".
Respecto a Ferrer Tamayo, la CIDH recibió una petición el 3 de febrero de 2016 por su alegado procesamiento penal indebido y detención arbitraria en represalia por sus labores como defensor de derechos humanos. Estuvo detenido de manera arbitraria hasta 2017 y abandonó el país en 2024.
"Su detención estuvo directamente relacionada con sus actividades de defensa de derechos humanos, fue ilegal y arbitraria, y afectó su integridad personal y salud debido a que el Estado no garantizó condiciones mínimas de detención", concluyó la CIDH sobre su caso.
La Comisión determinó que el Estado cubano es responsable por la violación de los derechos a la vida, la libertad, la seguridad y la integridad, así como a la libertad de opinión, investigación, expresión e investigación, entre otros.
Por tanto, recomendó a La Habana "reparar integralmente las violaciones declaradas; generar condiciones de retorno para quienes se vieron forzados a reconstruir sus proyectos de vida fuera del país, si así lo desean; disponer medidas administrativas, disciplinarias o penales frente a las acciones u omisiones estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad".
También recomendó "adoptar garantías de no repetición, incluyendo el cese de la criminalización de quienes ejercen la libertad de expresión y asociación, así como medidas para que las personas defensoras puedan trabajar y cooperar con mecanismos de derechos humanos sin temor a represalias" y advirtió que continuará evaluando las medidas adoptadas por el Estado "respecto de estas recomendaciones hasta que determine que se han cumplido plenamente".
El ICLEP registra casi un 7% más de vulneraciones de la libertad de expresión y de prensa en Cuba en junio con respecto a mayo
El informe del Observatorio Cubano de Libertad de Expresión (OCLE) del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) correspondiente a junio demuestra que es poco probable que el régimen de Cuba tome en cuenta las recomendaciones de la CIDH.
Durante ese mes, el OCLE documentó "171 violaciones, lo que representa un incremento del 6,9 % respecto a mayo de 2026 (160 casos) y un alza interanual del 11,8 % en comparación con las 153 agresiones documentadas en junio de 2025".
"Estas cifras confirman una tendencia al alza sostenida en el modelo represivo del régimen cubano", subrayó el ICLEP.
El informe recoge 146 casos de violaciones de la libertad de expresión (85,4%) frente a 25 (14,6 %) de la libertad de prensa.
El Instituto atribuyó esa desproporción al "retorno masivo de la protesta ciudadana a las calles a raíz del colapso de los servicios básicos y apagones de más de 20 horas, lo que desplazó el foco represivo hacia la población civil no organizada".
